Los partidos ICE españoles están encabronados, echando espuma por la boca y disparando improperios a quemarropa por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos, y la consecuente aprobación del Real Decreto, que permitirá la regularización extraordinaria de personas inmigrantes en disposición de acreditar al menos cinco meses de residencia en España.
El cálculo apunta a 500.000 mujeres y hombres, la mayoría latinoamericanos, que ya están trabajando en la economía sumergida. Siete de cada diez personas en situación administrativa irregular proceden de Centro y Sudamérica, por tanto, el mayor flujo migratorio llega en avión y no en pateras y cayucos desde África.
Oyendo el discurso sectario, agitador y mete mierda de Vox y el de su perrito faldero, el PP, pues me declaro uno de los invasores anónimos colombianos de principios del siglo XXI en España, un aspirante más a reemplazante o sustituto de la raza patriota española en peligro de desaparición.
Hasta este domingo 1 de febrero de 2026, puedo contar 22 años y 4 días cotizados a la Seguridad Social española, y así, miles de personas de distintos continentes que con más o menos años de servicio aportan su fuerza productiva y cumplen con sus obligaciones tributarias al país.
¿Cuántas semanas cotizadas puede acreditar el líder de Vox, Santiago Abascal?, razón tiene el parlamentario Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, que en un debate parlamentario espetó a sus señorías extremistas que no iban a atreverse a consumar su propuesta de expulsar a 8 millones de inmigrantes, incluyendo sus descendientes (mi hijo nacido en Canarias también en peligro de expulsión), “porque al final va tener que trabajar hasta Abascal”.
La decisión política de aprobar esta regularización de inmigrantes es un triunfo de un millar de colectivos antirracistas y defensores de derechos humanos agrupados en la plataforma Regularización Ya, que merece ser reconocida como ejemplo de movilización ciudadana. La plataforma consiguió reunir en 2022 alrededor de 700.000 firmas entre la sociedad española para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización. Este compromiso de participación logró trasladar la demanda al Congreso de los Diputados argumentando derechos y dignidad para la población inmigrante.
Ante el relato fácil lleno de bulos y el uso desvergonzado de la xenofobia como bandera de campañas electorales de la derecha y derecha ultra, es importante atender con pensamiento crítico otras narrativas sobre la inmigración. Los partidos políticos ICE no tardaron en asegurar que España apostaba por la regularización de delincuentes, engordando así el discurso que asocia el aumento de la criminalidad con el fenómeno de la movilidad humana, cuando los datos oficiales contradicen su afirmación. En todo caso, la persona que tenga antecedentes penales no podrá tramitar su regularización.
Las fuerzas ICE también venden que la regularización está pensada para alterar el censo electoral, a sabiendas de que las personas extranjeras regularizadas no pueden votar. Para votar es imprescindible tener nacionalidad española.
Una de las entidades comprometidas con la información e investigación rigurosa del
fenómeno migratorio es la Fundación PorCausa, con sede en Madrid. Trabaja desde 2016 en el análisis de sus orígenes y características para exponer realidades y responder de paso a la “franquicia del populismo antimigratorio”. Sigo la actividad de PorCausa, he participado virtualmente como observador en el Congreso de Periodismo de Migraciones que organiza cada año en Mérida y leo con atención los resultados de sus investigaciones.
Los estudios de PorCausa y su acción han sido claves en la sustentación razonada de la plataforma Regularización Ya. En 2022, difundió un completo informe explicando las razones por las que era necesario aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes. La primera de ellas, el crecimiento de la inmigración y su relación con el trabajo. La entidad expone que los datos de empleo sugieren que la mayor parte de las personas adultas en situación administrativa irregular están trabajando en dos sectores que concentran más de la mitad de la informalidad: las actividades del hogar (27% del empleo informal) y la hostelería (24%). Les siguen el sector manufacturero y los servicios sanitarios y sociales. Toda esta fuerza de trabajo, evidentemente necesaria, no está cotizando a la Seguridad Social. Y podemos sumar la construcción y agricultura.
Otra razón es la vulnerabilidad de las personas sin papeles. La irregularidad niega o limita el acceso a derechos básicos y deja al trabajador (a) desprotegido frente a la explotación. Las mujeres son especialmente vulnerables, ya que seis de cada diez extranjeros sin papeles son mujeres. Además, es absolutamente necesario un mayor esfuerzo en inspección porque hay trabajadores españoles e inmigrantes con papeles que no están cotizando todo el tiempo que trabajan. Eso de estar contratado por ocho horas diarias y cotizar la mitad o menos es explotación laboral y fraude a la Hacienda Pública.
La regularización permite al empresario (a) cubrir vacantes de su plantilla con seguridad jurídica, pero algunos prefieren el pago en ‘B’ para ahorrase obligaciones con el Estado. La falta de personal en sectores como la hostelería es tan acuciante que hay emprendedores que se han visto obligados a cerrar negocios.
Otra razón es puramente económica. El estudio de PorCausa estima que la regularización incrementará la aportación fiscal neta media de cada inmigrante regularizado en más de 3.500 euros anuales. Las pensiones del conjunto de la sociedad dependen, en parte, de la inmigración. Europa y España envejecen, lo que supone un riesgo para la sostenibilidad del sistema de pensiones y el crecimiento de la productividad. “La inmigración aporta más al Estado de lo que recibe de él”.
Y un razonamiento que tampoco es baladí, es que las regularizaciones ya se han hecho en otras ocasiones con experiencias muy positivas, incluso con el PP gobernando, aunque ahora, en un nuevo ataque de incoherencia política, diga que son “ilegales”, y eso que en 2024 votó en el Congreso a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para esta regularización extraordinaria de 500.000 personas.
En la Unión Europea, entre 1996 y 2008, se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. España es, junto a Italia, el país con más programas de regularización de la Unión. Europa ya avisó que las regularizaciones son decisiones soberanas de cada país y que en consecuencia no cabe injerencia alguna. Europa puede mostrarse más o menos partidaria de una medida de este tipo, pero en ningún caso puede impedirla, como se intenta contextualizar interesadamente en el debate español.
Los mentirosos quedan al descubierto y el nivel del debate político se reduce a una sátira confeccionada para un guión cinematográfico de los hermanos Coen, donde brilla el sinsentido, la incapacidad y los personajes excéntricos.