“La intención es nombrar a Sosa vicepresidente porque es el sueldo más alto tras el de la presidenta”
“Nos tememos muchas irregularidades en cuanto a la contratación de Agustín Domingo Acosta”
“Si el viceconsejero de Política Territorial, Leopoldo Díaz, no va al Ayuntamiento de Arrecife pero sí a los gobernados por el PSOE, me parece muy bien que Echedey Eugenio lo denuncie”
“Para que el trabajo no lo hagan los servicios jurídicos propios de la Corporación, tiene que haber un informe de por qué se contrata al abogado externo”
El portavoz adjunto de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha querido recalcar en la entrevista mantenida este viernes en Crónicas Radio – Cadena Cope que el Cabildo contrató al abogado Agustín Domingo Acosta en un acto totalmente rocambolesco para que en lugar de defender a la propia institución le dijera al juez que el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa tenía razón en la denuncia planteada contra ellos mismos. Por eso, entiende que hay muchas preguntas que quedan sin responder al respecto, entre otras, una posible irregularidad en la contratación de este abogado externo, que curiosamente, según explica, es uno de los propietarios del medio de comunicación de cabecera del Partido Socialista (PSOE). Cree que hay muchas posibilidades de que Sosa termine siendo vicepresidente del Cabildo, lo que requeriría que se explicara por qué iba a cobrar su sueldo de la Primera Corporación si, tal y como él mismo y el Cabildo defienden, viene recibiendo ese pago de forma correcta por parte del Gobierno de Canarias, un asunto que además estaría pactado con Podemos, que no ocupó ese puesto para sorpresa de muchos. En otro orden de cosas, apoyó que su compañero de Arrecife Echedey Eugenio esté enfadado por que el viceconsejero de Política Territorial, Leopoldo Díaz, el mismo técnico al que él apartó en su día por falta de confianza y por entender que estaba muy vinculado a los socialistas, como se ha demostrado en esta legislatura, haya visitado a los ayuntamientos gobernados por el PSOE de la Isla para hablar del Plan General y sin embargo no lo haya hecho con Arrecife, que tanta necesidad tiene de este documento.
- ¿Tanto tienen que trabajar los políticos que hay gente como María Dolores Corujo o Astrid Pérez que no tienen hueco en la agenda para que les entrevisten los medios de comunicación?
- Durante los casi diez años que ostenté la Presidencia atendía con regularidad a los medios de comunicación porque también es parte de la responsabilidad de un responsable público.
- Usted tenía a un responsable de comunicación como José Antonio Cabrera que entendía perfectamente cómo funcionan los medios y cómo debe ser la comunicación institucional. Esto es importante también…
- Sin duda. Esa era una parte importante de mi agenda política. Entiendo que se queje si no tiene acceso a la Presidencia con regularidad.
- CC emitió una nota de prensa para significar que la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha determinado que no había ninguna razón para no haber expulsado a Juan Manuel Sosa. ¿Es así?
- Sí. En relación con uno de los muchos contenciosos en esta huida hacia delante que lleva este consejero; en este caso, tratando de anular la toma de conocimiento de su expulsión, ha admitido la Fiscalía sobre lo que es el fondo de cuestión, una cuestión que no deja de ser muy importante y que además, tiene que ver con el pleno sobre el que seguramente me va a preguntar, y es que propone al Juzgado de lo Contencioso que desestime la demanda del consejero porque entiende que no se han vulnerado los derechos fundamentales apelados en este caso y que la expulsión es correcta bajo su punto de vista y por lo tanto, que se desestime esa demanda.
- ¿Cuántos procedimientos hay que tengan que ver con Juan Manuel Sosa?
- Me imagino que la gente debe tener bastante lío. Hay varias. Insisto en que es una huida hacia delante para estas tres iniciativas en tres juzgados distintos. Por lo civil, intenta anular lo que es la expulsión en sí, la resolución de expulsión de CC, que es quién únicamente puede entrar a valorar su expulsión. Esto no lo puede hacer ni el Cabildo ni los grupos políticos porque no es su responsabilidad ni su competencia. Es responsabilidad del Cabildo comprobar que se cumplan los requisitos extrínsecos, que se le de audiencia… Esto segundo que le estoy diciendo ya no está denunciado en lo civil sino en lo contencioso administrativo contra el supuesto acto administrativo de toma de conocimiento del pleno y es sobre lo que versa este informe de la Fiscalía del que estamos hablando y el pleno que ayer se celebró. Por otro lado, tiene una denuncia puesta por la vía penal contra mí, ampliada contra todos los consejeros por supuesta falsedad documental en su expulsión…
- ¿Ha habido algún avance en la denuncia de las coacciones?
- No.
- Este jueves hubo pleno en el Cabildo y posteriormente el Gobierno insular sacó una nota básicamente para decir que no han tenido más remedio que cumplir una orden judicial y dejar sin efecto la expulsión para que Juan Manuel Sosa recupere todos sus derechos. ¿Es así?
- A mí me queda pena, y supongo que a la ciudadanía también, de que no se celebren los plenos ordinarios porque todavía no se ha celebrado ni el de febrero y llevan como 3 años incumpliendo los plenos ordinarios y hay muchas cosas que debatir. Hay tantas iniciativas que me gustaría llevar y debatir sobre el Cabo Pedro, un pulmón verde, la adquisición de vehículos eléctricos, carreteras… tantos problemas en la pesca, en la ganadería, no se avanza nada con el tema de los centros de mayores, la dependencia… pero la presidente no tiene tiempo para eso. Sin embargo, para celebrar plenos extraordinarios y urgentes que no lo son, sí tiene y este es el caso. La presidenta decía ayer que era extraordinario y urgente dar a conocer un auto que ya dieron a conocer hace casi un mes porque el auto del juez, aceptando la medida cautelar de suspensión momentánea de la toma de conocimiento de su expulsión, que ya veremos qué consecuencias trae y no las que ella asegura, fue le 17 de febrero. No había ninguna urgencia para convocar este pleno con menos de 24 horas. ¿Sabe cuál era la urgencia? Que el día anterior se había producido este informe bastante lapidario de la Fiscalía, porque no olvidemos que si el juez acepta la adopción de la medida cautelar es fundamentalmente por dos razones, una porque la Fiscalía entonces había dicho sí a la medida cautelar; ahora ha dicho que aquello fue una decisión muy prudente pero que analizada la situación, no procede firmar la demanda y entiendo que por tanto, tampoco la cautelar. Esto es un cambio muy importante.
- Leyendo el segundo informe de la Fiscalía da la sensación de que la primera vez lo hicieron como un corte y pega; es decir, que no habían analizado bien el caso. ¿Le parece?
- No, porque en el tema de los derechos fundamentales, la Fiscalía suele pronunciarse a favor de una medida cautelar, que no deja de ser eso. Se adopta una medida cautelar sobre una posible vulneración de los derechos fundamentales; ahora el juez ha pedido ya que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión y estudiada la cuestión, ha concluido con la desestimación de la demanda de Juan Manuel Sosa porque aquí no se ha vulnerado nada y la expulsión parece correcta. Lo digo porque el Pleno no puede entrar en las razones sobre si hubo motivación suficiente o no… eso no puede entrar al Pleno y esta es la razón, insisto, por la que la presidenta de manera urgentísima convoca el pleno. Lo que quedan son muchas preguntas por responder y que sorprenden sobremanera. Decía que una de las razones fue el informe de la Fiscalía sobre la medida cautelar pero la otra fue que el Cabildo no defendió sus actos y en lugar de pedir informes a su servicio jurídico, que a lo mejor sí que lo hicieron, no lo sabemos, se contrata al abogado Agustín Domingo Acosta, que es un abogado externo, para que en lugar de defender al Cabildo, que es para lo que se le contrató, se allane y le diga al juez que el demandante tenía razón y que el demandado hizo mal la toma de conocimiento. Eso es lo que no se ha explicado y nosotros entendemos que se ha saltado el reglamento. Ya veremos porque hemos pedido muchísima información porque el reglamento dice que para hacer esto, para que el trabajo no lo hagan los servicios jurídicos propios de la Corporación, tiene que haber un informe de por qué se contrata al abogado externo.
- Lo que dice la presidenta al respecto es que son los propios servicios jurídicos los que dicen que ante la complejidad de este asunto, necesitaban ayuda externa…
- Si hay algo sencillo en una corporación es defender por qué se toma conocimiento de un informe.
- Además, viene a decir también que es un profesional de reconocida solvencia que atesora una trayectoria intachable y magníficos resultados en la defensa del interés público. Lo que no dice es que es el propietario de un medio de comunicación y que obviamente, no va a trabajar gratis por el interés público…
- El abogado que ha contratado Corujo para el tema de Sosa es propietario de su medio de comunicación de cabecera pero vamos a ve si nos dan acceso al expediente y si no, se lo diremos al Juzgado porque hay muchas incógnitas que despejar y nos tenemos muchas irregularidades en cuanto a esa contratación. Lo digo porque el reglamento de los servicios jurídicos del Cabildo establece de manera muy clara que tiene que haber una situación excepcional, que tiene que haber un informe preceptivo del director para contratar a un abogado externo para que este abogado externo, en lugar de defender al Cabildo, se allane o desista en el procedimiento judicial necesita autorización e informe de conformidad de la dirección de la asesoría jurídica del Cabildo y mucho nos tememos que nada de esto existe porque al Gobierno le interesa que el Cabildo pierda esta demanda porque no hay que olvidar que es Juan Manuel Sosa quien sustenta el gobierno. Ese gobierno en minoría es ilegítimo porque cuanto solo conforma once consejeros y unos 17.000 votos y la mayoría social está en la oposición ya que PP y CC obtuvimos 12 actas y más de 20.000 votos y necesita imperiosamente sustentarse en este tránsfuga.
- Dice la presidenta que a ustedes les han acusado de falsificar el reglamento interno de CC en cada corporación. ¿Qué responde?
- Todo esto son huidas hacia delante. El problema que tiene María Dolores Corujo y el abogado externo es que cuando le da la razón a Juan Manuel Sosa y pide que se le anule su propia toma de conocimiento, lo hace porque el fiscal entonces se había pronunciado en ese sentido. ¿Qué van a hacer Agustín Domingo Acosta y María Dolores Corujo ahora sobre el fondo de la cuestión? Ya no podrán decir que el fiscal está de acuerdo con Juan Manuel Sosa; algo se inventarán. Todos estos temas son cortinas de humo y lo del tema del reglamento de CC es así. Dicen que nos hemos inventado un reglamento.
- No dicen que se lo han inventado; dicen que lo han falsificado…
- ¿Para qué íbamos a falsificar un reglamento que no hace falta? No hacen falta bases reglamentarias para expulsar a alguien de un grupo político y eso queda acreditado en múltiples sentencias y jurisprudencia. Los grupos políticos tienen autonomía para la adopción del acuerdo así que por supuesto que no hemos falsificado nada.
- Es curioso que parece que fueron ustedes los que le expulsaron cuando fue él quien se marchó…
- Fueron las dos cosas, primero se transfugó y después le expulsamos. Lo que subyace en este empeño del Gobierno en dar la razón a Sosa es tener una ventana de unos días en los que deje de ser tránsfuga, no adscrito para poder liberarle con cargo al Cabildo de Lanzarote. Lo último que la presidenta llevó a pleno fue un decreto en el que decía que todos los cobros eran legales y que quien tenía que pagar era el Gobierno.
- ¿Van a decir que como Podemos no ocupó la plaza de vicepresidente, la plaza la ocupará Sosa?
- Esa parece ser la intención porque es el sueldo más alto después del de la presidenta. La pregunta es que si tan legal es el pago que le han venido haciendo todos estos años, ¿a santo de qué le va a pagar ahora el Cabildo? Porque lo que hemos venido denunciando es verdad. Si a mí se me hubiera ocurrido hacer algo semejante, el PSOE estaría encadenado en la puerta del Cabildo exigiendo mi dimisión.
- Su compañero, Echedey Eugenio, está muy enfadado porque Leopoldo Díaz ha ido a visitar al alcalde de San Bartolomé para hablar del Plan General pero ni se ha rozado por Arrecife…
- Mi compañero también ha sido protagonista del Congreso del Partido Socialista y de todas las notas del PSOE porque todos los liderazgos emergentes de CC, algunos desde hace tiempo como el de Oswaldo, empiezan a ser objeto de crítica y diana como lo he sido yo hasta la fecha, hasta el punto de que le han acusado de ser una marioneta o mascota de Pedro San Ginés y quienes conozcan a Echedey se estarán riendo. Pelos en la lengua no tiene para llamar a las cosas por su nombre y si piensa que el Ayuntamiento de Arrecife está siendo agraviado o tratado de manera distinta a otros ayuntamientos por un cargo público, lo va a denunciar. En este caso, ha sido Leopoldo Díaz, aunque no le gusta que le nombren, así que como cargo público, su trabajo está sometido al escrutinio de los grupos políticos. Si el viceconsejero de Política Territorial no va al Ayuntamiento de Arrecife pero sí a los gobernados por el PSOE, me parece muy bien que Echedey Eugenio lo denuncie, entre otras, porque Arrecife tiene una necesidad imperiosa de avanzar y otra vez más se están poniendo palos en las ruedas por parte del PSOE para que el Plan General no salga.
