La organización transformadora insular SOMOS LANZAROTE, "en coherencia con lo manifestado desde la fecha de la destitución del director de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz Bethencourt, el pasado 27 de junio, se satisface por el hecho de que los tribunales resuelvan el conflicto (laboral pero con repercusiones políticas) generado desde aquella fecha por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés".
Sin embargo, explican desde Somos este miércoles en nota de prensa remitida a Crónicas, "lamentamos que, una vez más, tengan que ser los tribunales quienes reviertan decisiones tomadas por San Ginés que, o bien incumplen la norma, o bien demuestran que este se extralimita reiteradamente en sus funciones como presidente, demostrando modales autoritarios en el ejercicio de su cargo".
Somos recuerda que, "como ya ocurriese con la anulación de la incautación de una desaladora en Montaña Roja, al sur de la isla, o cuando la juez que instruye el "caso Stratvs" tachó de inadmisible la intromisión del presidente en la remisión de documentos al juzgado", en esta ocasión "vuelven a ser los tribunales quienes tienen que recordar a San Ginés que, en un Estado de Derecho, la arbitrariedad no puede ser la norma en la toma de decisiones como responsable político de una institución".
Además, según señalan desde Somos Lanzarote, "se da la circunstancia de que, en todo los casos expuestos, son intereses particulares los que terminan beneficiándose de las decisiones improcedentes de San Ginés, por lo que desde SOMOS LANZAROTE nos reiteramos en lo expresado desde junio, cuando concluíamos que el actual presidente antepone los intereses privados de quienes lo patrocinan al interés general de Lanzarote".
"En medio, y hasta la fecha", añaden los asamblearios, "Pedro San Ginés ha puesto en juego la estabilidad institucional y la gobernabilidad de la Isla por una decisión improcedente y parcial, asistiendo al hecho rocambolesco de firmarse un pacto de gobierno que se rompía antes de echar a andar".
Por todo ello, desde Somos Lanzarote vuelven a reivindicar "una forma diferente de hacer política, en la que prime el interés general sobre los particulares, poniendo fin a episodios de despotismo y autoritarismo que no solo van en contra de principios democráticos sino, como apuntan los tribunales, de la propia legalidad".
