Gobierno Clavijo, un suspenso en gestión

Una de las características del Gobierno de Clavijo consiste en su permanente empeño en situar fuera de Canarias las soluciones a todos los problemas. O, para ser más precisos, en responsabilizar siempre a terceros, sea el Estado o la Unión Europea, de todo lo que sucede en Canarias -en sanidad, educación o vivienda- como si careciéramos de autogobierno. La otra particularidad destacada es que su gestión de los dineros públicos merece un rotundo suspenso. Por la elevada inejecución presupuestaria, la grave devolución de fondos europeos o el reiterado incumplimiento de la regla de gasto. Con consecuencias que ya se sufren y otras que se prolongarán en los próximos ejercicios presupuestarios. Incidiendo en una importante pérdida de recursos para la Comunidad Canaria.

En un delicado momento para la política en todo el mundo, con el ascenso de la ultraderecha y de sus propuestas que apuntan a la reducción de los derechos democráticos y a la liquidación del Estado social, resulta imprescindible dirigir con limpieza y transparencia las administraciones públicas; y, al mismo tiempo, hacerlo con la máxima eficiencia, con buen gobierno, resolviendo los problemas que más afectan a la gente. Y Canarias, lamentablemente, se ha convertido en un paradigma de todo lo contrario.

En los tres años en los que el ejecutivo de Clavijo ha (mal) planificado y gestionado y liquidado los Presupuestos de Canarias, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastados del dinero previamente presupuestado. En efecto, no han sido capaces de gastar 1.090 millones en 2023; 1.289 millones en 2024; y 1.051 en 2025. Especialmente en materia de inversiones, claves para dinamizar la economía, modernizar infraestructuras y crear empleo.

Además, ya en 2024 el Gobierno canario incumplió con la regla de gasto según confirma el Ministerio de Hacienda, con un incremento del 7,6% del gasto no financiero sobre el inicial, cuando el aumento del gasto computable autorizado era del 2,6%, por lo que tuvo que presentar un Plan de Ajuste por importe de 445 millones a aplicar este año 2026.

El incumplimiento se repitió también en el año 2025, con un aumento del gasto computable del 9,1% frente al 3,2% autorizado. Así, en el primer Informe sobre el Cumplimiento de las Reglas Fiscales del ejercicio 2025, publicado por el Ministerio el pasado junio, recoge que Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor aumento del gasto computable y está muy por encima de la media de las comunidades (5,6%). En consecuencia, el Gobierno canario debe presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) otro Plan de ajuste, esta vez de 566,2 millones, a aplicar en los presupuestos de 2026 y de 2027, para compensar el exceso de gasto computable en 2025. Este nuevo Plan de ajuste se suma al ya presentado, y aún no aprobado por el CPFF, por 445 millones que hay que aplicar este año 2026 por incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

1.011 millones menos de gasto público

Esto supone que el Ejecutivo canario de las dos derechas deberá hacer una reducción del gasto público de 1.011 millones entre 2026 y 2027, que afectará a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos. Un verdadero desastre de enormes consecuencias económicas y sociales a causa de una mala planificación y una peor gestión.

Antes de continuar, un pequeño paréntesis. La regla de gasto no es una imposición del malvado Sánchez, como intentan vender CC y PP. Está concebida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012, una Ley impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, siendo ponente de esta en el Congreso de los Diputados la actual consejera de Hacienda del Gobierno canario. El entonces diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se opuso a su aprobación. La regla de gasto, y el conjunto de reglas fiscales, fueron suspendidas, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, en el periodo 2020-2023, para hacer frente a los efectos de la pandemia de la Covid 19 y de la guerra de Ucrania, y recuperadas en 2024.

Cabe preguntarse cómo se explica que el Gobierno canario de CC y PP deje de ejecutar una media de 1.143 millones anuales y al mismo tiempo incumpla la regla de gasto en el año 2024 y también en el año 2025.

En ese sentido, no es cierto, como a menudo señala el Gobierno CC-PP, que no se ejecute más el Presupuesto porque lo impide la regla de gasto. Por un lado, hay que destacar que en 2023 no había regla de gasto (ni el resto de las reglas fiscales, al estar suspendidas) y dejaron sin ejecutar 1.090 millones de euros. Por otro, y es el meollo del asunto, si bien el Presupuesto inicial de 2024 y 2025 se hizo, supuestamente, cumpliendo con la regla de gasto, es decir, con la tasa autorizada de aumento del “gasto computable”, como se explica en el Informe Financiero de ambas Leyes presupuestarias. La realidad es que, al final, con los créditos incorporados se incumple de forma flagrante la regla de gasto.

Mucho gasto corriente, pocas inversiones

Hay un dato muy relevante para entender la situación creada: la mayor parte del gasto que se está ejecutando es gasto corriente (personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes), y este es casi todo “gasto computable” . Y esa es la razón principal por la que se supera la tasa autorizada por la regla de gasto. Por ponerlo en cifras, en el año 2024 el gasto ejecutado, en términos de Obligaciones Reconocidas Netas (ORN), fue 11.352,2 millones de euros. Pues bien, el 88,6% fue gasto corriente (10.058,9 millones) y el gasto en operaciones de capital (inversiones) fue solo del 11,4% (1.293,3 millones). Este año de 2024 se dejaron sin realizar nada menos que 1.026 millones del presupuesto para inversiones. Algo similar sucede en 2025.

AÑO 2025
	Presupuesto Inicial	Modificaciones Crédito	Presupuesto Definitivo	Ejecución ORN	Inejecución
Operaciones Corrientes	9.765,7	1.152,0	10.917,7	10.634,8	282,9
Operaciones de Capital	1.912,5	365,8	2.278,3	1.510,2	768,1
Total GNF*	11.678,2	1.517,8	13.196,0	12.145,0	1.051,0

En millones de euros

* Total Gasto No Financiero (capítulos I al VII)

Claro que se puede gastar más (y, por tanto, ejecutar, mejor el Presupuesto que se aprueba anualmente en el Parlamento canario) sin incumplir la regla de gasto. Eso pasa por gastar mucho más en inversiones (los capítulos 6 y 7 de las cuentas públicas) y contener el gasto en operaciones corrientes, que está disparado en los últimos años.

Esos datos, que apuntan a una mala gestión, han sido confirmados por los respectivos informes del Ministerio de Hacienda, por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y, más recientemente por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Los distintos estudios destacan el incumplimiento de la regla de gasto, el empeoramiento en la ejecución de las inversiones y, asimismo, la grave situación de los fondos europeos.

Fondos europeos devueltos

Respecto a estos últimos, como hemos venido denunciando, la gestión es muy negativa. Estos fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se dirigen, especialmente a la transición ecológica y digital. Y la mala dirección llevada a cabo por el Gobierno Clavijo ya ha obligado a reembolsar 55 millones en 2025; y otros 150 más seguirán el mismo camino este año ante la imposibilidad de gastarlos y justificarlos antes del 31 de agosto. Calculamos que de los más de 1.700 millones de euros asignados a Canarias se devolverán a Europa unos 500 millones (28,95%), es decir, casi uno de cada tres.

En definitiva, cuando estamos inmersos en el último año de este Gobierno, se visualiza perfectamente como, teniendo competencias y recursos, mal gestiona una comunidad con bajos salarios, elevada pobreza y desigualdad, así como dificultades en vivienda, sanidad, educación o políticas sociales. Condicionando no solo el presente, sino hipotecando también los futuros ejercicios presupuestarios, lo que llevará a importantes recortes que afectarán a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, a sus servicios públicos y a sus empresas.