Los ayuntamientos de Teguise y Arrecife han logrado una puntuación de 10 puntos en los portales de transparencia de Canarias que publica anualmente el Comisionado de Transparencia 'Canarias en Claro', organismo dependiente del Estado y que delega sus funciones en el Archipiélago a través del Parlamento de Canarias. Se trata de una valoración que se basa en distintos informes jurídicos y técnicos elaborados a raíz de ciertos parámetros y filtros que aplica dicho Comisionado tanto a universidades, como a cabildos, al propio Gobierno de Canarias y a los 88 ayuntamientos de las Islas.
En este caso las puntuaciones que acaban de ser publicadas son las correspondientes al ejercicio 2019.
Dentro de la isla de Lanzarote, a estos dos ayuntamientos -el primero cogobernado por Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Nueva Canarias (NC)-Somos Lanzarote, y el segundo con mayoría absoluta de Coalición Canaria (CC)- le siguen, por orden de puntuación, los consistorios de San Bartolomé (8,1 puntos sobre 10); Yaiza 7,78; Tías (7,58); Haría (7,23) y Tinajo (7,16).
En el caso de Teguise, el Ayuntamiento presidido por Oswaldo Betancort (CC) ha pasado de una nota de 7,52 a 10 entre 2018 y 2019. En relación al Ayuntamiento de Arrecife, el Consistorio presidido por Ástrid Pérez ha subido del 7,09 obtenido en 2018 al 10 en 2019.
El Comisionado de Transparencia
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es un órgano creado por la Ley de Transparencia de Canarias y dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito canario. En ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley ha de actuar con autonomía y plena independencia.
La regulación de este órgano se recoge en el título IV de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias. Se le atribuyen al Comisionado de Transparencia diversas facultades, entre las que se destacan dos principales: las de control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el título II de la Ley por los organismos y entidades sujetos a la misma (conocida como “publicidad activa”); y la resolución de las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia de Canarias.
La persona titular de este órgano es elegida por mayoría de tres quintas partes de los 70 diputados del Parlamento de Canarias, y para su revocación o cese es preciso el voto del mismo porcentaje de parlamentarios. Su mandato es de cinco años, renovable por una sola vez, y ha de ser elegido entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. En consecuencia, no tiene dependencia orgánica ni funcional del Gobierno de Canarias, Cabildos o Ayuntamientos sobre los que ejerce el control en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Para garantizar esa autonomía e independencia, el cargo de comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública o empresa, o con la afiliación a un partido político o sindicato.
Las administraciones y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley tienen el deber de facilitarle al Comisionado toda la información que les solicite, así como la obligación de prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones.
Junto al Consejo Consultivo de Canarias, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Diputado el Común, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información es uno de los cuatro órganos del sistema público canario que no tienen adscripción o dependencia del Gobierno de Canarias, al que controlan, sino que están vinculados al Parlamento de Canarias, ante el que rinden cuentas.
Solo una de cada 20 entidades públicas canarias no ha rendido cuentas sobre su transparencia en 2020
En el presente año 2020 no han presentado la declaración de transparencia al Comisionado de Canarias 14 (el 4,17 %) de las 336 organizaciones públicas isleñas; frente a las 62 que no lo hicieron en el ejercicio anterior. La reducción del incumplimiento es esta vez del 77 %, como viene sucediendo cada año desde que en 2016 se comenzaron a realizar evaluaciones a las entidades públicas. Esta progresión confirma que en Canarias se alcanzan los mejores ratios de toda España, donde este ejercicio de «transparencia sobre la transparencia activa» está poco extendido entre el sector público local, excepto en Cataluña y Castilla y León.
El cien por cien de las 98 instituciones principales (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) presentaron su autoevaluación de transparencia correspondiente al ejercicio de 2019; y también 224 (el 94 %) de sus 238 entidades dependientes (empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones, etc.).
