El conocido caso Sosa, el que afecta al fichaje del que fuera portavoz de Coalición Canaria (CC), Juan Manuel Sosa, por el anterior Gobierno del Cabildo de Lanzarote que presidía la socialista María Dolores Corujo, está adquiriendo dimensiones que seguramente muchos de los actores que participaron en una operación que se urdió con el único y exitoso propósito de blindar a la líder del PSOE local no esperaban. Lo último tiene que ver con un demoledor informe jurídico firmado por la coordinadora de Contratación de Obras, Servicios y Suministros y directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo, Eugenia Torres, en el que queda claro que procede, una vez que ha analizado el expediente completo del asunto que se ha llevado a la Fiscalía del Supremo por el aforamiento de la también diputada nacional, elevar al Consejo de Gobierno Insular el decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de 30 de junio y el informe del director insular de Presidencia para su cocimiento y proponer al mismo órgano autorizar al presidente del Cabildo, el nacionalista Oswaldo Betancort, a tomar las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de la institución, entre ellas la posible elaboración de una querella.
La jurista expone de forma sencilla y breve las razones que le llevan a tener esa idea, toda vez que ha entendido la gravedad de un asunto sobre el que sobrevuela la posible comisión de varios delitos graves, como la malversación de caudales públicos, la falsedad documental o la prevaricación. Así, dice en los antecedentes que le llevan a la conclusión final de un documento al que ha tenido acceso este diario que una vez visto el informe del director insular de Presidencia, David Monte, en relación al decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, de 30 de junio de 2026, dictado en las diligencias de investigación relativas al denominado caso Sosa, y como propuesta de actuación institucional para la defensa del patrimonio del Cabildo Insular de Lanzarote, la situación “constituye un hito de extraordinaria gravedad institucional”.
Deja claro la jurista del Cabildo en su análisis que la Fiscalía no ha archivado las diligencias, toda vez, tal y como adelantó este diario, que aprecia indicios racionales de criminalidad que afectan a la anterior Presidenta del Cabildo y remite íntegramente lo actuado a la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por su actual condición de diputada del Congreso. “Además, el contenido del documento del fiscal confirma la especial relevancia penal del Decreto número 2021-5684, que aparece como el núcleo de una posible resolución administrativa arbitraria, dictada en un contexto de pérdida previa del presupuesto habilitante, advertencias de Intervención, inexistencia de acuerdo plenario y potenciales efectos económicos favorables al señor Sosa”, añade de forma inequívoca.
La letrada cree que la posterior utilización judicial de dicho Decreto por el médico Juan Manuel Sosa, calificándolo como documento de trascendental importancia para defender su derecho al cobro de haberes, refuerza el riesgo de que esa resolución pudiera ser empleada para intentar cargar al Cabildo Insular de Lanzarote cantidades próximas a 300.000 euros.
Por todo ello, determina que es imprescindible una reacción institucional inmediata, por lo que propone al presidente tomar conocimiento del Decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de 30 de junio de 2026; elevar el presente informe al Consejo de Gobierno Insular; proponer al Consejo de Gobierno Insular la adopción de acuerdo para el ejercicio de acciones penales por el Cabildo Insular de Lanzarote mediante querella o subsidiariamente denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en defensa del patrimonio público insular; y facultar a la Presidencia del Cabildo, a la Asesoría Jurídica y a los servicios competentes para la preparación, firma, presentación y seguimiento de cuantos escritos, documentos y actuaciones sean necesarios para la ejecución del acuerdo que se adopte”.
En sus fundamentos jurídicos recuerda que el artículo 60 de la Ley 3/2026 de 16 de julio de Cabildos Insulares establece en su letra p) enmarcado en las Atribuciones del Consejo de Gobierno, recoge “El ejercicio de acciones judiciales”. Asimismo, recuera que el artículo 64 del mismo texto legal atribuye al presidente en el apartado 1 b) “La representación del Cabildo Insular” y en la letra m) dice que “El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno y Consejo de Gobierno Insular, dando cuneta a los mismos para su ratificación”.
