La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso presentado por la Fundación
César Manrique (FCM), y ha anulado las licencias concedidas por el Ayuntamiento de
Yaiza al hotel Princesa Yaiza, de 660 plazas, situado en la parcela B del Plan Parcial
Costa Papagayo, en Playa Blanca.
El TSJC corrige así nuevamente el criterio establecido por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que a finales de 2006
denegó la personación de la FCM en este caso al declarar extemporáneo el recurso
presentado por esta institución.
Además, el TSJC ha entrado en el fondo del asunto, declarando la nulidad tanto de la
primera licencia concedida por el consistorio de Yaiza al hotel Princesa Yaiza el 1 de
junio de 1998, como la posterior licencia concedida al proyecto de ejecución, el 10 de
enero de 2001.
Cabe recordar que la defensa jurídica del Ayuntamiento de Yaiza trató de impedir la
personación de la FCM en el pleito con unos argumentos que ahora han sido
rechazados de manera contundente por el TSJC, que cita en la sentencia: “Desde
luego, lo que no puede hacer esta Sala es presuponer y dar por acreditado que
funcionarios del Cabildo Insular, que son o fueron miembros de la Fundación César
Manrique, aprovecharon esa doble condición para informar a esta última de la
existencia de las licencias. [...] en lo que se refiere al ejercicio de la acción pública, que
es lo que examina la Sala, en modo alguno es posible inducir o deducir ese
conocimiento extraprocesal de la existencia de las licencias de obras impugnadas”.
En cuanto a la legitimidad de la FCM y el cumplimiento de los plazos legales para
presentar el recurso, el TSJC estima que “No cabe duda sobre la legitimidad de la
entidad actora ni sobre el ejercicio en plazo de la acción, al no constar que las obras
hubiesen finalizado con anterioridad al ejercicio de la acción”.
Entrando ya en el fondo del asunto, el TSJC vuelve a incidir en los argumentos de
anteriores sentencias, y respecto a la obligatoriedad del ayuntamiento de Yaiza de
solicitar al Cabildo el informe de compatibilidad con el PIOT, señala que “es un trámite
unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del
PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones urbanísticas incompatibles con
las determinaciones de ordenación establecidas por el planeamiento insular, como
dijimos, jerárquicamente superior a los instrumentos de planeamiento municipales”.
De esta manera, el TSJC es explícito al afirmar que la ausencia del informe de
compatibilidad con el PIOT no es un mero error formal subsanable, sino que
constituye un ataque al control legal establecido por el Cabildo Insular en materia de
contención del crecimiento turístico, por cuanto, a juicio del TSJC, “el informe es
precisamente la garantía de que la licencia se acomoda al planeamiento insular
jerárquicamente superior a la ordenación urbanística inferior, y la garantía, en
definitiva, del respeto a la legalidad urbanística, y, en definitiva, garantía de que el
ejercicio por el Ayuntamiento de sus potestades, en lo que se refiere a la concesión de
licencias, se adecua, según el Cabildo, a la legalidad urbanística”.
Como cita la parte final del fallo, “lo dicho es más que suficiente para estimar el
recurso y anular las licencias recurridas que se otorgaron obviando cualquier solicitud
al Cabildo de informe de compatibilidad, esto es, como si no existiese el Plan
Insular de Ordenación de Lanzarote, que establecía determinaciones sobre el
techo máximo edificatorio y de licencias urbanísticas para plazas alojativas turísticas de
los planes parciales de los núcleos turísticos”.
Con este fallo son ya catorce los recursos estimados a favor de la FCM, mientras que
las plazas turísticas anuladas en virtud de estas sentencias superan las 6.000.
Asimismo, la FCM traslada a la opinión pública que ha evacuado consulta a su
equipo jurídico para valorar las vías de ejecución de la sentencia que se abren
tras el pronunciamiento del TSJC, así como sobre "la oportunidad de comunicar a
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias la
situación ilegal de este hotel".