miércoles 26/1/22

Teguise, un Ayuntamiento bajo sospecha

Los políticos insulares no dejan de sorprendernos día a día.

Cuando parecía que ya habíamos alcanzado el colmo del disparate, en Teguise salta la liebre con un, presunto, escándalo urbanístico casi sin precedentes.

No voy a cuestionar en ningún caso la actuación del empresario o promotor del desaguisado, ni tengo porque ni soy quien para hacerlo. Allá él, o ellos, con sus responsabilidades o derivaciones legales a las que tenga que someterse en caso de que su actuación constituya algún tipo de delito.

Pero independientemente de que se puedan derivar responsabilidades legales de la comisión de un, supuesto o presunto, delito urbanístico, lo que está claro es que la actuación política si es algo que clama al cielo del universo insular.

Hace ya un par de meses, concretamente el día 22 de octubre del pasado año, Lanzarote en Pie presento ante varios organismos oficiales, el Seprona de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria estatal y la Consejería de turismo del Gobierno de Canarias, una denuncia sobre la construcción y explotación de un complejo turístico vacacional en el pueblo de Tahiche.

Las ilegalidades que, según LEP, se estaban cometiendo en ese complejo daban para rellenar un decálogo de lo que no se debería construir en una parcela no apta para tal edificación. Ni licencia de obra municipal, ni licencia de explotación turística, ni nada que se pueda parecer a algo que roce algún tipo de legalidad.

Según la denuncia de LEP, la obra no se podía llevar a cabo puesto que las normas urbanística que rigen en el municipio de Teguise, lo legalmente estipulado en el Plan General, no contempla de ninguna manera un complejo turístico semejante.

Pues bien, para nuestra sorpresa, dos meses y pico después, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Teguise declara, sin ruborizarse en absoluto, que, a preguntas del periodista de turno, no tiene ni idea si la mencionada obra tiene licencia de construcción o no. Ya lo decía Trillo, manda huevos.

Esto no dejaría de ser grave que, a estas alturas de la película, la máxima responsable del urbanismo local todavía no sepa, con lo fácil que es, si una obra es legal o no, si no fuera porque cuando se interpuso la denuncia la misma concejal ya apuntaba maneras. En una entrevista radiofónica, la ínclita manifestó que habría que ver si la obra era legalizable, encajaba en el Plan General o, a lo mejor, estaba prescrita.

Después de estas declaraciones, se dan dos posibilidades, que efectivamente no sepa la realidad de su legalidad o que lo sepa y no se atreva a actuar por razones ocultas.

La primera es preocupante, que la principal responsable del urbanismo no se entere. Y la segunda es inquietante, que teniendo conocimiento de su ilegalidad no se atreva a actuar contra el/los promotores de la obra.

En cualquier caso, en una política que se postula como alcaldable, si ese es su grado de implicación con la ilegalidad urbanística que se da en su municipio, mal nos va a los ciudadanos si es elegida alcaldesa.

Y ahora viene el porqué de mi encabezamiento.

En este cuasi culebrón venezolano, con todo mi respeto a los ciudadanos de esa nacionalidad, hay dos actores fundamentales para el desarrollo de esta trama.

Uno es el alcalde Don Oswaldo Betancort, máximo responsable, a fin de cuentas, de lo que pasa en el municipio.

Y el otro actor, la oposición en el Consistorio, que ni esta ni se les espera.

El primero ya tenía que haberle puesto colorada a su concejala ante esta manifiesta ignorancia sobre el urbanismo local. Esta muy bien despotricar de los socialista en el parlamento canario, pero no estaría de más que también se preocupara de lo que pasa en los límites del territorio que gobierna.

¿Y de la oposición qué? ¿Alguien ha oído a este azote municipal llamado Marcos Bergaz reclamar algo sobre este asunto? ¿O el PP se ha pronunciado sobre esta cuestión? ¿Acaso Podemos ha reclamado algún tipo de documentación y no nos hemos enterado de sus gestiones? NI uno, ni otro ni el de mas allá,  a pesar de ser conocedores de la tremenda, presunta, ilegalidad que se esta cometiendo en el suelo municipal.

Al final, todos y cada uno demuestran que los intereses de los vecinos, que son los que han denunciado el caso, les importa un carajo.

¿Cómo acabara esto? Pues lo intuyo, los promotores de la obra legalizando  el disparate y los políticos haciendo mutis por el forro.

Eso sí, si a algún vecino se le ocurre cerrar una pérgola para ganar dos metros cuadrados a su vivienda, que no se preocupe, que les llegara una orden de precinto de la misma acompañada de una sanción por exceso de edificabilidad.

Y ahora que, tanto el alcalde, como la concejala y los opositores que despotriquen o callen para siempre.

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