Cuando se cumplen tres años de la actual legislatura, solo cabe hablar de fracaso del Gobierno de Canarias de CC y PP. En unas condiciones muy favorables, en un contexto económico de constante crecimiento, con datos de llegadas y de gasto turístico elevados, disponiendo de una mayoría parlamentaria suficiente y estable, con presupuestos expansivos, con el viento a favor, el Gobierno de las dos derechas ha sido incapaz de tomar decisiones adecuadas para ofrecer soluciones a los grandes problemas de Canarias, como se visualiza en la crisis de la vivienda o en los servicios públicos. Además de empeñarse en seguir transitando por la senda del desarrollismo sin límites, mientras se mantienen los peores salarios y elevados datos de pobreza.
Sus inicios ya anunciaron cómo iban a gobernar y, de forma nítida, a favor de quiénes. Tanto Coalición Canaria como Partido Popular afrontaron las elecciones con la promesa de la bajada del IGIC como gran banderín. En Nueva Canarias-Bloque Canarista nunca compartimos esa medida, por sus graves consecuencias para la financiación de los servicios públicos y para el conjunto de actuaciones del Ejecutivo. CC y PP, sí, y en la práctica ha sido un escandaloso engaño.
Sin embargo, sí fueron ágiles, su primera decisión, con carácter urgente, para aprobar el Decreto Ley 5/2023, por el que se modifica las bonificaciones en la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente eliminándolo. Canarias pierde así unos 180 millones de euros de recaudación en la legislatura, dinero que se ahorra el 0,3% de los contribuyentes.
Paralelamente, el Gobierno de Clavijo incrementó un 35% el número de cargos de confianza y asesores, pasando de los 108 del anterior Ejecutivo a un total de 146.
Crisis sanitaria y olvido educativo
La sanidad canaria atraviesa una relevante crisis. Con una prolongada huelga de los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) que ha supuesto la suspensión de más de 50.000 consultas, así como el aplazamiento de miles de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. También con el colapso de las urgencias hospitalarias en distintos centros del Archipiélago, el deterioro de la atención primaria y los retrasos de más de 10 días para obtener una cita con el médico de familia. Además de los problemas del transporte sanitario o aquellos que afectan al personal de Hemodonación y Hemoterapia, en medio de una gestión penosa que ha llevado a que se produzcan mínimos históricos en la captación de sangre, afectando a la actividad.
Mientras el gobierno niega que exista crisis alguna, y hasta se permite frivolidades sobre la asistencia en centros de salud, como hizo el presidente en una intervención en sede parlamentaria, la primera oleada del año del Barómetro Sanitario, en un sondeo realizado en el pasado mes de marzo, confirma el malestar ciudadano con la sanidad canaria, respecto a elementos como acceso al sistema o la demora en ser atendidos, quedando a la cola de las comunidades autónomas. Los canarios puntúan la sanidad con un 5,8 sobre 10, la nota más baja en 10 años en la comunidad y la segunda más baja del Estado español. Pese a contar con más recursos económicos que nunca, la mala gestión del Gobierno lastra los resultados de la sanidad canaria.
En el otro gran servicio público, la educación, continuamos con una baja oferta pública de la educación infantil 0-3 años, con dificultades en la Formación Profesional y en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Con un crecimiento importante del abandono escolar temprano. Incumpliendo, asimismo, con el deber legislativo de avanzar hacia el 5% del PIB en inversión educativa, algo que se agudizará en los Presupuestos para 2027. Además de una infrafinanciación de las universidades públicas, apostando por un modelo iliberal que trata de beneficiar a las privadas, como hace Ayuso en Madrid.
Sin casa, sin futuro
La vivienda es otro de los éxitos del Gobierno. Con una absoluta falta de actuación ante uno de los problemas sociales más graves y que más demandas ciudadanas concita. La realidad de las enormes dificultades de acceso a una vivienda, en régimen de compra o alquiler, para la mayoría de la población, con precios por encima del resto de España, siendo un elemento sustancial en el empobrecimiento de personas con trabajo, no ha merecido tomar decisiones razonables, justas y eficaces por parte del Ejecutivo de Clavijo. Mientras crece la demanda de familias y jóvenes y continúa existiendo un elevado número de viviendas vacías.
Con una mala aplicación de la ley de la dependencia, acumulando más de 2.200 fallecidos en 2025 mientras esperaban una prestación. Incapaces, además, de desarrollar plenamente un instrumento propio, incluido en nuestro Estatuto y que puso en marcha el anterior Gobierno, la Renta Canaria de Ciudadanía, al no haber aprobado este Ejecutivo los complementos de vivienda o educación que permite para afrontar situaciones de gran vulnerabilidad. Y, respecto al Instituto Canario de Igualdad, recortan sus partidas y permiten que su dirección sea hereditaria, como han denunciado los colectivos feministas.
Territorio y un cuarto de ambiente
No es mayor la preocupación gubernamental por el territorio y el medio ambiente. Alentando nuevos macroproyectos turísticos, negándose a poner límites al crecimiento de nuevas plazas, al establecimiento de una moratoria y a la implantación de una ecotasa a quienes nos visitan. Aceptando, por tanto, los elementos más negativos que lleva el modelo de crecimiento económico, poco o nada sostenible, como los bajos salarios, el crecimiento poblacional, las mayores dificultades para acceder a una vivienda o los problemas, como vemos estos días, de salubridad de algunas playas, especialmente en Tenerife, donde se siguen produciendo vertidos incontrolados al mar de aguas residuales.
Todo esto sucede con los Presupuestos de la Comunidad Canaria más elevados de su historia. Eso sí, muy mal ejecutados. En lo que ha transcurrido de la actual legislatura, en estos tres años que ha gestionado y liquidado los presupuestos de la Comunidad Canaria el Gobierno de CC y PP, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastado del dinero presupuestado. Efectivamente, no han sido capaces de gastar 1.090 millones de euros en el año 2023, de 1.289 millones en 2024 y de 1.051 millones en 2025. Les sobra el dinero a espuertas, como si no hubiera problemas que resolver en Canarias.
Además, los reiterados incumplimientos de la regla de gasto obligan al Ejecutivo canario de las dos derechas a implementar Planes de Ajuste que supondrán una reducción del gasto público de 1.011 millones entre 2026 y 2027, recortes que afectarán a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos. Un verdadero desastre de enormes consecuencias económicas y sociales a causa de una mala planificación y una peor gestión.
Nos queda menos de un año de la actual legislatura y las esperanzas de cambio en la actitud del Gobierno son muy escasas. Con toda seguridad, continuará mal gestionando los dineros públicos, mal dirigiendo la sanidad y la educación, apostando por un desarrollismo sin límites y sin actuar ante la grave situación de acceso a la vivienda para decenas de miles de canarias y canarios. Eso sí, son campeones en perdonar la devolución de ayudas no justificadas a los amigos del gobierno, en enchufismo, en manipulación y en uso partidista de la radiotelevisión pública.
Y, asimismo, este Gobierno conservador seguirá incumpliendo con sus responsabilidades y con el papel del autogobierno y responsabilizando al Estado o a la Unión Europea de su propia ineficacia. Canarias habrá perdido cuatro años para avanzar económica y socialmente, para superar sus graves desigualdades y para apuntar a una sociedad más equilibrada, sostenible y justa. La que se merece esta tierra y su gente.