En Papagayo, el Ayuntamiento de Yaiza se sienta en la contradicción perfecta: dice proteger un Monumento Natural mientras cuenta monedas a la entrada. Tres euros por coche de no residente. A más coches, más ingresos. Y así, la preservación se convierte en negocio.
En solo seis meses de 2025 han entrado 58.148 vehículos, 174.444 euros a la hucha… y miles de ruedas sobre un entorno frágil. El año pasado, 103.941 coches y más de 311.000 euros. ¿Plan de conservación? Brilla por su ausencia. El cálculo es sencillo: si la tendencia continúa, este año se batirá el récord histórico de presión humana y mecánica sobre la joya natural del sur de Lanzarote.
La tasa se creó hace 25 años para regular el acceso y reducir el impacto ambiental. Hoy, esa lógica se ha invertido: el aumento de vehículos es una buena noticia para la recaudación, aunque sea una pésima noticia para la naturaleza. La política de acceso se ha convertido en una máquina de hacer caja con la excusa de la protección ambiental, pero sin un compromiso real con ella.
Para colmo, en pleno verano, la baja médica de un empleado dejó la barrera abierta durante días: sin control, sin límite, sin vergüenza. Un Monumento Natural a merced de la improvisación y el desinterés. Lo que debería ser un filtro para proteger el entorno se convierte en una puerta giratoria al servicio del turismo masivo.
Mientras tanto, la biodiversidad sufre. El incremento del tráfico provoca erosión en los senderos, compactación del suelo, estrés en la fauna y acumulación de residuos. Y como si no bastara, la acampada se tolera con la connivencia institucional, permitiendo que se ocupen zonas que deberían estar libres de impacto humano prolongado. Los Ajaches no necesitan más coches ni más tiendas de campaña; necesitan más silencio, más respeto y menos humo.
A la vista del nivel de la clase política local, quizá la única solución real sería que durante cinco años una gestora externa asumiera el control de estos espacios, limitándose a cumplir de forma estricta la normativa ambiental y de uso público. Y, por extensión, que gestionara toda la isla: porque aquí hay tantos intereses codiciosos entrelazados que resulta imposible atisbar un rayo de esperanza en alguna opción política. Cuando quienes gobiernan confunden proteger con explotar, lo que se pierde no es solo la confianza ciudadana: se pierde el propio patrimonio natural que nos da identidad y futuro.
Ya no sale a cuenta echar la culpa al godo, al guiri ni a Las Palmas que “nos roba”. Llevamos años robándonos a nosotros mismos y proyectando la culpa hacia afuera, porque una característica más de nuestro pueblo es la falta de autocrítica. Y a peor la mejoría, como dice mi madre.