Los cabildos de las Islas que acogen los cuatro Parques Nacionales de Canarias (La Gomera, Tenerife, Lanzarote y La Palma) esperan que el Gobierno de Canarias transfiera las competencias sobre estos emplazamientos atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional que indica que deben ser las instituciones con responsabilidad en la gestión medioambiental quien se encargue de ellos y no descartan recurrir a la vía judicial.
Así se pronunció este martes el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, quien considera “extraña” la “férrea” posición que mantiene el Gobierno regional al respecto. No obstante, espera que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero atienda a sus razones para no tener que recurrir a los juzgados.
Según Melchior, esta no es una cuestión “compleja” desde el punto de vista jurídico, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional indica que deben ser las instituciones con competencias en gestión medioambiental quienes se encarguen de los Parques Nacionales.
“En España, las instituciones con competencias en gestión medioambiental son las Comunidades Autónomas, y en Canarias los Cabildos”, argumentó Melchior, por lo que considera que su posición responde a las indicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Para el presidente del Cabildo de Tenerife, quien asegura que el resto de Cabildos están en la misma sintonía, no tiene sentido que se generen “fronteras” entre las Corporaciones insulares y la Comunidad Autónoma en la gestión de los Parques, ya que, indicó, estos se encuentran rodeados de territorio competencia de los Cabildos.
Además, asegura que el Gobierno regional “no tiene personal” para la gestión medioambiental de los Parques porque las competencias fueron transferidas. “¿Qué sentido tiene pues, que los gestionen la Comunidad Autónoma?”, se preguntó.
Por último, sostiene que los propios ciudadanos de las islas donde se encuentran los Parques Nacionales se sentirían “dolidos” si estos no se gestionasen adecuadamente.
No obstante, reconoció que en la Proposición No de Ley aprobada recientemente por unanimidad en el Parlamento de Canarias se hizo efectivo el traspaso de competencias que hasta ahora detentaba el Estado y que ahora es responsabilidad del Gobierno regional, se traspasan también los efectivos con los que contaba el Gobierno de España para la gestión de estos parajes protegidos.
