Los Centros Turísticos inflaron facturas por un valor que alcanza 181.987 euros. Así lo muestra en una de sus conclusiones el informe pericial aportado al Jugado de Instrucción Número 1 de Arrecife que investiga la gestión del ex secretario general del PSOE en Lanzarote y actual asesor del Gobierno de Canarias, Carlos Espino, informe pericial al que ha tenido acceso este diario y que relata en dos estudios distintos numerosas irregularidades como el pago de facturas por encima del precio de mercado o la inexistencia de trabajos y productos facturados que no aparecen en la red pública.
La defensa de los Centros Turísticos afirmaba en su día que Espino pagó al empresario Antonio González “más del doble de lo acordado” por la reforma de la cocina de Los Jameos. Ahora, un informe aportado a la causa y encargado a la mercantil Godoy Consultores y Auditores S.L. con el fin de determinar si los precios facturados se corresponden o no con los del mercado en el momento en el que se llevaron a cabo los encargos, ha hallado presuntas irregularidades en los pagos realizados por parte de los Centros Turísticos a tres empresas durante la etapa del ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino.
Entre las principales conclusiones que se desprenden de dicho informe pericial, destaca el que apunta que los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo insular de Lanzarote abonaron, al menos, 181.987,88 euros de más en facturas entre los años 2007 y 2009 a las empresas Climafrical S.L., Instalaciones y Promociones Govi S.L e Instalaciones Castillo de Berrugo S.L., las tres pertenecientes al mismo propietario, en concepto de suministros, obras y servicios, algunos de los cuales no se ha podido acreditar que se prestaron.
En el informe encargado por el magistrado del Juzgado Número 1 se detalla que la cifra abonada por los Centros "supera el valor por el que normalmente se hubiesen realizado dichos trabajos". En el caso de Climafrical S.L., señala el informe, se certifica una "desviación con respecto a los precios normales de mercado existentes en ese momento de 138.623,91 euros, mientras que el desvío que esta auditoría atribuye a la empresa Instalaciones y Promociones Govi S.L. asciende a unos 9.402,76 euros; que en el caso de la tercera mercantil implicada, Instalaciones Castillo de Berrugo S.L.,dicho desvío asciende a la cantidad de 28.244,95 euros.
"Con respecto a la empresa Climafrical S.L.", que realizó la obra de la cocina de los Jameos del Agua y facturó la cantidad de 224.454,70 euros, el informe establece que "esta obra se facturó finalmente", según el contrato existente en los Centros, "en tres certificaciones (...) pero luego se hacen dos nuevas facturas, por las que se incrementa dicho coste en un importe de 42.753,27 euros, 44.890,93 euros y 3 euros teniendo en cuenta el IGIC". Estas facturas están basadas en el concepto de "diferencia de materiales", pero el informe señala al respecto que "no les queda claro a los peritos en base a qué se ha incrementado el coste final de la obra, toda vez que no se incrementa en una cantidad superior al 20 por ciento del coste total de la obra, lo que conllevaría a una indemnización por parte del contratista, según establece el artículo 287 de la ley 30/ 2007 de 30 de octubre de contratos de administraciones públicas vigente en ese momento".
También se facturó una diferencia de materiales en el caso de las obras realizadas en las Montañas del Fuego, por un importe de 8.366,26 euros, "pero sin que aparezca ningún contrato ni presupuesto previo, ni certificación alguna de dicha obra".
Respecto a los modelos de factura de la época de Espino, el informe pericial hace constar que "los conceptos de facturas son un tanto ambiguos y abstractos ya que no determinan cantidades, trabajos realizados, horas, ... y por las que no se puede determinar si existen o se han realizado dichos trabajos y en qué han consistido".
Sobrecostes: desplazamientos, mano de obra, instalación, reparación, ...
El estudio pericial no solo alude y certifica que se cobraron trabajos y servicios de los que no se tiene constancia, sino que, además, la empresa pública de los Centros Turísticos asumió innecesariamente sobrecostes. De hecho, el informe señala que una norma habitual en la empresas del sector se basa en que cuando se sirve o se vende un producto de hostelería, en el precio del mismo va incluido el coste de la instalación, "hecho que no ocurre con la empresa Climafrical S.L."
Entre estos sobrecostes hallados por el informe, pueden citarse también los relacionados con "una serie de conceptos que", asegura el estudio, "no son inventariables, ya que son conceptos abstractos o generales, tales como la puesta en marcha, mano de obra e instalación, por reparación de muebles, y que difícilmente se pueden comprobar".
Destaca también el informe el hecho de que "aparece el concepto de 'desplazamiento a'. Es un concepto que no se puede inventariar, pero sí nos gustaría incidir en el hecho de que normalmente no se factura independientemente cuando se ejecuta una obra. Otra cosa es que se facturaran para una reparación en concreto y de forma esporádica", alegan los peritos que han elaborado este informe.
La querella del EPEL contra Espino
Cabe recordar que el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL), que gestiona los Centros Turísticos, acordó interponer en 2010 una querella criminal contra el ex consejero delegado de esa empresa pública, el ex secretario general del PSOE en Lanzarote Carlos Espino, al entender que durante su etapa al frente de la empresa pública (entre julio de 2007 y octubre de 2009) se produjeron supuestas irregularidades en la facturación en Jameos del Agua, las Montañas del Fuego, el Castillo de San José y el Monumento al Campesino.
La querella citaba artículos que el consejero delegado debía respetar, como el 1.3 del Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, de la Ley de Contratos de las Administraciones, el artículo 2 de la misma Ley y la orden EHA / 4110 / 2005, de 29 de diciembre, por los que se establecen las condiciones de contratación en el caso de entidades públicas. Pues bien, el documento judicial al que también tuvo acceso este medio en su día aseguraba que “para la adjudicación y formalización del contrato” para la cocina de Los Jameos del Agua, con el empresario Antonio González, único propietario de Climafrical S.L., Instalaciones y Promociones Govi S.L e Instalaciones Castillo de Berrugo S.L., “no se publicitó en los boletines oficiales, no fue a concurso abierto, no se adjudicó a la oferta más barata, se acabó pagando más del doble de lo acordado, se pagó a precios muy superiores a los de mercado y se pagó por suministros no realizados”.
Las 166.00 razones del asesor de Espino
En este punto, cabe destacar también que en su día los presidentes insulares de Coalición Canaria (CC), Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Partido Popular (PP) y Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), los cuatro partidos que sustentaban el grupo de gobierno del Cabildo insular de Lanzarote que siguió al mandato de Espino, emitían un comunicado oficial para denunciar que el que había sido entonces asesor hasta hacía poco en los Centros de Arte, Cultura y Turismo de la Primera Corporación bajo el mandato del Partido Socialista, Mario Alberto Perdomo, había cobrado la cantidad de 166.000 euros.
En su día, el actual presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ratificó como testigo que Espino adjudicaba los contratos a su antojo en los Centros Turísticos. También el director financiero de la empresa pública, Francisco Ortega, acusaba de mala gestión a Espino como consejero y aseguraba que se saltaba todas las normas preceptivas de contratación. En la causa figuran pruebas que apuntan a la existencia de contratos "lesivos" para el interés de la Isla. De hecho, tras interponer esta querella contra Espino, el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo recordó que durante el mandato del ex consejero delegado socialista la deuda de los Centros superó los 14 millones de euros.
