Mucho se comenta sobre la “supuesta” igualdad que tenemos todos los canarios en lo que respecta a nuestros derechos y obligaciones.
Los diferentes partidos de corte nacionalista y los que se consideran nacionales, pregonan a los cuatro vientos que los canarios, residamos en la isla que residamos, somos iguales a todos los efectos.
Pero la cruda realidad es que, en función de nuestro lugar de residencia, las diferencias entre los ciudadanos llegan a ser, en muchos aspectos, indecentes por no decir algo más grueso.
Vivir en Lanzarote, dejando de lado las excelencias que nuestra isla tiene en lo que calidad de vida, paisajes, tranquilidad, etc., no deja de ser un autentico tormento en cosas tan importantes como todo lo relacionado con la salud, la educación, la cultura, la vivienda.
En los años que llevamos de democracia plena en España, las discriminaciones que hemos sufrido los residentes de las, mal llamadas, islas menores no solo no han disminuido con el paso de los años, sino que su aumento ha sido proporcional a la incompetencia de los que nos han gobernado, elección tras elección.
Da igual quien gobierne, CC con PSOE, CC con PP, PSOE con NC, Podemos, la ASG o el sumsun corda. Todos, a lo largo de los años y por diferentes razones, han intentado y en muchos casos conseguido, que la calidad de vida de los residentes en Lanzarote sea deprimentemente peor que los que tienen la fortuna de vivir en Gran Canaria o Tenerife.
¿La razón de esta realidad? Muy simple, impedir que todos seamos iguales por motivaciones exclusivamente económicas, aderezado por una clase política nefasta, interesada, clasista e incompetente.
Podría llegar a entender, aunque no lo entienda, que los partidos denominados nacionales, como si los demás no lo fueran, hagan caso a las directrices que desde sus direcciones nacionales les llegan y que no son otras que anteponer el beneficio de la colectividad nacional por encima de los intereses que los residentes canarios podamos tener, es la orden que los sumisos diputados acatan bajo la amenaza de no salir en la siguiente foto electoral.
Pero que esta directriz, que proviene de alguien de la metrópoli, sea el modus operandi de los partidos nacionalistas canarios es lo que no es razonable, ni entendible, ni sostenible.
En un nacionalismo bien entendido no debería ser discutible esta igualdad, ya que no hay ninguna razón que pueda justificar que, por razón de residencia, haya ciudadanos que puedan tener más privilegios que otros.
El problema de partidos como Coalición Canaria y Nueva Canarias es que lo que pregonan y promueven en sus discursos electorales para conseguir el voto de los ciudadanos canarios en las elecciones generales, que no es otra cosa que vender la necesidad de tener una presencia importante en el Parlamento nacional para conseguir avances a todos los niveles para nuestra comunidad, dista y mucho de las políticas que, desde el Gobierno de Canarias, se aplican en ámbito autonómico.
Siempre he sostenido que si hay una comunidad autónoma que, vista la forma de gobernar que tenemos en España, necesita un partido nacionalista fuerte, con mucha presencia, que sea capaz de presionar al gobierno central a llevar a cabo políticas e inversiones que beneficien a los ciudadanos residentes en las islas, esta es la Comunidad Autónoma Canaria.
La prueba más evidente de que esta realidad política es la más efectiva, la tenemos en comunidades donde el nacionalismo es la fuerza más votada, el País Vasco y Cataluña.
Si el problema de migración lo tuvieran los vascos o los catalanes, su realidad seria sustancialmente diferente, ya que al gobierno central ni se le pasaría por la cabeza no solucionar ese gravísimo problema que si sufrimos los canarios. La fuerza de los votos nacionalistas en el Congreso hace que este tipo de situaciones no se den.
Es triste que tengamos que condicionar la gobernabilidad del país a cambio de que, por el apoyo que estos partidos, la situación de esas comunidades autónomas sea la que es en la actualidad.
Pero esa es la situación y por eso, ante el pasotismo que PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos muestran con Canarias, es urgente un partido que nos defienda con la misma efectividad que el PNV hace en Euskadi y ER en Cataluña.
¿Es Coalición Canaria o Nueva Canarias el partido que recoge esa necesidad? Visto lo visto está claro que no.
En Lanzarote es fundamental que, ante los problemas de movilidad por ser una isla, exista una delegación del Gobierno de Canarias con la capacidad suficiente para solucionar los problemas que, en muchos asuntos importantes, tenemos los residentes en esta Isla. Necesitamos una delegación ejecutiva, con capacidad y medios para tramitar y resolver todos los trámites sin tener que padecer la desidia, la saturación y la inoperancia de los funcionarios que trabajan desde Tenerife y Gran Canaria.
Una delegación plenamente operativa facilita los tramites a los ciudadanos, soluciona in situ cualquier problema que surja y además y esto no es un tema menor, crea empleo para los residentes.
Lo único que, a lo largo de los años, han puesto en marcha los diferentes partidos que han gobernado la Comunidad Autónoma, han sido una oficinas de mensajería, cuya única función es la de recoger y remitir la documentación a las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias.
Su función solamente es la de tramitar, no la de resolver, ya que para esto último, son oficinas absolutamente incapaces por carecer de la operativa y la funcionalidad necesaria para eso.
Y lo que ha puesto de manifiesto la pandemia, no ha sido otra cosa que aumentar las dificultades que los lanzaroteños tenemos para solucionar nuestros asuntos en tiempo y forma. Cualquier trámite, o se encuentra con el colapso administrativo de la consejería a la que se dirige, ya que todas las islas remiten sus documentos a la misma oficina, o con la saturación telefónica de los números que ponen a nuestra disposición que consiguen, después de cincuenta llamadas infructuosas, nos desesperemos y no lleguemos a solucionar nada, a la espera de que el tramite se resuelva con el tiempo.
Todo esto daría para mucho más si entramos en profundidad, pero creo que, para generar una inquietud entre los lanzaroteños, ya es suficiente.
Obligaciones para todos, pero derechos con más razón todavía.