La consejera de Bienestar Social, Juventud y vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, calificó hoy en el Parlamento canario de “grave” la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda para eliminar ayudas e incentivos a la construcción de viviendas protegidas y aseguró que los principales perjudicados serán las personas con más necesidad de vivienda.
“Se trata de medidas –aseguró- que agravarán la capacidad de las familias para acceder a una vivienda en un periodo de crisis y que sepultan aún más al sector más afectado por la situación económica actual, la construcción, sin darle otra alternativa”.
Las medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda supondrán que desaparezca la ayuda a la compra de vivienda protegida, la reducción en un 40 % de la ayuda a las empresas promotoras para la construcción de vivienda protegida en régimen de arrendamiento y por último, la desaparición por completo la reserva de eficacia.
Rojas explicó la relevancia de esta última medida que “además se hace a mitad de ejercicio” ya que el fondo de eficacia supone el 20 % de todo el Plan Estatal de Vivienda.
“El fondo de eficiencia –argumentó- se comienza a repartir en el mes de septiembre entre las Comunidades autónomas que han sido más eficaces, aquellas que han cumplido o han sobrepasado los objetivos previstos, por lo tanto aquellas que tienen comprometido su presupuesto”.
“Precisamente Canarias es la comunidad con más eficiencia y por lo tanto aquella con mayor acceso a esta reserva de eficiencia”.
“No voy a ocultar que la situación es grave, porque estamos hablando de incumplimiento de compromisos adquiridos mediante convenio”, manifestó Rojas que a su vez criticó que esta decisión se tomara “de forma unilateral, rompiendo así con el consenso establecido en el marco del Plan Estatal de Vivienda”.
El Gobierno de Canarias ya solicitó en verano que se convocara, con carácter de urgencia, una comisión bilateral Canarias-Estado en la que el Gobierno pedirá flexibilidad en los objetivos y dar respuesta a todas las solicitudes de la ciudadanía y promotores afectados por este recorte del Estado que ya empezará a aplicarse en este mismo año.