- "Si hubiéramos sabido que ese suelo era rústico o protegido, nunca habríamos comprado la casa", exponen algunos de los testigos, que denuncian el "tremendo linchamiento a que hemos sido sometidos durante estos 17 años"
Varios de los propietarios de las viviendas de La Bufona, en Arrecife, que han sido llamados a declarar en el juicio que se sigue por esta causa en los juzgados de la capital de Lanzarote, han responsabilizado este martes en la segunda jornada de la vista oral a los promotores por haber construido en suelo rústico.
Los actuales dueños de dichas viviendas han asegurado que ni el Ayuntamiento de Arrecife ni los propios promotores les advirtieron de los problemas que podrían tener al adquirir estas propiedades, y han acusado directamente al promotor y al constructor de 53 chalés en el Plan Parcial La Bufona, Federico Echevarría y Antonio Caro, respectivamente, de haberles engañado. "Si hubiéramos sabido que ese suelo era rústico o protegido, nunca habríamos comprado la casa", han expresado algunos de los testigos, que han denunciado en Sala el "tremendo linchamiento a que hemos sido sometidos durante estos 17 años y en los que se han dicho en prensa muchas falsedades".
También el ex fiscal jefe de Arrecife Miguel Pallarés, dueño de una de estas viviendas, ha asegurado en calidad de testigo mediante videoconferencia que el suelo sobrante de las fincas -que no aparece inscrito en el Registro de la Propiedad pero sí en el Catastro de Arrecife- no puede ser catalogado como de protección, tal y como establece la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) en el expediente incoado y que ordena la demolición de parte de lo construido, ya que el Ayuntamiento de Arrecife le concedió licencias de obras menor en el año 2001 -para levantar una pérgola y una barbacoa y pavimentar parte del suelo-. Pallarés ha alegado también que el Cabildo certifica en un "documento incontestable" que el Plan Insular de Odenación de Lanzarote, el documento aún vigente, del año 1991, no recoge dicho suelo como rústico ni de protección.
Con el comienzo de esta segunda sesión en el Palacio de Arrecife, este martes los letrados de la acusación particular, representada por la familia Murillo, que denunció hace 15 años la usurpación de sus terrenos y que pide 15 y 11 años de cárcel para Caro y Echeverría, respectivamente [ya que considera que los acusados también son responsables de los delitos de falsedad en documento público y estafa], han basado su estrategia en tratar de desmontar las versiones de ambos promotores, que este lunes declararon que en su día se firmó un contrato privado con los compradores en el que se les advertía de que no podían realizar obras en la parte trasera de sus casas, por un supuesto problema con la medición de los metros de las fincas que en teoría sería resuelto con un retranqueo.
Además, en esta segunda sesión ha quedado claro que, según el testimonio de algunos testigos, en algunos casos fue la propia empresa de Antonio Caro la que realizó el hoyo para la posterior edificación de una piscina en los terrenos objeto de denuncia, previo pago de una cantidad aparte de la que abonaban por la adquisición de las viviendas.
Por otra parte, varios de estos dueños de los chalés han declarado como testigos que la familia Murillo ofreció a cada propietario 2 millones de pesetas que, de haber sido aceptados, habrían servido para la retirada de la demanda.
Por su parte, los dos abogados defensores han tratado de exponer ante la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife que en ningún caso los propietarios conocían o sabían de la intermediación de la familia Murillo en estos litigios.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados al promotor y constructor de 53 chalés en el Plan Parcial La Bufona, en Arrecife, Federico Echevarría y Antonio Caro, respectivamente. Parte de las viviendas están en Suelo Rústico de Protección de Jable y urbano. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión por los delitos continuados de ordenación contra el territorio y desobediencia grave a la autoridad, pues están acusados de edificar más de medio centenar de viviendas, cuando tenían permiso para poco más de la mitad, con el agravio de que ocuparon presuntamente suelo rústico. El Ministerio Público, además, pide demoler parte de las casas edificadas ilegalmente.
Tras la segunda sesión del juicio este martes, hay también sesiones programadas para los próximos días 23 y 24 de noviembre.
