Los jueces y fiscales de Lanzarote se han sumado este miércoles al parón nacional convocado como muestra de protesta por los dos proyectos de leyes orgánicas que se están tramitando en el Congreso de los Diputados que bajo su criterio amenazan la independencia judicial. Los magistrados incluso afirman que existe la posibilidad de realizar una huelga nacional en el caso de no frenarse la tramitación de el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Además prosiguen en su reclamaciones de una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.
Manifiesto
"La Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas.
Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro.
El primero, tramitado injustificadamente por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal.
A la vez que todo esto, y con el segundo anteproyecto referido, se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción.
Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos.
Y es que la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder.
Por todas estas razones, y con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos.
Y para el caso que no sea así, no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga.
Sin olvidar que también reclamamos, como llevamos haciendo desde hace lustros, una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.
Muchas gracias a todos los asistentes, compañeros y compañeras jueces y fiscales, pero también a quienes, dada la gravedad de lo pretendido, habéis decidido acompañarnos hoy para mostrar vuestro apoyo en la defensa y protección del Estado de Derecho"
