Estamos oyendo en estos momentos continuamente el término lawfare. Por ello, me parece pertinente profundizar en este concepto. Para saber en concreto de qué estamos hablando.
El título del artículo es el del título del libro, Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal, cuyos autores son Eugenio Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual, 2020.
Ni que decir tiene que es de plena actualidad en América Latina y también en España, por su puesta en práctica contra el partido político de Podemos, los independentistas catalanes, Mónica Oltra y el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Este escrito tiene las siguientes partes. 1ª) El prólogo del libro escrito por Lula da Silva, que como es conocido fue sometido al procedimiento de lawfare, que explica perfectamente como fue tratado por a justicia brasileña, aunque también contextualiza este fenómeno de lawfare, ya que se da en América Latina y en buena parte de países del mundo. 2ª) Explicaré con más detalles todas las vicisitudes a las que fue sometido Lula. 3ª) Me fijaré en el caso de España.
1ª Prólogo de Lula al libro ¡Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal
“Los autores, tres reconocidos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir de la escritura de un “Manual de Pasos Básicos para demoler el derecho penal”, lograron analizar en profundidad un fenómeno que, pese a ser mundial, ha venido desarrollándose sistemáticamente y con una frecuencia indeseable en América Latina: el uso del Poder Judicial, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley penal, para interferir en la política. Se trata del lawfare, una guerra jurídica con fines ilegítimos, tal como mis abogados lo plantearon en 2016. Las elites de nuestra región y los defensores de los intereses del capital financiero internacional, que llevan décadas combatiendo las políticas sociales diseñadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, lo que han hecho es promover la corrupción a la categoría de “mal cósmico”, señalándola como el origen y la causa de todos los males. Por supuesto que nadie aprueba que haya gobernantes corruptos. Pero la lucha contra la corrupción no es sino el pretexto del cual aquellos sectores se valen para atacar a gobiernos legítimamente elegidos por el voto popular.
El tribunal ha pasado a ser el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses propios por sobre la soberanía popular. Por esa vía, algunos sectores del Poder Judicial y de los distintos órganos del sistema de la justicia, con el apoyo oportunista de los medios hegemónicos, se volcaron a atacar a gobiernos populares preocupados por la defensa de los intereses nacionales. Su objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de instalar en la sociedad la idea de que todos los políticos son corruptos. Como en los tiempos que corren ya no se muestra adecuada la destrucción física del adversario, lo que se ansía es su muerte legal y política.
Bajo la excusa de combatir la corrupción, violan el principio legal de debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. Como destacan los autores de este libro, el conjunto de los casos que se fueron dando en distintos países de nuestra región muestra siempre el mismo método: una parte de la prensa, políticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose “verdad”); apoyándose con exclusividad en esa noticia fraguada, el cuerpo de la policía judicial abre una investigación; el Ministerio Público sale a la búsqueda de elementos que puedan sustentar formalmente la acusación; en los casos en que no se accede a ningún indicio de prueba, aun así la denuncia muchas veces se encarrila, cosa que ocurrió en Brasil, bajo la afirmación de que “no cuento con pruebas, pero tengo la convicción”. Luego sólo hace falta “identificar algunos jueces dispuestos a colaborar”, ya sea porque se abre ante ellos la anhelada oportunidad del estrellato o porque visualizan una ventaja personal concreta. La vida privada y la intimidad de los acusados queda expuesta a diario en base a esos llamados vazamentos (filtraciones de información), término bajo el cual se camufla la operación de seleccionar perspicazmente uno o más hechos y transmitirlos con toda intención a los “colegas” de los medios, sobre todo de la televisión. Ante la imposibilidad de demostrar lo que no ocurrió, se recurre a escuchas telefónicas ilegales, citaciones compulsivas y encarcelamientos preventivos, tanto de los acusados como de sus familiares, tales son los mecanismos por los que se apunta al objetivo de lograr la “delación premiada” del “arrepentido” (así se denomina en los países hispanohablantes a aquellos que “son capaces de inventar cualquier situación para obtener un beneficio”), para quien el “premio” es la libertad misma y, al menos en Brasil, la chance de conservar buena parte del producto del delito que se confesó. Arrancada, así, la confesión “delatora”, incluso sin la menor prueba, se condena al delatado en juicio de evidencia y, si no se logra demostrar el hecho que se le imputa, se apela a la estrafalaria categoría de “hecho indeterminado”. El circo se completa con la sentencia condenatoria que habrá de confirmar un tribunal igualmente parcial y comprometido con los intereses políticos y económicos de las clases dominantes.
Así es como se aseguran las condiciones legales para que el enemigo sea puesto en prisión y quede imposibilitado de intervenir en la vida política. Los grandes medios de comunicación, con la televisión al frente, se encargan de difundir incesantemente el fallo judicial, dispuestos a darle legitimidad a todo un proceso absolutamente espurio.
Con el enemigo apartado de la arena política queda abierto el camino para la elección de hombres y mujeres de gobierno sometidos a los intereses del mercado, que se desentienden de proteger a la población, especialmente a los más pobres. Se viola la soberanía nacional con la venta de grandes empresas públicas, rematadas siempre a valores muy inferiores a los que realmente poseen, en operaciones que revelan un fuerte desprecio por el medioambiente y por tantos otros derechos básicos de la población.
La investigación que estos tres autores han llevado a cabo describe muy bien lo que ocurrió en muchos países, también en Brasil: trataron de imponerme la muerte política y legal. Fui víctima de esa maquinación que aquí se analiza: a partir de una noticia falsa publicada en un periódico, fui investigado, procesado y condenado por la llamada Operação Lava Jato, que condensa lo peor del sistema de justicia brasileño. Hoy ya nadie tiene dudas de que hubo sectores de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal, a las órdenes de un juez notoriamente parcial y ávido de autopromoción, que formaron una organización guiada por el objetivo de anular mis derechos políticos para, de esa forma, evitar que pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la República y asegurarle al Partido dos Trabalhadores su quinto mandato consecutivo. Con una rapidez nunca vista en la conducción de otros procesos, el Tribunal Regional Federal confirmó la sentencia, cumpliendo la promesa pública hecha en forma expresa por su presidente de que el caso sería juzgado antes de las elecciones. No tuvieron en cuenta mi resistencia. No tuvieron en cuenta el apoyo incondicional que me brindaron los movimientos sociales, los trabajadores y todas esas personas que, desde los distintos puntos del país, montaron frente al edificio de la Policía Federal donde estuve preso la conmovedora Vigília Lula Livre. No tuvieron en cuenta la destacada reacción de la comunidad política y jurídica internacional. Y en vez de abandonar Brasil, como llegaron a sugerirme, decidí ir a la cárcel y, desde ahí, enfrentarme a los que cobardemente me acusaban sin pruebas. No fue en vano, puesto que al menos una de las mayores conquistas de las sociedades civilizadas, y una que nuestra Constitución Federal garantiza, ya fue restablecida por el Supremo Tribunal Federal: la presunción de inocencia. Una medida que le puso fin a mi injusta prisión, determinada antes de que el tribunal superior se pronunciase sobre el recurso presentado en mi defensa.
Hoy estoy suelto, pero no estoy libre. Mis derechos políticos siguen estando cercenados, incluso antes de que se juzgue el recurso que interpuse al tribunal superior. Mis felicitaciones a las profesoras Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis y al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que con rigor académico han demostrado cómo se desvirtuó el “verdadero derecho penal” para dar origen al “derecho penal vergonzoso”, el cual sirve a la transformación del Poder Judicial en instrumento de persecución política de todos aquellos que, en nuestra querida América Latina, alzan su voz y sus brazos en defensa de quienes han sido abandonados a su propia suerte, plantándose firme frente a los poderosos representantes del capital financiero internacional y los gobernantes serviles al dios mercado. Deseo apasionadamente que el objetivo de los autores se cumpla: “sacar a la academia jurídica de la torre de marfil” para ponerla “al servicio de los pueblos”.
2ª) El profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Porta Alegre, Andrés Ferrari Haines tiene un artículo muy clarificador sobre el apresamiento de Lula, titulado Un proceso judicial falso. “En su acusación contra Lula, el juez Moro escribió: “Los costos de la reforma llegaron a 1.104.702,00 reales e incluyeron la instalación de ascensor privado, cocina, armarios, readecuación de dormitorios, ampliación del deck, y, hasta, electrodomésticos”. En la grabación de la audiencia frente al juez se ve que Lula le retruca con una foto de la escalera de su casa, en la que reside desde hace casi veinte años manifestándole que para subirla su fallecida esposa Marisa debía tomar medicación: “Le parece que si no puse ascensor en dónde resido desde hace casi veinte años lo voy a poner en un departamento que ni es mío”.
Si se le hubiese permitido a Lula y a sus abogados inspeccionar el triplex por el cual se lo sentenció a prisión, Lula podría haber respondido con un simple: “No hay ascensor privado en el triplex”. Y también, no hay reforma ni electrodomésticos. Una farsa que no sólo denuncia a parte importante del Poder Judicial brasileño, al menos, pero también a grandes medios de comunicación. ¿Cómo se explica si no que la revista Veja o el sitio R7 del canal de Televisión Record hayan publicado antes “imágenes del lujoso triplex de Guarujá” - que ahora rápidamente han retirado de Internet? También O Globo informó que “el departamento pasó reformas –que incluyeron la instalación de un ascensor privado y un área gourmet– que también las pagó la constructora”, aclarando que no sucedió lo mismo con otros inmuebles del mismo edificio.
El MST (Movimiento de los Trabajadores sin Tierra) argumentó –antes de difundir imágenes del departamento– que la invasión obligaría a saber quién era el verdadero dueño del triplex. Veja respondió que “la sentencia no condenó a Lula por poseer formalmente el inmueble, considerando que, a pesar de que el mismo está a nombre de la constructora, le fue prometido al petista y reformado a su gusto, para posible transferencia posterior”. Es decir, como destaca el sitio 247, el medio argumenta que Moro condenó a Lula por un crimen que sería cometido en el futuro. Ya el Estado de San Pablo había expresado, tras describir las fastuosas reformas, que “oficialmente el inmueble está en nombre de OAS (la constructora), pero la Fiscalía ve indicios de que pertenece al expresidente y su mujer”.
Sólo así se entiende el uso de la expresión “convicción” que se utilizó al verificar la culpabilidad de Lula. De hecho, Moro hizo uso de la reforma para afirmar, con convicción, que constituía prueba de que el triplex era de Lula. El sustento de la reforma fue la confesión –como supuesto responsable en aplicar la reforma– de Léo Pinheiro quien luego de su declaración inicial en la cual no apuntó a Lula, Moro lo sentenció a 16 años y 4 meses de prisión –luego aumentados a 26 años–. Al cambiar su declaración e incriminar a Lula, esta condena se reduce a 2 años y medios.
Del mismo Andrés Ferrari Haines es otro artículo Por eso está preso. “Circula por los medios sociales, dado que no existe prueba alguna de corrupción salvo “convicción” e “indicios”, la lista de crímenes de Lula que obligaron a la Justicia brasileña a condenarlo a prisión que, por alguna razón, los principales medios informativos del país no mencionan. Se trata de una larga lista de programas y políticas sociales y económicas, de inversión pública y de igualdad racial, social y regional que han dislocado la trayectoria historia secular de Brasil. Un reciente estudio de FLACSO-Brasil y CLACSO, Faces da desigualdade no Brasil presenta datos inapelables de los delitos cometidos durante el período 2002-2015 bajo los gobierno del PT. En ese período, pasó de 10,7 a 39% los jóvenes más pobres, que ingresaban a la escuela secundaria a la edad correcta (aumento del 264%). Casi 4 veces más jóvenes de 15 a 17 años, entre el 5% más pobre de la población, estaban en la enseñanza media o posterior en 2015, si se compara a 2002. Mientras que el acceso a la enseñanza superior en general casi se duplicó, para el 20% más pobre se multiplicó 23 veces. En 2002, menos del 7% de los más pobres concluían la primaria; en 2015, 30,3%. La mortalidad infantil (en niños menores de 1 año) cayó, de 2002 a 2015, de 23,4 por mil nacidos vivos a 12,9 (45%). La cobertura en atención básica de salud aumentó del 31,8% al 63,2%. El crecimiento del ingreso real en la población fue 38%, pero para el 20% más pobre fue casi 4 veces más rápido que para el 20% más rico, beneficiado con aumento real de 25,6% por encima del promedio de la población. El salario mínimo aumentó más del 70% por encima de la inflación y se generaron 20 millones de empleos formales para todos los niveles de calificación. En suma, el Gobierno Lula redujo la extrema pobreza en Brasil al 3%, el menor índice de la historia. Más adelante explicaré brevemente la gestión de Michel Temer, que sustituyó a Dilma Rousseff, destituida por el Senado de Brasil el día 31 de agosto de 2016, declarada culpable del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso de Brasil por 61 votos contra 20. En 2022, la investigación judicial sobre las acusaciones de manipulaciones contables que habían servido de base para su destitución se cerró oficialmente, ya que el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil no había identificado ningún delito ni acto de irregularidad administrativa. Michel Temer, durante su gobierno 2016-2018, ha ido en contra de todas las políticas sociales de Lula, antes explicadas.
Mas, todo lo ocurrido con Lula lo podemos entender en el artículo publicado por El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) titulado Lawfare. La judicialización de la política en América Latina.
El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción.
Los aspectos fundamentales del Lawfare son:
1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.
2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos.
Además tampoco debemos olvidar la presión militar, de triste recuerdo en Brasil. Como señala Stella Calloni. “¿Puede un Supremo Tribunal Federal en un país funcionar como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales, uno de ellos el actual jefe del ejército, advirtieran públicamente que si el ex presidente Lula no iba preso, se verían obligados a dar un golpe militar?”
3ª) El Lawfare en España.
"El que pueda hacer, que haga". Así apuntaba José María Aznar contra Pedro Sánchez, lo ha hecho en diferentes ocasiones, tras calificarle de "peligro para la democracia española". Y vaya si están "haciendo". Tras lo ocurrido judicial y mediáticamente contra el hermano de Sánchez, su esposa Begoña y al Fiscal General del Estado, y los recientes acontecimientos, cada cual puede sacar sus propias conclusiones si efectivamente se está produciendo lawfare contra este gobierno de Sánchez. Aunque no es la primera vez en nuestra historia reciente. Antes de Sánchez, diferentes voces clamaron contra el lawfare, los bulos y los movimientos de las cloacas contra partidos independentistas, Podemos, y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, Ada Colau, Alberto Rodríguez; Pisarello, Asens y los Comuns; Victoria Rosell… etc. El ejemplo del partido morado fue especialmente sangrante, con casos que aparecían en época electoral, duraban meses o años y acababan en nada. Que abrían portadas y telediarios y luego se ninguneaban cuando se archivaban. Muchos de los señalamientos también iban dirigidos a familiares de los afectados. Lo que tuvieron que aguantar en su casa Iglesias y Montero ya es parte de la historia de la ignominia de este país.