El Ayuntamiento de Yaiza pedirá al Cabildo de Lanzarote los informes de compatibilidad de las viviendas edificadas en Femés y que han sido declaradas ilegales por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Así lo ha confirmado este jueves a Crónicas Radio la alcaldesa sureña, Gladys Acuña, que ha aclarado que, en cualquier caso, las viviendas afectadas fueron construidas en suelo rústico, pero de asentamiento rural, lo que arroja ciertas diferencias con respecto a un suelo con calificación de rústico.
Y es que en la sentencia contra dos funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife deja muy claro que el expediente de otorgamiento de licencias requería en s día de calificación territorial emitida por el Cabildo. "Este informe no consta en el expediente, con lo que adminitrativamente, dicho expediente podría ser objeto de revisión, y el Ayuntamiento procedería a anular el expediente hasta el momento de la solicitud de la calificación territorial", explica la alcaldesa. Así, una vez "retrotraídos al momento en el que se saltó este paso administrativo, y siempre según el sentido de dicho informe que emita el Cabildo, cabría la posbilidad de procederse a la ratificación de cada licencia, estudiando caso por caso"
Sobre la sentencia, Gladys Acuña explica que "según el Plan General vigente, del año 73, la categoría del suelo donde están estas construcciones está clasificado como suelo rústico de poblados rurales. La actual realidad física en esas viviendas tiene acceso rodado, acometidas de agua, luz y telefonía. Todas, salvo una, se encuentran habitadas", ha recordado la alcaldesa, que esgrime que "la única vivienda deshabitada tiene una orden de derribo desde hace años por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano".
El nuevo Plan General
La intención del grupo de gobierno de Yaiza pasa por que en el Plan General nuevo que se está elaborando todas estas viviendas queden dentro del núcleo urbano de Femés. "El Ayuntamiento de Yaiza está realizando todas las gestiones posibles para que el próximo Plan General recoja todas las construcciones que se encuentran dentro de los núcleos de población", sostuvo Acuña.
Por otro lado, el Ayuntamiento respalda a los dos trabajadores, funcionarios del Consistorio condenados por el Juzgado de lo Penal Número 1, que considera probado que los dos técnicos han cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al informar ambos, de forma favorable, sobre la concesión de licencias de construcción a sabiendas de que "incumplían manifiestamente" con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente.
"De momento la sentencia no es firme, así que, aunque respetamos totalente las decisiones de la justicia, como no podía ser de otra manera, sin embargo, hasta que los tribunales no se pronuncien en sentencia firme, apoyaremos a nuestros trabajadores", ha afirmado la alcaldesa de Yaiza.
Sentencia
En este sentido, cabe recordar que el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha estimado probado que ambos técnicos dictaron en su día informes favorables para la construcción de dos viviendas unifamiliares en suelo rústico en esos años.
Los dos acusados han visto rebajada sus penas al apreciar el tribunal una dilación indebida en la causa, ya que el procedimiento que se produjo contra ellos se inició en 2004 y 2005 y su enjuiciamiento ha sido en 2011, sin que en la demora tuvieran responsabilidad los procesados.
Según la sentencia, los dos técnicos, en el desarrollo de sus funciones de emisión de informes en materia urbanística previos a la concesión de licencia de tal naturaleza, informaron favorablemente de la concesión de licencias de construcción a sabiendas de que "incumplían manifiestamente" con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente.
En los hechos probados se señala que, en dos de los expedientes, los dos acusados emitieron sus informes "teniendo perfecto conocimiento de la consideración del suelo en cuestión como rústico y de la exigencia procedimental de la previa calificación territorial por el Cabildo de Lanzarote y de la necesidad de contar con la autorización previa de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno canario.
El Juzgado de Arrecife no ha considerado probado, sin embargo, que emitieran informes "injustos" sobre un tercer expediente para la construcción también de una vivienda familiar en el que se consideraba el suelo urbano.
