La Fundación César Manrique (FCM) ha informado este miércoles en nota de prensa a la opinión pública que el pasado 14 de abril le fue notificado Auto del Tribunal Supremo (TS), dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el que se inadmite el recurso de
casación planteado por la FCM contra el auto de 7 de marzo de 2013 del TSJC que acordó el archivo de las actuaciones del incidente de ejecución de la sentencia que anuló la licencia de obras y apertura, concedido por el Ayuntamiento de Arrecife a la entidad Parque Islas Canarias S. L.
En el Auto, explica la FCM, del que fue ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, contra el que no cabe recurso ordinario, se razona que “si contra la Sentencia de la que trae causa el auto impugnado no cabía recurso de casación [interpuesto en su momento por la sociedad Aparcamiento Parque Islas Canarias S.A.] tampoco cabe contra el auto
de ejecución recurrido, concurriendo la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.a) de la Ley Jurisdiccional”.
Asimismo, el Tribunal, en el razonamiento jurídico quinto, apunta que “al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139.3 de la citada Ley, fija en 1.000 euros la cantidad máxima a reclamar por cada parte recurrida por todos los conceptos”.
Con la resolución adoptada por el Tribunal Supremo, explica la Fundación, se cierra este incidente de ejecución de la sentencia que anuló la licencia del Aparcamiento Islas Canarias planteado por la Fundación César Manrique. La controversia jurídica entablada por la FCM se originó, esgrime la Fundación a modo de recordatorio, cuando el Ayuntamiento de Arrecife, en el año 2002, tomó la decisión de destruir el antiguo parque obra de César Manrique para construir un aparcamiento subterráneo privado de 917 plazas, en un procedimiento administrativo irregular que acabó siendo declarado ilegal por los tribunales.
