El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que permite la ejecución y obras del plan parcial Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, que prevé la construcción de unos 800 chalets en la localidad turística y pesquera del sur de Lanzarote.
La sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación interpuesto por la Fundación César Manrique contra las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza para la realización y ejecución de las obras de urbanización. La sala declara firme los autos emitidos en el 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde no aceptó las paralizaciones solicitadas al Alto Tribunal canario por la Fundación Manrique (FCM).
Según se recoge en el fallo del TS, conocido este miércoles, “las resoluciones impugnadas decidieron no suspender la aprobación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca ni la paralización de las obras
de la urbanización, del término municipal de Yaiza, Lanzarote”, se señala en los razonamientos jurídicos.
Anteriormente, el TSJC emitió una sentencia, ahora con este nuevo fallo judicial firme, donde da la razón al Ayuntamiento de Yaiza frente al recurso de la FCM.
Además, este Plan Parcial ya tenía a su favor otra sentencia del Tribunal Supremo del año 1996 donde exigía al Cabildo de Lanzarote su inclusión en el Plan de Ordenación del Territorio de Lanzarote.
Esta nueva sentencia del Supremo declara “la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Fundación César Manrique contra auto del 16 de julio de 2004, confirmado en reposición por resolución de 17 de noviembre de 2004, dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso nº 185/2004, resoluciones que se declaran firmes, con imposición de las costas al recurrente.
El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, señaló que este “nuevo fallo del Supremo aclara el posible camino que llevarán los otros recursos formulados sobre la Moratoria Turística de Lanzarote, donde por lo pronto dan la razón a este
Ayuntamiento”. Además, subrayó el edil, “el tribunal obliga a la Fundación al pago de las costas del proceso donde tendrán que abonar al Ayuntamiento cerca de 30.000 euros en concepto de gastos de abogados y procuradores”.
