Los todavía alcaldes de Teguise y Yaiza, Juan Pedro Hernández (CC) y José Francisco Reyes (PNL), respectivamente, declararán este martes a partir de las 9.30 de la mañana en el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife.
Ambos ediles acuden en calidad de imputados por la presunta concesión irregular de licencias urbanísticas en cada uno de sus municipios, según el informe elaborado por la Brigada Policial que estudia la concesión de permisos en estas localidades. La presencia ante la justicia de ambos ediles surge como consecuencia de la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, el socialista Carlos Espino, ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Así, será la jueza María Dolores García Benítez, responsable del caso, quien tome declaración a los dos alcaldes, cumpliendo de este modo con la cita suspendida el pasado 25 de mayo por las elecciones cuando los alcaldes acudieron a las urnas como candidatos a reeditar sus cargos. A pesar de la gran expectación que se ha generado en torno a este asunto, tanto Hernández como Reyes aseguran “sentirse tranquilos” y manifiestan que “si hay dudas lo mejor es aclararlas”, tal como explicaron a Crónicas fuentes cercanas a ambos ediles.
Mientras el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, acudió al Ayuntamiento en la jornada previa a la declaración, cumpliendo con sus compromisos como responsable público, el edil de Yaiza, José Francisco Reyes, se encontraba “fuera de la Isla”, aunque “acudirá al juzgado”, confirmaron desde su gabinete de prensa.
Como se recordará, el socialista Carlos Espino apoyó su denuncia ante el UDYCO en un informe jurídico elaborado por el letrado del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, responsable de los procedimientos judiciales emprendidos por la Primera Institución en defensa del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIO). Precisamente, como consecuencia de la denuncia, la Policía Judicial dio comienzo a una investigación a través de la que trata de acreditar la existencia de “una supuesta trama urbanística” para otorgar “una gran cantidad de licencias”. Aunque este extremo fue desmentido por los dos imputados, lo cierto que en el marco de las investigaciones policiales se llevó a cabo una intervención telefónica de los terminales de cada alcalde, mediante esta práctica se pretendió demostrar presuntas “responsabilidades penales” tales como “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o cohecho”. Aunque finalmente nada de esto pudo ser comprobado.
Así, dentro de lo indeseable del caso de las escuchas, los dos alcaldes se mostraron satisfechos porque “ha quedado claro que no se ha cometido alguna falta tal y como presumía Espino”, apuntó Hernández. “El que quiera tener esas escuchas las puede tener sin ningún problema. Si a don Carlos Espino le apetece conocer cuál ha sido mi trabajo a través del teléfono, pues está a su disposición”, dijo en su día el alcalde de Teguise.
Beneficios incalculables
La Brigada de la Policía Judicial, encargada de elaborar el documento, apuntó en su informe a que el objetivo de la presunta trama en los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, sería otorgar “una gran cantidad de licencias urbanísticas de forma irregular” al contravenir “abundantes preceptos legales”, una práctica que, según el documento, habría aportado “incalculables beneficios” a los promotores turísticos. En otro orden de cosas, cabe destacar que la mayor parte de las licencias concedidas en estos dos municipios fueron recurridas por vía administrativa por el Cabildo.
En este contexto, Hernández y Reyes deben enfrentarse hoy a las preguntas sobre supuestos delitos urbanísticos ligados a blanqueo de dinero que prepara la jueza que instruye el caso. Ninguno de los dos puede dejar de acudir a la cita, en la que se presume estará presente el fiscal anticorrupción Luis Río, ya que su ausencia podría derivar en detención.
