Tal y como había anunciado el día anterior, la plataforma sindical Sindicalistas de Canarias (SSCC) ha celebrado este viernes, 23 de abril, desde las 11 horas, una concentración frente al Cabildo de Lanzarote para exigir la incorporación de un trabajador de los Centros Turísticos. "Pongamos freno a la contratación irregular en las administraciones públicas. Las sentencias se dictan para cumplirlas. ETT= esclavitud del siglo XXI ", rezaba el lema de la convocatoria.
Tal y como SS CC ha venido denunciando durante la presente semana, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote no han readmitido a un trabajador que ganó el año pasado un pleito judicial contra la Empresa pública y que cuenta con una sentencia firme que ordena su regreso a la actividad laboral.
En el comunicado de prensa de esta semana del sindicato, rubricado por el responsable de la Comisión Ejecutiva de Sindicalistas de Canarias, Juan Luis Jiménez Camilleri, cuestionan el “sistema irregular de contratación eventual” llevado a cabo por la dirección de los CACT. En este caso, el trabajador en cuestión denunció a la Empresa pública por cesión ilegal de trabajadores y contratación en fraude de Ley tras encadenar 35 contratos seguidos.
“El pasado 26 de octubre 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó sentencia favorable a un trabajador que había demandado a los EPEL-CACT por cesión ilegal de trabajadores y contratación en fraude de Ley, sentencia que, a día de hoy, es firme por haberse agotado el plazo prescrito en la Ley para la presentación del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo”, señala el sindicato.
Versión de los Centros Turísticos
Por su parte, el consejero delegado de los Centros Turísticos, Benjamín Perdomo, ha ofrecido este viernes en Crónicas Radio-COPE Lanzarote la versión de la Entidad pública en esta denuncia de la citada plataforma sindical. "La denuncia se produjo en su día por una cesión ilegal de trabajadores. Nosotros entendemos, y la Justicia así le da la razón, que ha habido una cesión ilegal de trabajadores; lo que pasa es que ese trabajador en cuestión no es trabajador nuestro, con lo cual, entendemos que sí, que hay una cesión ilegal de trabajadores pero no es trabajador nuestro", ha afirmado Perdomo en declaraciones al programa 'A buena hora'. En versión del consejero delegado, "entendemos que la demanda tendría que haber sido por despido, y no por cesión ilegal de trabajadores".
Benjamín Perdomo ha explicado, además, que "es una sentencia que viene encadenada de la legislatura anterior, en la que la persona que interpuso la denuncia concatenó más de 35 contratos seguidos, pues esta era la forma de contratar de los anteriores gestores de la Empresa, con nombres y apellidos, Coalición Canaria, con Echedey Eugenio, José Juan Lorenzo y Pedro San Ginés al frente", ha manifestado Perdomo, que ha criticado que en los anteriores mandatos en el Cabildo "nuestros trabajadores estuvieran parados mientras ellos contrataban a través de ETT [Empresas de Trabajo Temporal]", y que ha dicho desconocer "qué intereses tenían por contratar a trabajadores a través de ETT".
Contrataciones eventuales
Sindicalistas de Canarias, por su parte, destaca que ésta “no es la primera vez que los tribunales nos dan la razón ante las diferentes demandas planteadas por los Servicios Jurídicos de Sindicalistas de Canarias”. Demandas y posteriores resoluciones judiciales que “cuestionan el sistema irregular de contratación eventual llevado a cabo por la Dirección de los CACT”, explican desde el sindicato en el referido comunicado de prensa.
Pasado el tiempo de admisión voluntaria del trabajador en su puesto de trabajo, cuyo periodo legal finalizó el pasado 14 de abril del presente año, “los CACT se resisten al cumplimiento de la sentencia, demostrando, una vez más, desprecio hacia las resoluciones judiciales que condenan a esta Entidad Pública Empresarial a formalizar los contratos eventuales en fraude de Ley en contratos indefinidos”.
“Desde Sindicalistas de Canarias hemos denunciado en diferentes ocasiones que esta modalidad de contratación fraudulenta, por la que han sido condenado en diferentes ocasiones los CACT, solo ha conseguido generar más precariedad laboral, sufrimiento e inseguridad en los trabajadores que han prestado sus servicios en los CACT a través de la ETT mediante la firma de 35 contratos o más, y que ha demostrado – así lo aclara la sentencia- que la actividad laboral de estos trabajadores es inherente a las propias necesidades productivas de la empresa”.
Las limitaciones que establece la Ley para la contratación en la Administraciones Públicas, no es argumento válido para justificar la vulneración de la Ley en materia contractual, lo que viene a demostrar: falta de previsión, rigor e irresponsabilidad en la aplicación de fórmulas de contratación que se ajuste al Derecho.
