El alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, deseó este miércoles en el programa “El Despertador” de la 95.8 que los intereses del Ayuntamiento capitalino “no se vean afectados” ante una posible sentencia condenatoria a favor de Pío Coronado. Cuestionado por la posibilidad de que existiese una sentencia desfavorable al Consistorio, el primer edil manifestó que “una cosa puede ser condenatoria de muchas formas distintas; es decir, alguien puede interpretar que una sentencia es a su favor y no lo es tanto, habría que ver la sentencia para poder hablar”.
Como se sabe en el año 1997, el Ayuntamiento de Arrecife autorizó la puesta en funcionamiento de un supermercado con 1.755 m2 de superficie de venta en el polígono industrial de Valterra a la empresa “Teguise Alimentación S.L.” bajo la marca “Spar”.Poco después de la puesta en funcionamiento del supermercado, la empresa titular del mismo lo vendió a “Pío Coronado S.A.”, la cual obtuvo el 26 de noviembre de 1999 del consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias una “licencia comercial específica” (autorización necesaria para la instalación y ampliación de grandes superficies comerciales) que autorizó la ampliación de la superficie de venta del supermercado hasta 6.500 metros cuadrados.
En los meses de enero y febrero del año 2000, la empresa Pío Coronado S.A. solicitó licencia de obras y de apertura para la construcción de un gran Centro Comercial situado sobre la parcela ocupada por el supermercado y la colindante, dentro del cual se emplazaría el nuevo supermercado ampliado y otros 70 locales comerciales.
Sin embargo, dichas licencias fueron denegadas por el Ayuntamiento en septiembre de ese mismo año, tanto por “la inobservancia de los requisitos establecidos en el Plan Insular para la instalación de grandes superficies comerciales como, fundamentalmente, por la incompatibilidad del proyecto con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife”, al no permitir la ordenanza reguladora de la zona industrial de Valterra la instalación de un Centro Comercial en dicho suelo. Esos actos municipales fueron recurridos por la empresa ante el propio Ayuntamiento, cuyo Pleno los desestimó el 8 de mayo de 2001, poniendo a continuación un pleito ante los tribunales de justicia.
Pérez Parrilla recordó en este sentido que en aquel entonces era presidente del Cabildo y Manuela Armas alcaldesa de Arrecife y que la posición de la Primera Institución era de “acuerdo con que esa gran superficie, de 36 mil metros cuadrados, iba a generar allí una serie de problemas y que, efectivamente no estaba clara la clasificación del suelo; la posición del Cabildo es que había que estudiar las posibles repercusiones, que no era definitiva pero sí que recomendaba que se denegara, desde el punto de vista medioambiental y del tráfico nos parecía que era cuanto menos complicado”.
Por otra parte, manifestó que “no sé qué defensas utilizó el Ayuntamiento en su día al margen de la concepción general de que iba a ser un trastorno y no es tan fácil pasar de una zona industrial a una zona comercial sin que se modifiquen los planes generales; esperemos que los intereses del Ayuntamiento no se vean afectados”.
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