lunes. 04.07.2022
La titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife admite que durante ese periodo no se sustituyó a la persona que debía tramitar los informes para que arranque el proceso

Nuevo retraso en el caso de La Bufona por una baja no cubierta de un funcionario durante más de diez meses

Imagen del interior de los juzgados de Arrecife.
Imagen del interior de los juzgados de Arrecife.

Normalmente se dice eso de que la justicia es lenta pero no se fundamenta. Las excusas son de lo más variopinto. Lo que está constatado es que los litigios se eternizan en los tribunales y en ocasiones por cosas que se podrían evitar. Es lo que ha sucedido en estos días cuando la oficina del Diputado del Común ha contestado a la queja que interpuso el ciudadano Gonzalo Murillo por la dilación indebida del conocido caso de La Bufona, la urbanización de Arrecife que está construida en parte en unos terrenos de su propiedad. Lo curioso, según ha explicado el propio afectado a este diario, es que la contestación que le ha dado a Rafael Yanes el tribunal que lleva el caso lejos de dejarle tranquilo le ha dejado más preocupado de lo que estaba y con muchas más preguntas en la cabeza. La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, Margarita Gómez Martín, ha reconocido a la Diputación del Común que se ha producido un retraso durante casi 10 meses, el periodo trascurrido desde el 20/07/2021 al 05/05/2022, por "no haber estado cubierta la plaza del funcionario encargado de su tramitación por encontrarse de baja por un largo periodo sin que según se me informa fuere nombrado un sustituto ni repartidos los asuntos a otra persona con la consiguiente paralización de las causas". Es decir, que el encargado en el Juzgado de tramitar los temas, no sólo el de La Bufona, cogió una baja de larga duración y no enviaron ni colocaron a un sustituto que pudiera sacar adelante el trabajo en la capital de Lanzarote.

Murillo cree que “es curioso que el proceso penal de La Bufona que reconoce la magistrada que ha estado paralizado durante casi un año, se haya comenzado a mover el pasado 2 de mayo, fecha en la que se dicta el auto de admisión de prueba y posterior señalamiento mediante Diligencias de Ordenación de fecha 05/05/2022, justo tres días después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)  haya incoado expediente de queja en el Sistema de Gestión Gubernativa número 10/2022 con fecha 29/04/2022 para que se investigue la situación de dicho proceso penal”.

“También es llamativo que la magistrada, en el auto de admisión de pruebas de 02/05/2022 del proceso penal de La Bufona, admita las pruebas solicitadas por el Ministerio Fiscal, admita las pruebas solicitadas por los imputados, admita las pruebas solicitadas por los propietarios de las viviendas construidas ilegalmente en La Bufona pero al parecer deniegue las pruebas solicitadas por el titular del suelo rústico de protección ecológica El Jable sito al norte de la C/ El Chabusquillo, sobre el que se ha construido ilícitamente”, añade Murillo.

Después de la contestación al Diputado del Común el vecino afectado por la construcción de esta urbanización, que lleva décadas buscando que se haga justicia, se plantea varias preguntas: “¿Cuántos procedimientos aparte del de La Bufona se han visto paralizados por la baja de este funcionario? ¿Quién es el responsable de cubrir la plaza de este funcionario por estar de baja? ¿Quién era el competente para cubrir la baja del funcionario y no lo hizo? ¿No sería en último término el responsable de la paralización de los procesos que tendría que tramitar el mentado funcionario de baja? ¿Esta paralización durante casi un año del proceso penal de La Bufona ha supuesto la caducidad de dicho proceso penal?”, plantea como interrogantes con la nueva información que le han trasladado.

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