El titular registral y catastral de los terrenos urbanos y rústicos del Plan Parcial La Bufona, en Arrecife, Eduardo Murillo, ha interpuesto estos dçias una denuncia ante la Fiscalía provincial de Las Palmas reclamando que se ejecuten las órdenes de derribo que pesan sobre varias viviendas de esta zona de la capital de Lanzarote.
En su escrito, Murillo asegura que desea "evitar que se continúe cometiendo un aparente delito de prevaricación administrativa" al no ejecutarse las órdenes de derribo de parte de las viviendas de La Bufona, en Arrecife, que invaden suelo rústico.
Murillo reclama así "la misma justicia para todos" e insta a la APMUN, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, a derribar dichas viviendas, al igual que se le exige a Josefa Hernández en Fuerteventura.
“No parece que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural actúe conforme a la ley si a unos privilegiados se les permite construir ilegalmente y ni se les sanciona, si se ejecutan las resoluciones firmes emitidas hace años de demolición que afectan a sus viviendas”, afirma el denunciante en relación al histórico pleito de estas viviendas.
En la denuncia se compara el caso de las viviendas de La Bufona, construidas en parte sobre suelo rústico de protección de jable, con el de la “conocida como abuela de Fuerteventura”, Josefa Hernández, quien fue condenada a seis meses de prisión y a demoler la ampliación de su vivienda levantada en suelo rústico protegido.
Murillo, que es “titular registral y catastral de los terrenos urbanos y rústicos de La Bufona que están ocupados por construcciones ilegalizables”, destaca que entre ellas se encuentra la de Ástrid Pérez, presidenta insular del PP, diputada autonómica y concejal en Arrecife, “sobre la que pesa resolución firme de demolición emitida por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural” en febrero de 2013.
“Pero al contrario de lo que ha ocurrido con Josefa Hernández, a los propietarios de viviendas ilegalizables” en La Bufona, “no se les ha procesado por construir sobre suelo rústico de protección” a pesar de que desde le Apmun “les imputan” la “autoría” de “muchas obras ilegalizables acometidas sobre suelo rústico protegido” después de haber comprado las viviendas a la promotora Brisa Inversiones.
