Este miércoles, primero de junio, se realizará la última sesión del juicio que se está desarrollando en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife por la incautación de la desaladora que la empresa Club Lanzarote S.L. gestionaba en el Plan Parcial de Montaña Roja, en el municipio de Yaiza. La jueza titular de esa sala, María Luisa Moreno, será la encargada de dictar sentencia sobre la actuación del ex presidente del Cabildo Pedro San Ginés, el ex secretario de la institución Francisco Perdomo y ex gerente del Consejo Insular del Agua José Juan Hernández Duchemín. Los acusados se enfrentan a una condena de hasta 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El proceso judicial finalmente se inició el pasado 24 de mayo tras rechazar la jueza a los tres abogados de la defensa su solicitud de suspensión atendiendo al hecho de que ya se había rechazado por órgano competente y que a pesar de no contar con acusación de la empresa afectada ni con calificación particular del Ministerio Fiscal se sostenía el caso con la acusación popular, ejercida por los ex consejeros de Podemos en el Cabildo Carlos Meca y Pablo Ramírez.
Entre los diferentes testimonios que se realizarán este miércoles cabe destacar el del abogado Ignacio Calatayud, quien trabajara para Canal Gestión y el Cabildo de Lanzarote durante la incautación de la desaladora y que está siendo investigado con San Ginés en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la capital lanzaroteña por su participación en la fase final de la concursal de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), y del ex ministro y ex Diputado del Común Jerónimo Saavedra, que durante los años analizados realizó varios requerimientos a la máxima institución insular llegando incluso a amenazar con poner en conocimiento de la Fiscalía los problemas que estaban teniendo con la desaladora en el caso de que no se tomara ninguna medida. De hecho, Saavedra llegó a decir en el programa "A buena hora" que dirige y presenta el periodista Alfonso Canales en Crónicas Radio-COPE Lanzarote que el caso del abastecimiento de agua en esa zona del sur de Lanzarote era el peor y el más complejo que se había encontrado en su etapa como defensor de los derechos de los ciudadanos del Archipiélago.
