En relación con un posible caso de corrupción urbanística y alteración del catastro en el Ayuntamiento de Arrecife, la Juez del Juzgado de Instrucción Nº 8 de ese partido judicial ha comunicado al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que "dichas diligencias se incoaron en virtud de diligencias informativas remitidas por el Ministerio Fiscal en octubre de 2007 a raíz de una denuncia ante la Fiscalía, sin que hayan sido declaradas secretas en ningún estadio de la investigación".
Según la nota del TSJC, las diligencias se encuentran en fase de investigación. "Se ha tomado declaración a la denunciante y se está a la espera de recibir la documentación notarial y administrativa solicitada".
Como ya se informó en las páginas de este diario a raíz de varias noticias desveladas por ACN, el Juzgado número 8 de Arrecife investiga “un caso de corrupción municipal de gran importancia cuantitativa, tanto por el importe económico de los beneficios que se pudieran haber obtenido como del también importante número de personas involucradas".
Los hechos se remontan al año 2002 aunque las diligencias de la Fiscalía se incoaron el 4 de septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la ex alcaldesa María Isabel Déniz (CC) sobre irregularidades en la gestión del catastro. La denuncia se basa en un informe encargado por la propia regidora a Cristina Fernández, responsable del departamento de rentas. A su vez, el informe lo impulsó la denuncia pública del club de fútbol Altavista, ya que le disputaban la propiedad de un solar que le pertenecía.
De manera resumida, y según el escrito de la Fiscalía, los hechos son los siguientes: Se trataría de una trama dedicada a hacerse con fincas urbanas en Arrecife, cambiar su propietario tanto en el catastro (otorgando referencias catastrales ficticias) como en el Registro de la propiedad, posteriormente hacer segregaciones ilegales, aplicar linderos que no coinciden con la realidad, solicitar la licencia municipal correspondiente y venderlas a un tercero.
Todo esto, con la colaboración necesaria de funcionarios del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que los compradores y los vendedores de los terrenos son siempre los mismos.
