- La jueza considera a Miguel Martín autor de un delito de denuncia falsa, por el que le condena a una multa de 21.600 euros y a indemnizar a los denunciantes, Esteban Cabrera y su esposa, Vicenta Hierro, con 6.000 euros por daños morales
Miguel Martín Betancort, ex alcalde de San Bartolomé, ha sido condenado a una pena de dos años de prisión y otros dos años de inhabilitación como “autor penalmente responsable de un delito de falsedad en documento privado”.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número Tres de Arrecife señala que en la transacción de una finca propiedad de la familia de Esteban Cabrera llevada a cabo en el año 2000 se “altera de forma fraudulenta” una cantidad de pago en un recibo de la compra-venta. Según el escrito de la jueza, Martín imputó un delito de falsedad documental y estafa en una denuncia a Esteban Cabrera y su mujer, Vicenta Hierro, por un contrato para la compra-venta de una finca de su propiedad y cuyo trámite nunca se culminó.
El procedimiento fue archivado pero se abrió causa contra Miguel Martín, pasando los acusados al lado de la acusación y Miguel Martín a la parte acusada.
Por ello, además del delito de falsedad en documento privado, el alcalde de San Bartolomé hasta las pasadas elecciones de mayo de este año ha sido condenado también como autor de “denuncia falsa”, delito por el que tendrá que hacer frente a una multa de 21.600 euros -24 meses a razón de 30 euros diarios, con posibilidad de un día de privación de libertad “por cada dos cuotas diarias no satisfechas”-, y también deberá indemnizar a la acusación, Esteban Cabrera y Vicenta Hierro, con 6.000 euros por daños morales. Esteban Cabrera, que fue también hace años alcalde de San Bartolomé, introdujo precisamente a Martín Betancort en el mundo de la política.
Hechos probados
El matrimonio denunciante era propietario de una finca que Miguel Martín quiso adquirir. El ex alcalde entregó por adelantado 800.000 pesetas de los 15 millones en que se había pactado la transacción de la propiedad. Sin embargo, la sentencia dice que es un hecho probado que Martín añadió un “9” a esa cantidad -que detalló también en letras- en el (recibí o compraventa) suscrito entre las partes para dejar constancia de que se había entregado 9.800.000 pesetas.
Según la versión de la familia Cabrera, originarios de Fuerteventura, intentaron, hasta en dos ocasiones, devolverle el dinero Miguel Martín, pero éste no lo aceptó. Sin embargo, en el año 2000 éste interpuso la denuncia y presentó el documento donde aparecía la cantidad de 9.800.000 millones, en vez de las 800.000 pesetas que asegura el matrimonio que les había entregado.
Al final, la familia propietaria de la finca, ante el “desinterés” mostrado por Miguel Martín en dar fin a la transacción y la imposibilidad de comunicarse con él, decidió vender la finca a otro comprador, quien les abonó 25 millones de pesetas.
Al final del proceso, sin embargo, esa denuncia se volvió en contra del propio denunciante. El Juzgado entendió que el documento había sido “alterado de forma fraudulenta” y que lo que perseguía era que se condenase al matrimonio a sabiendas de que su denuncia “no se ajustaba a la realidad”. Ahora, tras la sentencia condenatoria en primera instancia, que no es firme, Miguel Martín tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Martín ha negado siempre los hechos
La Fiscalía solicitó en enero de este año para el ahora condenado un año y medio de prisión. Entonces Martín no sólo negaba tales hechos sino que mostraba sus dudas sobre la aparición de la noticia en sí, sobre el hecho de que un asunto que se remonta a hace más de siete años apareciera en enero, a sólo cinco meses de que se celebraran las elecciones locales y regionales. Entonces Martín se mostraba absolutamente convencido de que al final se demostraría que era él a quien le asistía la razón en un contencioso que se inició precisamente por una denuncia suya.
“La finca se compró en el año 99 por 15 millones de pesetas sin que se pudiera hacer la escritura en el mismo día; se hizo un documento en el que se determinó que yo entregaba 9.800.000 pesetas como adelanto del pago. Pasó el tiempo, alguien ofertó más y la finca fue vendida. Es decir, que fui yo el que puse la denuncia por el tema de la finca por el que ahora se dice que la Fiscalía me pide un año de cárcel”, explicaba el todavía alcalde. “Eso sí, le aseguro que tengo la conciencia más que tranquila, aunque me extraña que a cinco meses de las elecciones esté saliendo un asunto judicial que parecía dormido. Es algo que no entiendo bien. Lo que he hecho lo he hecho con sensatez y con la mayor honradez del mundo”, agregaba.
El juicio oral se tuvo que suspender en reiteradas ocasiones hasta el pasado 2 de julio, cuando finalmente se celebró. El matrimonio, de avanzada edad, ha pasado “8 meses de instrucción en el procedimiento de diligencias previas, como consecuencia de la denuncia interpuesta por Martín”.
El que hasta ahora en esta legislatura ha desempeñado la labor de portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de San Bartolomé no había asistido a los dos últimos plenos. Y es que en la calle existían rumores de que por ciertas razones abandonaría el Consistorio.
