domingo 26/9/21

Informe impresentable

Ha causado conmoción, y lo digo en pasado porque todo se olvida rápido, un llamado “Centros de atención residencial para personas mayores en Canarias Informe resultado de visitas realizadas de febrero a diciembre de 2019”, emanado de la Diputación del Común del Parlamento de Canarias, firmado por María Milagros Fuentes González, Adjunta de protección de los derechos de las personas mayores; Nieves Rosa Pérez Carballo, Trabajadora Social de la Diputación del Común y Juan Jesús Pérez Pérez Administrativo de la Diputación del Común, en octubre de 2020 y publicado, con muy poco respeto, propio y ajeno, en agosto de 2021.

Un informe impresentable, porque no es lícito presentar informes de investigaciones sin completar y dos años después de las fechas del trabajo de campo.

No dejaré de reconocer el merecido prestigio profesional de María Milagros Fuentes González, pero en su especialidad del derecho. Un prestigio, sin embargo, que  no justifica un Informe redactado con escaso rigor ni una investigación diseñada y ejecutada sin el menor sentido metodológico. Eso sí, redactado con estilo academicista y plagado de textos y referencias legales que no hacen sino enredar el asunto y dificultar la comprensión. Un informe diletante, que parece construido para demostrar erudición, más que para reflejar el estado de las residencias, que es lo que importa.

Téngase en cuenta que se trata de un colectivo de especial sensibilidad social, vulnerable y necesitado de defensa, como es el de la gente mayor y dependiente, en especial las personas que se encuentran en residencias públicas y privadas.

Por ello se precisa una atención escrupulosa, por parte de la administración y un cuidadoso control por la Diputación del Común, que tiene asignada una función de supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas, pudiendo incluso actuar de oficio. Eso no es un mero ejercicio banal. Es una investigación sobre un asunto de importancia, sobre el que la población siente mucha preocupación.

Por eso, yo denuncio que la Diputación del Común ha incurrido en una dejación de sus funciones rayando incluso la denegación de auxilio, porque, teniendo conocimiento de problemas graves en determinadas residencias de mayores, que ponían en peligro el bienestar y la salud física y emocional de las personas residentes, abortó la investigación con motivo de la pandemia.

¿Interrumpió la policía por la pandemia alguna investigación de un posible delito grave? ¿No justificaba continuar la investigación, haber detectado que aparecían ratas, chinches, sarna, hacinamiento, en las residencias de mayores en Canarias?

Como el enrevesado texto del Informe Extraordinario hace difícil su lectura y comprensión y complica el análisis, voy a presentar de manera esquemática mis comentarios.

  • En el apartado “Metodología del trabajo” aparecen mezclados aspectos de la disposición del propio Informe, enredados con lo relativo al enfoque del Trabajo de Campo, que se supone debería ser el exclusivo contenido del apartado y, para mayor confusión, con prolongados textos de carácter teórico que nada tienen que ver con la exposición de metodología de trabajo.
  • Desbrozado el texto, se observa que se opta por un procedimiento de muestreo aleatorio, pero que carece del requisito imprescindible de la definición del método de selección de la muestra, que se deja a discreción del npersonal investigador, con esta curiosa descripción “con el mero criterio de asistir a centros de distintas islas, de diferentes números de plazas para así mantener proporción y equidad”. Dicho en cristiano, a ojo, y el que mejor cuadre.
  • A lo largo del informe se aprecia falta de concreción sobre las unidades de investigación, que al final no se conoce si son las residencias, las personas residentes o el personal.
  • La investigación y, por ende, el impresentable Informe Extraordinario, no contemplan algo tan elemental como la segregación entre residencias públicas, concertada y privadas, No creo que haya que extenderse mucho en la prueba que ello significa de desconocimiento de la realidad en las residencias de mayores.
  • Ante un problema de tanta gravedad como es el de la situación en las residencias de mayores, optar por un procedimiento de muestreo luce poco conveniente. En todo caso, en el mismo momento en que se detectaron problemas muy graves en algunas residencias, ratas, chinches, sarna, suciedad, hacinamiento, personas drogadas o amarradas o privadas de beber para que no orinaran, la Diputación del Común debió obligar al personal investigador a reiniciar la investigación con un carácter censal, visitando todas y cada una de las residencias, en el menos plazo posible.
  • El propio Informe reconoce que la investigación se abortó por la irrupción de la pandemia. Esta circunstancia hace que el informe sea impresentable. Es una autentica falta de rigor emitir y presentar un informe sobre una investigación inconclusa. Demuestra no tener ni idea de lo que significa un muestreo aleatorio.
  • Pero la misma interrupción de la investigación por la pandemia hace que la Diputación del Común haya incurrido en una deserción grave de sus funciones y en una evidente dejación de auxilio a las personas mayores. Si en el momento de la aparición de la pandemia ya se conocían deficiencias muy graves en algunas de las residencias, se imponía que la Diputación del Común continuara y redoblara los esfuerzos para seguir detectando situaciones de riesgos, potenciadas por la misma pandemia. El personal investigador se retiró, pero las ratas, chinches, sarna y suciedad, se mantuvieron, allá donde estaban. Que no es posible saber si fue en muchas o en pocas residencias.
  • El informe demuestra que la Diputación del Común ignora o desprecia el carácter ejecutivo de su función investigadora, En dos de los casos, reconoce que la gerencia se negó a aceptar la investigación, sin que se tomaran las medidas adecuadas, Es lícito conjeturar que la negativa a someterse a la inspección abre justificadas sospechas sobre la existencia de anomalías graves. En ese caso, la Diputación del Común debió arbitrar las medidas adecuadas para someter a la resistencia en el mismo momento. Es obvio que la Diputación del Común tenía que  solicitar inmediatamente la asistencia de los tribunales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Aterra pensar en los motivos ocultos para que las respectivas gerencias se negaran a ser visitadas.
  • En el mismo sentido, es inexplicable la pasividad de la Diputación del Común ante la ausencia supina de colaboración por parte de la Viceconsejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias que se niega a responder por dos veces a las peticiones. La Diputación del Común no puede ni debe tolerar esta actitud por parte del Ejecutivo.
  • Si la Diputación del Común carece de los resortes para obligar a aceptar sus investigaciones, la legislación está mal concebida. 
  • A pesar de que el informe dice textualmente; “Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones. Apelamos, a la responsabilidad social de trabajar por un mínimo de bienestar de las personas mayores.”, tanta conmoción no impidió a las personas que desarrollaban la investigación interrumpir tranquilamente el trabajo de campo, abandonando a su suerte a las personas que sufrían la falta de higiene y salubridad, sin seguir investigando si esa calamidad se reproducía en otros centros y aguardando varias meses para denunciarlo en ese impresentable informe y dos años en dar a conocer el desastre. Un peculiar concepto de la responsabilidad por el bienestar de estas personas mayores. Una conmoción muy poco conmovedora.
  • Es preciso insistir en que la llegada de la pandemia obligaba a continuar con la investigación, ampliando su carácter a censal. El riesgo era muy fuerte. Y las condiciones de confinamiento y requerimientos de seguridad contemplaban la posibilidad. Incluso la obligación de este tipo de actividad.
  • El informe peca de injusticia, al generalizar los fallos y anomalías. Si se detectan ratas, cucarachas, sarna, hacinamiento, deficiencias graves en las instalaciones en algunas residencias, no puede afirmarse genéricamente que eso ocurre “en las residencias de mayores de Canarias”, dando paso a la aparición de titulares sensacionalistas engañosos en medios canarios y españoles. El deber investigador requiere la identificación de las residencias culpables, precisando si se trata de públicas, concertadas o privadas. Es justo que las familias de las personas que sufren malas condiciones lo sepan, para que actúen en su defensa. Y es justo también que las familias de personas en residencias en buen estado, tengan también la tranquilidad de saberlo.
  • La Viceconsejería de Derechos Sociales ha cuestionado la profesionalidad de este informe impresentable. Y yo coincido con ese criterio. Sin embargo tal hecho no exime a la Consejería, la Viceconsejería y la Dirección General de Dependencia de sus responsabilidades. Lo cierto, la verdad objetiva, es que la Dirección General de Dependencia no se ha preocupado de la situación en las Residencias. Ahora, con la pandemia, si que ha desplegado ardoroso rigor en el cumplimiento exagerado de las medidas de precaución. Incluso en tiempos del confinamiento general, en las normas se asumía la conveniencia de que las personas mayores pudieran salir unas horas. Pero eso no se cumplió de ninguna manera para las personas usuarias de las residencias. Incluso cuando se aliviaron las medidas, estas personas continuaron privadas de libertad e incomunicadas, porque incluso se prohibieron primero y se restringieron después las visitas. Este rigor cruel y exagerado no ha obedecido a una preocupación por la salud de las y los mayores. Lo único que ha motivado a la Dirección General de Dependencia es el temor a que aparecieran brotes o falleciera gente en las Residencias.
  • Todo indica que la buena o mala atención a las personas mayores en las Residencias es una cuestión de suerte. Si la gente responsable en el Cabildo o Ayuntamiento de que depende, si es pública, o la empresa, si es privada, y el personal que presta sus servicios, cumplen con su deber ético, entonces el bienestar se asegura. O al contrario. Pero es claro que el bienestar no se consigue por una actuación política sistemática. La Dirección General de Dependencia está ocupada en otros menesteres.

Como conclusión de este comentario crítico es preciso repetir que la situación en la residencias de mayores de Canarias exige más cuidadosa atención, un asunto que no puede ser despachado con una investigación poco escrupulosa, inconclusa y, desde luego, mal planteada. La Diputación del Común está obligada a realizar un estudio censal, con instrumentos de recolección de información estructurados y medidos previamente, que vuelque los datos en las correspondientes tablas y culmine en un Informe a muy corto plazo, de todas las circunstancias favorables y desfavorables que se detecten en cada una de las residencias.

Informe extraordinario sobre centros de atención residencial para personas mayores en Canarias

Yo no tengo la menor duda de la capacidad profesional en materia de derecho de María Milagros Fuentes. Pero conviene y es incluso obligado, que la Diputación del Común confíe las investigaciones a personal profesional más adecuado a ese menester. Contra su opinión corporativa, las y los profesionales del derecho no sirven para todo.

Informe impresentable
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