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El consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, indicó hoy que el Ejecutivo aplicará con justicia los criterios establecidos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que le condena a abonar al Cabildo de Lanzarote una nueva liquidación de los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte del año 2001, porque en su día el Ejecutivo cobró de más en los gastos de gestión.
La sentencia también obliga al Gobierno a pagar al Cabildo de Lanzarote una cantidad en compensación por la disminución de ingresos por la desaparición del Arbitrio a la Producción en Importación en Canarias (APIC). Los cabildos sostienen que se sigue adeudando una parte de la cantidad pactada en su momento Gobierno y cabildos para hacer que la pérdida de ingresos por la desaparición de ese impuesto fuera paulatina.
Mauricio, en respuesta a una pregunta del diputado del grupo de Coalición Canaria (CC), Juan Carlos Becerra, apuntó que el Ejecutivo hace una valoración positiva de la sentencia, que recordó no ha recurrido, como tampoco lo ha hecho con las dos que dan la razón al Cabildo de Fuerteventura y obligan al Gobierno a pagar a la Institución insular porque los criterios de población sujetos al reparto del REF no se ajustaban a las cifras reales.
Respecto al criterio de población, Mauricio apuntó que la resolución de la Viceconsejería de Economía y Hacienda se hizo en base a un real decreto del Estado en el que establecía un criterio de población con datos del 31 de diciembre, mientras que la sentencia dice que hay que contar en el periodo exacto en el que recurren ambos cabildos.
El consejero indicó que el Gobierno no ha recurrido esa sentencia y se están abonando las cantidades, pero aclaró que no a costa del Gobierno canario, sino que conforme a ese criterio de población fijado hay cabildos que recibieron más, por lo que se está trasvasando recursos en las nuevas liquidaciones establecidas. Mauricio apuntó que hay un nuevo recurso del Cabildo de Fuertenventura “que nosotros aceptaremos” y que también se hará el trasvase.
Así, insistió en que el tema de los criterios de población no se va a recurrir, mientras que apuntó que sobre los gastos de gestión se está haciendo un estudio técnico, conforme al que se adoptará a una decisión e insistió en que se adoptará un criterio de justicia.
Sobre la compensación de los gastos de la APIC, indicó que el Gobierno de Canarias estaba obligado a esa disminución como consecuencia de las decisiones de la UE y generosamente decidió compensar.
El diputado del grupo de Coalición Canaria (CC), Juan Carlos Becerra, valoró la decisión del Ejecutivo de no recurrir la sentencia del TSJC y apuntó la sentencia es enormemente contundente contra la resolución del viceconsejero en la línea de computar gastos de gestión del impuesto y dice que la Comunidad Autónoma ha tenido enriquecimiento injusto de 8,8 millones de euros.
Becerra valoró la disposición del Gobierno a pagar en esos términos de la sentencia y reclamó que también les sea abonada la diferencia que hayan dejado de percibir a todos aquellos cabildos.
