El subdelegado del Gobierno en Las Palmas asegura que "es falso" que José Morales contara con un plazo de 48 horas para abandonar el país
El subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, ha asegurado este fin de semana que "es falso" que activista uruguayo José Morales contara desde el pasado miércoles con un plazo de 48 horas para abandonar el país y ha precisado que "en absoluto hay manía persecutoria contra este señor, pero sí debe saber que debe someterse al imperio de la ley como cualquier otro ciudadano".
Molina indicó que el expediente administrativo continúa su cauce normal y que en la actualidad se encuentra en periodo de alegaciones, "a las cuales se dará la correspondiente respuesta, siempre dentro del marco del correspondiente expediente y con todas las garantías".
Asimismo, valora el trabajo realizado por el Cuerpo Nacional de Policía y recuerda que Morales se encuentra sujeto a un procedimiento judicial a parte, por atentado a la autoridad.
El pasado miércoles la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional comunicó a Morales que tenía un plazo de 48 horas para abandonar España, que ya se cumplió el pasado viernes al mediodía, momento en que Morales presentó in extremis sus últimas alegaciones para tratar de recurrir la decisión. Se trataba de una comunicación que recurrió ante la Delegación del Gobierno en Lanzarote, como paso previo antes de recurrir la medida ante el Juzgado.
Medio centenar de personas se concentraba este pasado sábado a las puertas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote contra el expediente de expulsión abierto al activista y las multas contra otros seis manifestantes contra las prospecciones petrolíferas. La concentración estaba convocada por Intersindical Canaria y el Movimiento Ciudadano Canarias dice no a las petroleras. Transcurrió de forma pacífica con consignas como "Libertad de expresión" o "democracia sí, dictadura no".
Los colectivos rechazan la expulsión del activista José Morales
Colectivos relacionados con los sindicatos, los derechos prosaharauis y formaciones políticas como Izquierda Unida, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo y EQUO-Canarias han manifestado su rechazo a la orden de expulsión del activista uruguayo ya que entienden que supone un atentado contra el derecho a manifestarse y que vulnera, además, el derecho a la presunción de inocencia.
Para estos colectivos, “resulta incongruente que la Delegación del Gobierno en la Isla emita dicha orden sin que se haya resuelto el propio expediente de expulsión por supuesta alteración del orden público y que se lo notificó el pasado 3 de abril y que se ejecuta, injustamente, esta medida sin dar la posibilidad de defenderse ni de exponer su versión de lo sucedido”.
Además, las asociaciones esgrimen que “se trata de una medida desproporcionada y con motivaciones políticas ya que los medios de comunicación locales y los testigos presenciales atestiguan que no hubo altercados ni daños o perjuicios durante la concentración; y que, ésta, se produce tras manifestarse frente a la sede del Partido Popular durante la visita del ministro José Manuel Soria”.
Destacan asimismo el arraigo del activista José Morales que lleva más de 10 años en nuestro país y es colaborador de asociaciones de inmigrantes, sindicales y en defensa de los derechos humanos.