Según aduce en un comunicado remitido a Crónicas el portavoz de UGT en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Ginés, “la responsable de Recursos Humanos está intentando medrar a base de descalificaciones y desprecios para situar a la opinión pública de la isla en contra de los trabajadores públicos”.
Para Andrés Ginés, los supuestos privilegios a los que se ha referido la concejal Nayra Callero en diferentes medios de comunicación de la isla, “son derechos recogidos en el actual convenio colectivo” que regula el marco laboral de los trabajadores del consistorio. Unos trabajadores cualificados, apuntan desde el sindicato, en su mayoría mileuristas que han visto reducido su salario en un 5% durante el último año y medio y que han obtenido su plaza tras realizar una oposición libre.
Desde UGT señalan que la campaña orquestada por la responsable de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Arrecife pretende situar en el centro de la diana a los empleados públicos. Unos empelados públicos, insiste Andrés Ginés, que realizan sus funciones en el marco de un horario laboral que está en consonancia con el del resto del personal de las distintas administraciones.
El portavoz de UGT en el consistorio asegura que “los trabajadores están dispuestos a llegar a acuerdos para realizar un estudio que pueda mejorar la productividad y la eficiencia, permitiendo tener un mejor control laboral”.
Según Ginés, lo que no están dispuestos a soportar los empleados públicos son las imposiciones de unos dirigentes políticos que se autoimponen sus sueldos y que son los verdaderos responsables, ha manifestado, del despilfarro municipal y de los privilegios de los que gozan los que gestionan el dinero de todos los ciudadanos de Arrecife.
UGT denuncia la demagogia de Nayra Callero cuando habla de “la necesidad de realizar ajustes económicos y al mismo tiempo crea trece nuevas jefaturas de servicio que van a suponer miles de euros al maño en subidas de sueldos”.
Los ataques de la concejal, insisten desde el sindicato, se enmarcan dentro de la campaña orquestada por amplios sectores políticos para manchar la imagen del sector público para poder así acometer recortes en los derechos de los ciudadanos.
