VOX ha mostrado este martes en nota de prensa su apoyo al personal del Cabildo de Lanzarote tras la decisión de su Gobierno de suprimir las cestas de navidad, una medida adoptada a raíz de la sentencia nº7/2023 del Tribunal de Cuentas y de los informes desfavorables de control financiero jurídicos que consideran su adquisición contraria a derecho. Así lo ha confirmado también el Gobierno que preside el nacionalista Oswaldo Betancort a este diario, después de que el día anterior se adelantara la información en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio, donde ya se abrió el debate sobre la noticia. Según su versión, existe un informe de la Intervención de la institución que impide la adquisición de los productos para poder elaborar estas cestas, que el año anterior si se repartieron entre la plantilla, informe en el que se determina que no se recoge en el convenio colectivo lo que ha sido siempre una tradición.
El portavoz de VOX en el Cabildo, Oscar Pérez, considera que “la indignación de los trabajadores es comprensible". "El problema no es la legalidad, sino que durante años nadie se preocupó en regular correctamente esta práctica ni de buscar alternativas que cumplieran la normativa”, comenta en su nota.
VOX denuncia que la responsabilidad recae en una gestión política deficiente, que mantuvo durante años un sistema sin ajustarlo al marco legal, provocando ahora un conflicto que paga el personal del Cabildo. “No se puede pedir sacrificios a los trabajadores mientras se mantienen gastos superfluos, propaganda institucional y estructuras políticas que no aportan nada al ciudadano”, remarca.
El grupo insular de VOX exige al Cabildo que busque alternativas legales de reconocimiento para la plantilla, ya sea mediante incentivos retributivos regulados, actos institucionales o gratificaciones que cumplan con todos los informes técnicos. “Los trabajadores no tienen la culpa de la mala gestión de sus responsables públicos. Lo mínimo es que se les trate con respeto y que se busquen soluciones reales”, añade Pérez.
VOX Lanzarote concluye su nota aseverando que seguirá vigilando la gestión de los recursos públicos y defendiendo que ninguna irregularidad vuelva a perjudicar a quienes sostienen el funcionamiento de la institución.
