Alrededor de la eutanasia se abre un profundo y complejo debate, que no por tratado deja de ser una demanda social que está aún sin solucionar. Son muchas y muy diferentes las voces que se alzan alrededor de lo que significa la eutanasia, sus implicaciones morales y éticas, la necesidad o no de legislarla o la obligación de los médicos de facilitarla en determinados casos.
La elección libre de cada persona a determinar cómo y de qué manera quiere finalizar su vida es en definitiva la base del debate, en el que parece que todos tienen algo que decir y que puede verse de un modo o de otro según los matices que se destilen de los conceptos que rodean al término eutanasia.
Uno de los grandes límites que se difuminan en la definición de esta práctica es el que existe entre eutanasia y cuidados paliativos. La pregunta en este sentido reside en si se puede considerar que la administración por parte de los médicos de tratamientos para evitar el dolor en las fases irreversibles de las enfermedades mortales es una forma de eutanasia o tan sólo una forma de aliviar y aportar calidad de vida a los últimos días del paciente.
Los detractores de la eutanasia abogan por esta última teoría, que defienden con las acotaciones de la ley y la deontología médica en la mano, un argumento que los que están a favor de la eutanasia observan como una incoherencia, ya que este tipo de tratamientos aceleran la muerte, por lo que lo consideran un tipo de eutanasia indirecta.
Este es una de las formas de eutanasia que se contemplan junto a la eutanasia pasiva, como generalmente se denomina a la interrupción de terapias para prolongar la vida, un concepto que un sector del personal sanitario tampoco comparte y prefiere sustituir por el término obstinación u ensañamiento terapéutico.
La intencionalidad
En medio de esta maraña de conceptos y matices los defensores de ambas posturas parece que están de acuerdo en que la clave de la diferencia se encuentra en la intencionalidad.
Aunque en principio parece una buena base para la diferenciación, también en este punto se dividen las opiniones. La intención del que asiste al enfermo en sus últimos días y tiene la capacidad de administrarle sedantes o analgésicos para paliar el dolor y el sufrimiento que le provoca la enfermedad no tiene la intención, en principio, de reducir el tiempo de vida del paciente, es más, según la Declaración sobre la eutanasia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos “lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, no sólo es moralmente aceptable sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias”.
De ahí que, por ejemplo, no haya objeciones éticas ni legales para emplear altas dosis de analgésicos en el tratamiento del dolor de un paciente en situación terminal, aunque esto pueda suponer de manera indirecta un adelanto de la muerte, cuando la intención del tratamiento no es provocarla. Por el contrario, cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de producir o acelerar la muerte del paciente, entonces corresponde aplicar el calificativo de eutanasia.
Esta es la defensa de los que mantienen que la administración de cuidados paliativos es la única herramienta que se debe otorgar a los médicos para acompañar a sus pacientes en el camino hacia la muerte, una práctica que siempre estará, en teoría, desligada de la intención de provocar la muerte.
Por otra parte, los detractores de esta teoría tienen claro que esta forma de “alivio” no se diferencia de la eutanasia directa más que en el tiempo en el que hace su efecto el tratamiento, que en último extremo termina acortando la vida. En un caso la administración llevaría claramente implícita la intención de terminar con la vida y en el otro no.
Límites legislativos
Estas son las consideraciones éticas a las que se enfrenta la aceptación de la eutanasia como práctica activa, unas limitaciones que la legislación se encarga de acotar formalmente en la mayoría de los países, que no permiten que se practique.
En España la legislación no contempla ni establece una regulación específica y completa de la eutanasia, y el único texto normativo donde se hace referencia a este tipo de comportamientos es precisamente el Código Penal, que señala la existencia de una sanción punible, eso sí, de forma atenuada respecto de otras conductas de instigamiento y cooperación en un suicidio ajeno. No hay por tanto en nuestro país, un tratamiento especial o una regulación sobre la materia, si bien existen movimientos judiciales y sobre todo políticos que tienden a buscar tal regulación en una norma o en una ley en el caso de los primeros, y la despenalización de la eutanasia en grupos pertenecientes a los segundos.
Puede haber personas que acepten éticamente la eutanasia en determinadas circunstancias extremas y estén a la vez en contra de su legalización por considerar que las repercusiones negativas de esa ley podrían tener más peso que las positivas.
En este sentido, los detractores de la legalización de la eutanasia insisten en los riesgos que corre una sociedad en la que se permite la eutanasia activa. Estos riesgos van desde motivos económicos a la pérdida de confianza de los pacientes en los médicos, pero según lo entienden los que ven la eutanasia como una opción positiva estos argumentos tienen como denominador común el miedo.
Según la Asociación Derecho a Morir con Dignidad, algunos estudios aseguran que el 70 por ciento de los pacientes prefieren morir en casa y el Plan Nacional de Cuidados Paliativos aprobado en 2000 con el fin de que más enfermos pudieran morir en casa, se ha visto que es insuficiente.
En España existen sólo 117 unidades que prestan los servicios de paliar el dolor. Cataluña es la comunidad que dispone de más recursos cubre el 40 por ciento. El resto de las comunidades salvo Andalucía cubren sólo el 10 por ciento.
Y los datos parecen corroborar también que no en todos los casos el sufrimiento de los pacientes se puede solucionar con los tratamientos paliativos, que se supone que otorgan calidad y dignidad a los enfermos en sus últimos días.
Esta misma asociación pública que según el sondeo realizado en Junio de 1999 por el Ministro de Sanidad a petición del Senado, los cuidados paliativos no son suficientes para resolver “todas las situaciones de eutanasia” así lo afirman el 85 por ciento de los afectados. Del 60 por ciento de los médicos que apoyan el suicidio asistido o la eutanasia, el 41,5 % apoya sólo para enfermos terminales, en cambio el 18,4 por ciento apoya la eutanasia independientemente de que la enfermedad sea terminal o crónica (grave e irreversible). El 31,4 por ciento de los encuestados está en contra de que se modifique el Código penal para permitir el suicidio asistido y/o la eutanasia.
