La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y el ex secretario del Ayuntamiento capitalino, Felipe Fernández Camero, han sido citados a declarar en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, el próximo 24 de octubre, a instancias del Ministerio Fiscal por el sonado caso de la urbanización La Bufona. Gonzalo Murillo, propietario de 8.060 metros cuadrados en la zona, había denunciado la construcción de obras supuestamente ilegales con el beneplácito de los responsables del Consistorio.
Fernández Camero firmó como secretario del Ayuntamiento, con fechas 19 de enero y 7 de abril de 1999, las concesiones de licencias de obras para ejecutar viviendas unifamiliares aisladas, que previamente habían sido aprobadas por la Comisión de Gobierno con fechas de 11 de enero y de 29 de marzo de 1999. Murillo precisa que las concesiones de licencia de obras para ejecutar viviendas unifamiliares aisladas, firmadas por Fernández Camero, situadas en las parcelas A-1, A-2, B-1 y B-2, son para ejecutar 16 viviendas unifamiliares de poco más de 90 metros cuadrados cada una. Y en la parcela B-4, para ejecutar 4 viviendas unifamiliares aisladas de 94 metros cuadrados cada una. Sin embargo, Murillo subraya que contraviniendo el planeamiento vigente de La Bufona, que no es otro que la modificación puntual de este plan parcial, desarrollada por la mercantil Brisa Inversiones del funcionario del Ayuntamiento de Arrecife Francisco Carmona, explícita que en las parcelas A-1, A-2, B-1, B-2, B-3 y B-4 ya no se pueden levantar viviendas unifamiliares aisladas, sino apartamentos adosados.
Propietarios señalados por Murillo
Murillo destaca que una de las viviendas unifamiliares aisladas situada en la calle El Chubasquillo, que tiene que tener una superficie construida de 91 metros cuadrados aproximadamente, según las licencias firmadas por Fernández Camero, actualmente se está vendiendo por 480.810 euros y consta de una superficie construida de 275 metros cuadrados, con piscina, sauna, sala de gimnasia, cinco dormitorios y tres baños, entre otras comunidades. Murillo además asegura que entre los propietarios de estos grandes chalets de alrededor de 200 metros cuadrados construidos, que deberían ser apartamentos adosados de 92 metros construidos, está Delia Fernández Fernández, sobrina de Felipe Fernández Camero y casada con el fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés Rodríguez. Murillo también dice que otro propietario de un chalet es Celestino Mendizábal, notario otorgante de las escrituras de las viviendas situadas en la calle Chubasquillo. Las viviendas, agrega, ocupan una parcela aproximada de 600 metros cuadrados, muy superior a los 384 metros de parcela que constan en las escrituras otorgadas por el notario Mendizábal.
Asimismo, Murillo señala que la consejera del Partido Popular del Cabildo, Astrid Pérez, es propietaria de otro chalet, “que al igual que las viviendas unifamiliares aisladas de Miguel Pallarés y Celestino Mendizábal, no paga contribución urbana al Ayuntamiento de Arrecife, al estar omitida de la base de datos del Catastro”.
Relación con Maneje
Murillo desvela que los promotores de la empresa Yaide S.A, que ha sido fundada por Francisco Carmona, construirán cerca de 1.000 viviendas en el plan parcial Jardín de Maneje, con una inversión que ronda los 140 millones de euros. “Los promotores (Francisco Carmona y Federico Echevarría) son los mismos que han desarrollado esta multitud de viviendas ilegalizables en La Bufona, construidas sobre suelo rústico protegido, sobre zonas verdes, sobre viales y sobre aparcamientos.
Piden 80.000 euros a Murillo
Miguel Pallarés se querelló contra Gonzalo Murillo y la Justicia admitió la demanda. Ahora Murillo espera que lo llamen del Juzgado para el juicio, aunque ya se le ha pedido una fianza de 80.000 euros, además de los tres años de prisión que solicitó el demandante. Para Murillo la fianza es totalmente desproporcionada.
