La Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros denuncia que las instituciones de Lanzarote “incumplen en estos momentos la ley”. Así lo ponen de manifiesto a través de un comunicado de prensa enviado este jueves a Crónicas por su presidente, Jacobo Medina González. En él, destaca que “muchos ciudadanos de las instituciones de Lanzarote no echan de menos la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, porque ya estamos acostumbrados a solucionar, gestionar y en definitiva arreglar cualquier documento en persona”.
Medina recuerda que “desde el 1 de enero de 2010 todas las instituciones no sólo de Lanzarote si no en el ámbito nacional vienen obligadas a aplicar la Ley 11/2007, ya que desde junio del mismo año las administraciones públicas tenían dos años por delante para ponerse manos a la obra y por consiguiente que todo ciudadano pudiese gestionar cualquier documento desde su propia casa a través de la respectiva página web”.
“En Lanzarote no se aplica ni en ningún ayuntamiento, donde algunos tienen página Web sin actualizar desde hace décadas, ni en el Cabildo. La modernización en las instituciones es algo esencial para muchas personas como nosotros los estudiantes que nos encontramos fuera de la isla cursando nuestras carreras y nos vemos en la obligación de gestionar todo desde la distancia y si a esto le añadimos que nuestros padres sólo libran cuando la administración está cerrada es un hándicap más a la hora de solicitar, en éste caso las ayudas al transporte por parte de los ayuntamientos o las becas del Cabildo insular”, señala en el escrito.
Los estudiantes consideran que será cuestión de aplicar el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se da la posibilidad de rellenar cualquier solicitud y enviarla desde la delegación del gobierno del lugar donde se encuentre la persona mediante ventanilla única.
De este modo, dicen solicitar “a gritos” que las ayudas y becas se puedan arreglar desde las ciudades universitarias donde estudian, “ya que muchos jóvenes se ven en situaciones muy complicadas para poder cumplimentar las respectivas ayudas”.
“El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Educación y Ciencia han comenzado este año a aplicar la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, por la que todos los estudiantes hemos podido por primera vez solicitar las becas a través de las páginas de tales organismos. Todos los ciudadanos debemos respetar las leyes y si las incumplimos nos cae una sanción para escarmentar del hecho cometido, ¿es la administración impugne cuando incumple una ley?”, se preguntan.
Además, dicen que desde AEUCO se hacen una serie de preguntas: ¿saben los gobernantes de nuestra isla que existe ésta ley? ¿Tienen algún interés en aplicarla? “Sin lugar a duda no vemos que estén por la labor de adaptarse y evolucionar en éste sentido”, concluyen.
