Los propietarios del esqueleto de entrada de la parcela 214 del antiguo proyecto "Club del Rey" de Costa Teguise están negociando con los okupas de los edificios que se quedaron a medio construir y que han sido reformados a lo largo de las últimas décadas de enquistamiento de una situación que parece no tener fin. Así lo ha confirmado este martes en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, que ha recibido información al respecto sobre la última y desesperada medida de los dueños de una parcela en la que quieren terminar de construir un proyecto turístico de primer nivel y no pueden porque decenas de personas se han ido instalando poco a poco allí hasta constituir una urbanización en toda regla.
“No ha habido ninguna novedad, eso está todo en el juzgado. Ahora mismo en la Oficina Técnica se ha dado la instrucción de que se empiece a trabajar en la licencia que había pedido la propiedad para rehabilitar ese esqueleto y ver qué pasa. No sé si la propiedad está hablando con los representantes de las personas que están allí para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Algo me ha llegado tanto por parte de los que están allí ocupando como de la parte de la propiedad de que están siguiendo ese camino, y esperemos que eso llegue a buen puerto. Por parte del Ayuntamiento de Teguise no podemos hacer mucho más que esperar”, adelantó Duque durante su intervención en el conocido programa radiofónico.
Si finalmente es la solución que se encuentra al enorme problema que tienen los propietarios, no será ni por asomo el primer caso que se produce en Lanzarote, donde es relativamente frecuente, también en pisos y edificios pequeños sobre todo de la capital, Arrecife, que los propietarios lleguen a acuerdos económicos con los okupas para solucionar el problema que se les plantea sin tener que esperar a los tortuguiles juzgados o a la providencia divina. El caso más sonado, también en Costa Teguise, fue el que se produjo en el verano de 2018 con los okupas de los antiguos apartamentos Senator. En un momento determinado se llenaron principalmente de familias de etnia gitana que llegaron de forma sorprendente de Talavera de la Reina, en Toledo. Hubo un cambio de propietarios del inmueble y su decisión, la de los nuevos, fue pagar a la gente que se hizo con el atractivo inmueble para que salieran de allí. La operación duró muy pocos días y los apartamentos se rehabilitaron y se pusieron a la venta en muy pocos meses.
Y es lógico que los propietarios no confíen ya en la justicia. En marzo de este año este mismo diario ya publicó que el que es uno de los culebrones más largos de la siempre conflictiva historia inmobiliaria de Lanzarote parecía que llegaba a su fin, toda vez que las personas que en estos momentos ocupan la parcela recibieron las cartas del Juzgado de Arrecife que está llevando la petición de desahucio por parte de los propietarios para que tuvieran claro que tenían que salir de allí. Las cartas llegaron, efectivamente, y los okupas, que se han organizado y que tienen incluso defensa letrada que está haciendo valer sus supuestos derechos, siguen allí varios meses después sin que parezca que ninguna orden legal vaya a exigir su salida. De ahí seguramente, como explicó la alcaldesa, que se haya llegado a este nuevo intento, el de pagar para que abandonen algo que evidentemente no es suyo.
