La jefa de Contratación del Cabildo insular de Lanzarote ha comparecido este lunes ante el Pleno insular para explicar cómo se elaboró en su día el expediente de contratación de Fitonovo, la empresa afectada por la investigación abierta por la juez andaluza Mercedes Alaya en torno al presunto pago de comisiones a funcionarios y políticos a cambio de beneficiar a la mercantil y que ya alcanza al Gobierno de Canarias y dos cabildos: el de Lanzarote -cuyo consejero Sergio Machín fue detenido- y el de Gran Canaria. La Guardia Civil encontró correos electrónicos enviados desde la delegación de Fitonovo en Gran Canaria en los que se alude al pago del “impuesto revolucionario”.
Según ha relatado ante el Pleno la responsable de Contratación de la Primera Corporación insular, el expediente en sí no cuenta con ninguna irregularidad o síntoma anómalo. Fuentes de la oposición del Cabildo han afirmado a este diario que "es lógico" que el expediente se redactara correctamente, pero han mostrado su desacuerdo con que quien compareciera este lunes en Pleno fuera la jefa de Contratación y no el propio presidente, Pedro San Ginés, como habían reclamado desde la oposición insular. Tampoco el consejero aludido por el caso, el portavoz de CC en la Corporación, Sergio Machín, se ha pronunciado al respecto ni ha intervenido en la sesión plenaria de este lunes.
Cabe recordar que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, levantó el pasado viernes el secreto del sumario de la operación Enredadera, que llevó a la detención de una treintena de personas en varias provincias, con dos detenidos en Canarias -en Lanzarote, el consejero cabildicio de CC Sergio Machín, y en Gran Canaria A.T., delegado de Fitonovo, ambos en libertad con cargos-. En el sumario se recoge que Fitonovo pagó entre 1995 y 2013 sobornos por un importe de al menos 3,3 millones de euros a funcionarios y políticos de diversas administraciones públicas a cambio de la adjudicación de contratos.
Trece son las administraciones citadas por la juez a partir de los informes que le trasladó la Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de investigación de la Guardia Civil. En concreto, se trata del Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Gran Canaria, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, la Delegación del Ministerio de Fomento en tres provincias andaluzas, los ayuntamientos de Sevilla, La Carolina y Algeciras y la empresa estatal Adif (encargada de la red ferroviaria).
La Guardia Civil no solo encontró documentación secreta de Fitonovo que acredita la existencia de una contabilidad opaca donde se registraban esos pagos, sino que los delegados territoriales de la empresa informaban por escrito y verbalmente -como acreditan las grabaciones telefónicas- del pago de esas comisiones. En el sumario consta de hecho un correo electrónico enviado el 26 de octubre de 2004 por el delegado de la empresa en Gran Canaria a Ángel Manuel Macedo Gajete, asistente de Dirección de Fitonovo, en el que se puede leer: “Impuesto revolucionario D. Sergio Machín, consejero de Obras Públicas”. En esas fechas, Machín llevaba ese departamento en el Cabildo de Lanzarote.
Según la UCO, Macedo Gajete era “el principal actor en la coordinación y control de la caja B” de Fitonovo. Macedo Gajete, que fue detenido y sigue imputado en la causa, actuaba como “interlocutor con las empresas que realizaban facturas falsas” para Fitonovo, método empleado por esta para camuflar esos pagos a políticos y funcionarios. En esa contabilidad oculta, cada sobornado tenía un código que empezaba por 669.
Los agentes de la Unidad Central Operativa han rastreado durante meses los contratos públicos de Fitonovo en Canarias, Andalucía y Extremadura. En el caso del Cabildo de Gran Canaria, desde el año 1998 Fitonovo ha sido beneficiaria de adjudicaciones por importe de 18 millones de euros, preferentemente en el mantenimiento de zonas verdes en carreteras. Hasta ayer, según confirmaron fuentes oficiales del Cabildo, no había constancia de requerimiento alguno a la corporación insular por vía oficial de la juez Alaya o de la Guardia Civil sobre contrataciones. Eso no obsta para que los investigadores hayan podido recabar información a través de contactos reservados con funcionarios o cargos públicos.
Según la juez Alaya, la empresa Fitonovo constituyó una "organización criminal" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.
En uno de los autos contenidos en los 21 tomos del sumario, Alaya precisa que el dueño de la empresa, Rafael González Palomo, su hijo, el adjunto a la dirección Macedo Gajete y el comercial Juan Andrés Bruguera, el único que queda preso en esta causa, formaban "la dirección de una organización criminal".
Para contratar con las administraciones de todo el país, actividad que comenzó en 1995, "acudían habitualmente a prácticas de corrupción", dando comisiones ilegales o regalos para lograr las adjudicaciones, haciendo menos trabajos de los facturados o acudiendo a "prácticas de corrupción del propio mercado".
Los regalos eran muy variables, desde el más bajo, una noche de hotel por 81 euros, hasta comisiones periódicas que sumaron un millón de euros, pasando por material informático, móviles, caviar, viajes o incluso un equipo de lavado a presión, obras en viviendas particulares o la limpieza de un piso por 220 euros.
Para conseguir sus propósitos, los jefes de la red actuaban en contratos restringidos, en los que, en connivencia con funcionarios, había una "concurrencia ficticia" de empresas instrumentales de Fitonovo.
En las licitaciones abiertas, señala la juez, los acusados acudían a diferentes métodos, como la información privilegiada obtenida a través de un funcionario corrupto, ofreciendo ofertas falsas en connivencia con el funcionario encargado de supervisar la ejecución del contrato o alterando el precio de concursos y subastas. También creaban uniones de empresas falsas o llegaban a acuerdos con firmas competidoras para repartirse el mercado, resume la juez.
Todo ello se hacía con un control "exhaustivo y exquisito" de los sobornos mediante fondos de la caja B de la empresa, que obligó a crear un "importante engranaje" en la organización y que incluía recibos firmados cada vez que se sacaba dinero de esa caja.
Fitonovo también acudía a una red de "empresas factureras" para emitir facturas falsas por los importes necesarios para pagar las comisiones.
El "estricto control" de los sobornos de la caja B permitía pagar salarios en negro de trabajadores, adquirir diferentes bienes como yeguas o fincas, constituir nuevas sociedades o pagar dividendos (hasta 2,4 millones entre el 2003 y el 2010 al dueño de la empresa).
La última práctica ilegal detectada por la juez incluían entidades patrimoniales para ocultar sus bienes, con sociedades como Fiverde, Agropombo, Angoro MPSL y Gobartis, esta última portuguesa.
La Operación Madeja -que alude al símbolo del Ayuntamiento de Sevilla- comenzó en julio de 2013, en diciembre del mismo año se desarrolló la segunda fase y se culminó con una tercera en noviembre del 2014, en esta ocasión con la denominación de Enredadera y que se saldó con 32 detenidos de doce provincias.
