Inparsa, empresa familiar propietaria de la cadena Beatriz Hoteles en Lanzarote, ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial contra el juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, responsable de la homologación del plan de reestructuración promovido por el fondo Blantyre Capital (Meru).
Dicha resolución judicial, según afirman este lunes en nota de prensa, supuso el cambio de propiedad de una compañía valorando sus participaciones sociales en 12 millones de euros, en lugar de su valoración real de más de 73 millones de euros, ya que los activos hoteleros de la compañía están tasados actualmente en unos 127 millones de euros, frente a una tasación, incompleta y obsoleta ya que fue realizada en enero de 2024, que valoraba los activos en 66 millones. Todo ello, a pesar de su solvencia acreditada, su trayectoria de crecimiento y la financiación aprobada que garantizaba el pago íntegro de su deuda.
La denuncia que está estudiando el CGPJ sostiene que el proceso sufrió una dilación indebida de un año y que el Juez contradijo su propia resolución previa, ignoró pruebas financieras esenciales y dictó sentencia sin competencia plena, causando un perjuicio patrimonial millonario y vulnerando derechos constitucionales fundamentales, como el de propiedad y tutela judicial efectiva. Todo ello desproveyendo de defensa a Inparsa.
La acción judicial se enmarca en el compromiso de Inparsa con la defensa del principio de seguridad jurídica y busca alertar sobre el precedente que este caso podría generar en la aplicación de la Ley Concursal en España.
El mismo juez cambió de criterio un año después
El mismo juez que en 2024 rechazó el plan de Blantyre por inexistencia de insolvencia lo aprobó un año después, sin cambios en los hechos ni en las condiciones financieras. La resolución contradijo un fallo previo del Juzgado de lo Mercantil nº 2, que en 2024 había rechazado ese mismo plan al considerar que no existía insolvencia ni riesgo de ella.
En su primera resolución, el magistrado concluyó que Inparsa no era insolvente y que el fondo se amparaba en un “cambio de control técnico” sin fundamento. Sin embargo, en septiembre de 2025, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas dictó sentencia homologando el plan de Blantyre Capital, otorgándole el 70% del capital de Inparsa.
El juzgado actuó pese a conocer que:
● Inparsa no era insolvente y contaba con financiación aprobada y acreditada para pagar su deuda.
● La compañía presentó una oferta de repago a los acreedores por el 100% de la deuda exigible sin quitas ni esperas.
● Existía una apelación pendiente sobre el mismo plan en otro juzgado.
● Se había archivado el nombramiento del experto independiente, figura esencial del proceso de reestructuración.
● El vencimiento anticipado alegado por Blantyre seguía en fase de resolución judicial.
A pesar de ello, el juzgado decidió entregar el control de la empresa a Blantyre Capital y todo su valor. De este modo, la interpretación judicial contradice el espíritu de la Ley Concursal y abre la puerta a su uso como instrumento especulativo, en lugar de una herramienta para preservar empresas viables.
