El portavoz del PNL en el Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas.
El portavoz del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) en Arrecife, Pedro de Armas, aseguró este martes que es imposible prolongar el tiempo de protección del Catálogo de Bienes Inmuebles de la capital lanzaroteña, tal y como acordó el nuevo Pleno del Ayuntamiento en la última sesión ordinaria celebrada.
En declaraciones a El Despertador, de la 95.8, De Armas explicó por un lado que, según el informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento para la toma de dicha decisión -que fue entregado una hora antes del pleno- “con la suspensión facultativa de licencias en el procedimiento de ampliación del catálogo municipal sería posible ampliar el periodo de licencias de parcelación, edificación y demolición relativa a los bienes incluidos en el nuevo catálogo por otro año más”. Sin embargo, agregó el concejal del PNL, “la suspensión de licencias no puede conllevar dos años de duración, tal y como se dice bien claro en el decreto de Reglamento de 2005, en su ley 1/ 2000 del 9 de mayo”.
Por lo tanto, según la tesis del portavoz del PNL, si el primer decreto para la prorrogación se firmó de 2005 a 2006, “cuando se produjo la aprobación inicial y se suspendieron nuevamente las licencias”, entonces ahora los 69 edificios capitalinos dejarán de perder esa categoría de bienes protegidos a partir del próximo 6 de julio pues “la suspensión de licencias no puede prorrogarse por más de dos años”. En caso contrario, es decir, si el período válido se entendiera como el que comienza el próximo viernes, entonces “quienes hayan presentado un contencioso contra alguna de las dos últimas prórrogas ganarán en los tribunales”, explicó, alegando que si ahora vuelve prorrogarse la suspensión de licencias de derribo del catálogo histórico de Arrecife, entonces no sería válido bien la de 2005 o bien la de 2006.
Matices
No obstante, la ex concejal de Urbanismo de Arrecife, Nuria Cabrera, ya matizó en mayo de 2006 la alarma de la oposición, por los 120 inmuebles que salieron del Catálogo de Bines Inmuebles Protegidos de Arrecife, diciendo que el Consistorio no tenía entonces Catálogo sino un inventario de viviendas a proteger. De esta manera, la teoría del PNL y Pedro de Armas podría quedar desmontada.
“O está mal el decreto de 2005 o está mal el informe de paralización de ahora”, subrayó, “ya que una aprobación inicial como la de 2006 lleva implícita una paralización de licencias automáticamente”, precisó. Y ello a pesar de que el nuevo plenario del Ayuntamiento había priorizado la inclusión de este único punto en la sesión plenaria urgente del pasado jueves, precisamente para evitar cualquier tipo de vacío legal que permitiese despertar picarescas por los que quieren especular o hacer negocio de la venta y reconstrucción de estos espacios.
Tanto Alternativa Ciudadana (AC-25M), como Partido Popular (PP) y PNL defendieron esta medida, aunque le pidieron al alcalde, Enrique Pérez Parrilla, un estudio de campo que determine si deben incluirse nuevos inmuebles y si los 69 actuales cuentan con el grado de protección suficiente en cada caso. A juicio del PNL, al catálogo de bienes inmuebles histórico reactivado por al nuevo Pleno del Ayuntamiento en la última sesión ordinaria le sobran todavía algunas construcciones “que no poseen valor de ningún tipo”.
De Armas reconoció que la medida adoptada por el Pleno era positiva al reactivar la protección sobre edificios con valor histórico y arquitectónico de la ciudad, pero aún así, insistió en que hay inmuebles incluidos como los de la calle Cien Fuegos, Brasilia o Jacinto Borges con los que “nadie se va a dedicar a gastarse millones y millones en su recuperación”.
Coalición Canaria, por su parte, exigió que el grupo de gobierno explicase por qué no se había contado con un informe técnico del Ayuntamiento en su momento adecuado para este asunto, mientras que desde el PP se incidió en una idea similar recordando que fue el anterior grupo de gobierno el que elaboró este catálogo sin el informe preceptivo de Patrimonio del Cabildo, una de las razones por las que asegura que desde este departamento se considera el inventario de protección “una chapuza”.
