Un ciudadano lanzaroteño, Sigfrid Soria, ha presentado una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que denuncia al Gobierno de Canarias por inocular la vacuna contra el coronavirus a niños de entre 5 y 11 años y en la que exige a la Consejería de Educación que dirige precisamente otra lanzaroteña, Manuela Armas, que no permita que esta práctica se lleve a cabo además en los centros públicos del Archipiélago.
En el escrito de demanda al que ha tenido acceso este diario pide que se declare la vulneración del derecho fundamental previsto en el artículo 10.1 CE de Dignidad y el articulo 15 CE de Derecho a la Vida, a la Integridad Física y Moral. Además, que se declare la nulidad en derecho de la vía de hecho procedimental y sustantiva, el consentimiento informado contrario a la legislación sanitaria de la Consejería de Educación para que cese la vacunación infantil de los menores escolarizados de 5 a 11 años, mediante la ejecución material de las vacuguaguas en las dependencias de los Centros Escolares, con horario escolar, y acompañados de personal escolar en el supuesto de no ir acompañados de su correspondiente padre y/o tutor. En esta línea, que se condene a la Consejería de Educación a que retire el permiso y colaboración de vacunación infantil, mediante vacuguaguas, en los centros pilotos así como en el resto de centros elegidos al efecto, durante el horario escolar, a los efectos de que cese la vacunación infantil en los referidos centros de educación de Canarias. Igualmente, que se ordene a la Consejería de Educación, en colaboración efectiva con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que el consentimiento informado así como la prescripción medica para la vacunación infantil ha de cumplir la normativa sanitaria al respecto, en cualquier dependencia donde se pretenda la misma. 2A los efectos de cesar la vacunación infantil de los menores de 5 a 11 años si no se cumplen dichos parámetros legales que establece la legislación sanitaria sea donde sea su inoculación”, refrenda en su escrito.
“A principios de diciembre publiqué el ensayo ¿De qué vacunas estamos hablando?
El negocio de la mentira y el miedo, trabajo en el que desmontaba la versión oficial de las llamadas vacunas COVID en la medida en que esos sueros ni evitan que el inoculado se contagie ni que una vez contagiado pueda contagiar. De hecho, millones de personas se han inoculado creyendo que así se protegerían contra el virus y protegerían a cuantos les rodearan, como si lo que se les inoculaba fueran verdaderas vacunas. Tanto es así que hasta el célebre pasaporte COVID se impuso como herramienta para entrar en sitios cerrados, entre otros, con la certeza de que esos sitios eran libres de SARS-CoV-2, es decir, como si los inoculados con pauta completa estuvieran libres de virus. Inaudito fraude. No obstante, en dicho ensayo reconocí la alta correlación entre la alta tasa de inoculación COVID y el desplome de la incidencia hospitalaria, desarrollo de enfermedad grave e, incluso, la significativa bajada de la letalidad”, relata el vecino lanzaroteño en su reflexión sobre lo que está sucediendo.
En esta línea, comenta que adicionalmente en el citado ensayo manifestó la absurdez de inocular sueros COVID a niños, dado que este subgrupo humano no desarrolla enfermedad grave, y ni siquiera enfermedad, en términos estadísticos. “Es más, lo niños son quienes más se han contagiado y, por tanto, comportado como vectores de propagación, pero quienes menos han enfermado y muerto, con muchísima diferencia respecto de otros grupos de edad”, remarca para justificar su demanda.
Soria indica en manifestaciones hechas a este periódico que profundizando en lo expuesto en el ensayo de diciembre tiene claro que si los niños ni desarrollan enfermedad grave ni mueren por contagio de SARS-CoV-2 y los sueros COVID ni impiden el contagio ni contagiar no tiene sentido inocularles masivamente “porque el sentido de inocular a ancianos es muy claro, dado que es el subgrupo que más desarrolla enfermedad grave, así como el más susceptible a la letalidad, y está clarísimo que los sueros COVID permiten alargar la vida de nuestros mayores y que esa vida sea de mayor calidad”. “Carece completamente de sentido someter a los niños a la inoculación masiva con un fármaco que les es absolutamente inútil, y que les aboca a asumir la estadística de los efectos secundarios que tienen los sueros COVID, como fármacos que son”, insiste.
“Hechas las oportunas referencias al ensayo publicado en diciembre y centrándome en la vacunación infantil que ha implementado la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, entro en la justificación de esta noticia. Revisadas las competencias, el Reglamento Orgánico, la Misión, Visión y Valores y los Objetivos Estratégicos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, resulta que no hay rastro normativo que soporte la vacunación de canarios entre 5 y 11 años. Si además de no haber justificación competencial, la Consejería inocula fármacos a menores manipulando y tergiversando a la propia Organización Mundial de la Salud, y lo hace obviando preceptos administrativos, entonces es cuando decido interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife Recurso Contencioso Administrativo Especial para la Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de nuestros más indefensos”, resalta visiblemente molesto.
Para fundamentar todo lo que está exponiendo y su largo escrito presentado en el TSJC Soria, que fue parlamentario autonómico con el Partido Popular (PP), agradece la imprescindible dirección letrada de Almudena Viota Mariñas, abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Santa Cruz de Tenerife y también agradece la atención a los preceptivos procedimientos y plazos del procurador Javier Bueno Mesa, que es quien presentó el escrito ante el alto tribunal.
