Los populares lanzaroteños se sumarán a la campaña antiokupación puesta en marcha por el Partido Popular (PP) en todo el territorio nacional contra este fenómeno del que la presidenta insular y parlamentaria, Astrid Pérez, hacía hincapié también esta pasada semana en una comparecencia en el pleno de la cámara regional.
Ástrid Pérez alerta este lunes en nota de prensa de que Canarias es la tercera comunidad donde más se han incrementado las denuncias e insiste en “la necesidad de poner en marcha medidas integrales que puedan frenar la okupación al tiempo que se reactivan los planes de vivienda pública que permita poner en el mercado viviendas a precios asequibles y que es competencia directa del Gobierno de Canarias”. En este sentido, Pérez recuerda que “en Lanzarote llevamos 20 años sin que se haya construido ni una sola vivienda de promoción pública”.
“La ocupación ilegal de viviendas es un problema real y muy grave, por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo la indefensión en la que están los propietarios de los inmuebles, que en muchos casos dependen de los ingresos que les generan estas propiedades”. “Precisamente, salvaguardar sus derechos y defender la propiedad privada son parte de los objetivos que pretendemos conseguir con el Plan Antiokupación que hemos presentado en el Congreso y que queremos que sea refrendado desde las instituciones locales a través de las mociones que presentaremos en cada uno de ellos”.
El Plan que consta de cuatro medidas fundamentales: la expulsión de los ocupantes ilegales en un plazo máximo de 12 horas; recuperar el delito de usurpación ilegal que derogó Zapatero; facultar a las comunidades de propietarios para que puedan impulsar acciones judiciales, y garantizar que los más vulnerables tengan acceso a las viviendas públicas.
De forma paralela, los Populares participarán activamente en la campaña nacional de recogida de firmas contra la ocupación ilegal de viviendas y la impunidad con la que están operando las mafias. Las propuestas del PP incluyen además que los okupas no puedan empadronarse o que la ocupación con violencia se sancione con penas de uno a tres años de prisión y penas de tres meses a un año, en caso de incitación.
