lunes. 08.08.2022

Un juzgado de Tenerife admite a trámite una querella contra Manuela Armas y Dolores Rodríguez

La consejera y la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias serán investigadas por un posible delito de prevaricación y tendrán que declarar el próximo día 4 en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz
Imagen de los juzgados de Lanzarote.
Imagen de los juzgados de Lanzarote.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite una querella contra la actual consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, la lanzaroteña Manuela Armas, y contra su número dos, la también lanzaroteña María Dolores Rodríguez.

En un auto fechado el pasado 10 de marzo y al que ha tenido acceso este diario, la magistrada María de los Ángeles Zabala Sanz entiende que existen motivos para investigar a las dos políticas del Partido Socialista (PSOE) tras la denuncia formulada por Tech Education, Rights & Technologies, S.L. por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

En su razonamiento jurídico la Sala entiende que los hechos denunciados reúnen los requisitos que se establecen en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que procede su admisión a trámite y la incoación de diligencias previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias, conforme a lo establecido en los artículos 774 y siguientes de la misma ley.

En segundo lugar, el Juzgado de Instrucción determina que no hay motivo para la exigencia de ningún tipo de fianza por estar el querellante comprendido en el número 2 del artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En esta fase, además, se ha acordado iniciar varias diligencias, como la de librar oficio a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a fin de que remita testimonio de lo investigado previamente en sus diligencias 62/2021. Además, se dirigen a la Consejería del Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres a fin de que en el plazo de diez días se remita testimonio del expediente completo de Reconocimiento de la Unviersidad Tecnológica de las Islas Canarias. El querellante deberá comparecer el próximo 31 de marzo a las 10 horas para ratificar su querella. El resto de los implicados, entre ellos la cúpula de Educación, lo tendrán que hacer el próximo 4 de abril.

TECH Universidad Tecnológica, que es como se presenta para darse a conocer en el Archipiélago, es, según se explica en un artículo publicado en enero de 2021 en el periódico El Día, la mayor universidad digital en español en el mundo, con su base de operaciones en Santa Cruz de Tenerife. “Llegaron bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria, aunque tienen una importante presencia en América Latina. Por su naturaleza online, imparte formación en cualquier territorio a nivel global, teniendo actualmente presencia y alumnos en los 23 países del área idiomática. Desde nuestra sede en Tenerife damos servicio cada día a alumnos de los 23 países en los que opera TECH. Tenemos actualmente algo más de 200 empleados en Canarias entre los servicios financieros, de marketing, así como soporte docente y un departamento de idiomas que está en pleno crecimiento”, explican desde TECH en el reportaje publicado en el diario tinerfeño. Ahí, ya en esa fecha, apuntaban el problema que están teniendo con el Gobierno autonómico, puesto que la institución estaba a la espera de superar el último trámite administrativo para ser reconocida como universidad privada en Canarias, lo que finalmente no ha sucedido entienden ellos que por cuestiones que se salen dentro del ámbito estrictamente empresarial y legal.

En una carta dirigida por el director general de Universidades, Manuel Ramírez Sánchez, al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rafael Robaina, carta del 16 de diciembre de 2020 que está publicada en Internet y a la que se puede acceder de forma sencilla, le advierte, en referencia a lo que ya se había publicado en El Día y en La Provincia unos meses antes, que esta marca “ni está instalada en España como universidad privada ni tiene constancia de que esté instalada en ningún país de Latinoamérica como una universidad de carácter oficial”. “Toda la actividad formativa que esa supuesta universidad privada está realizando bajo la marca TECH Universidad Tecnológica ni son títulos universitarios, como se afirma en la entrevista, ni son titulaciones propias de posgrado, ya que dichas titulaciones solo pueden ser expedidas en el territorio español por las universidades públicas o privadas que hayan sido reconocidas y autorizadas para comenzar sus actividades por la autoridad competente en materia universitaria en cada Comunidad Autónoma, subraya el director general para atender a la preocupación de la Universidad sobre la llegada de esta institución. “El expediente de solicitud de reconocimiento de la universidad privada Universidad Tecnológica de las Islas Canarias, promovido por la entidad mercantil TECH, EDUCATION, RIGHTS & TECHNOLOGIES, S.L., que ha iniciado sus actividades en Canarias bajo la marca TECH Universidad Tecnológica antes de haber obtenido su reconocimiento y autorización de inicio de actividades, está en su fase de elevación al Consejo de Gobierno de Canarias, según lo previsto en la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. En dicho expediente constan los informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) del Ministerio de Universidades y del Director General de Universidades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, haciéndose constar que el acuerdo del Consejo Universitario de Canarias establecía que dicho expediente de solicitud solo fuese elevado al Consejo de Gobierno en caso de que la solicitud de reconocimiento contase con informe favorable de la CGPU”, exponen desde el Gobierno.

En este tira y afloja la institución presentó una querella contra la cúpula de la Consejería que controlan las dos políticas lanzaroteñas al entender que se estaban vulnerando sus derechos al no justificar que no se tramiten su autorización para operar como universidad privada, querella que ahora ha sido admitida a trámite.

(Avance informativo)

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