El secretario general del Partido Socialista (PSC-PSOE) en Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, presentó el pasado viernes sus alegaciones en respuesta al expediente abierto por el Colegio de Abogados de la Isla, después de que la institución agotara al pasado 6 de julio el plazo máximo para dar respuesta a las diligencias abiertas seis meses antes tras la denuncia de Gonzalo Murillo, que acusa a Fajardo de incurrir en un supuesto caso de incoimpatibilidad entre sus funciones públicas como vicesecretario primero del Cabildo, y privadas como letrado.
A pesar de que las alegaciones del líder socialista en la Isla fueron entregadas a la instructora del caso y a la secretraria, y registradas en el Colegio de Abogados el pasado viernes, el propio Murillo denunció ayer que de momento no se le ha dado traslado de las mismas para que, a su vez, él mismo a continuación disponga del pertinente plazo máximo de días para contestar a dichas alegaciones.
El propio Murillo reconoció que fue el vicedecano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Rafael Domínguez Swartz, quien le había confirmado por teléfono que las alegaciones de Fajardo están registradas desde el pasado viernes.
A juicio del denunciante, la pretensión de Fajardo y del colectivo de letrados podría ser “eternizar” el actual proceso, aunque en este caso el denunciado ha reiterado en varias ocasiones que él es el primer interesado en que todo este asunto, en el que niega tajantemente la acusación, se esclarezca cuanto antes.
Manuel Fajardo Palarea preparó con celeridad su defensa para hacer frente al expediente. El vicepresidente primero del Cabildo podría, como pena máxima, ser incluso expulsado del Colegio de Abogados, aunque habrá que esperar a que el Colegio se pronuncie para conocer el dictamen final.
Sin embargo, cabe recordar que “la incoación de este expediente disciplinario no supone a priori sanción digna de reproche”, tal y como especificó Fajardo y tal y como se recoge en el expediente, pero sí podrían detraerse del mismo incluso faltas de carácter muy grave que derivarían en su expulsión del órgano colegiado.
El decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, se abstuvo en la votación del expediente de Manuel Fajardo, tal y como confirmó este martes a este diario.
En respuesta a la llamada de Crónicas, Torres Stinga prefirió no pronunciarse sobre el asunto, un tema del que dijo no tener conocimiento y del que se había desvinculado por completo “por razones obvias”.
La razón, según expuso una fuente consultada, no es otra que el decano del Colegio de Abogados ejerce como defensor del fiscal jefe en Arrecife, Miguel Pallarés, quien se querelló contra el propio Murillo por presuntas calumnias por el caso de La Bufona.
Tal y como se desprende de la ponencia a cargo del letrado Gustavo Falero Lemes y la resolución emitida por el vicedecano del Colegio de Abogados, Rafael Domínguez Swartz, la Junta de Gobierno del órgano colegial entendió el pasado 6 de julio que la mejor vía para aclarar si se produjo esa incompatibilidad de funciones era la apertura de un expediente administrativo.
El líder socialista lanzaroteño, que aseguró que Murillo tiene todo el derecho del mundo a denunciarle y él la obligación de acatar la resolución definitiva, insistió en que respetatía totalmente la decisión final del Colegio.
