- Agustín Domingo Acosta es el mismo abogado al que denunció el pasado 22 de mayo el ex concejal de Alternativa Domingo García ante Fiscalía por el cobro de 427.000 euros como único letrado en Arrecife en un periodo de cuatro años
Un informe del Cabildo insular de Lanzarote recogido este miércoles por el diario Canarias 7 revela que Manuel Meca, el padre del portavoz de Podemos en la Corporación, Carlos Meca, ha sido el segundo abogado que más ha cobrado de las arcas insulares en la última década. El portavoz de Podemos había solicitado información sobre las cantidades percibidas por el abogado Ignacio Calatayud desde la Primera Corporación insular y, como consecuencia, el Cabildo de Lanzarote, a través de la información emitida por el órgano de Gestión Económico Financiero, a la que ha tenido acceso el referido medio de comunicación, explica que el padre de Carlos Meca ha sido el abogado que más ha cobrado del Cabildo después del letrado Agustín Domingo Acosta, que ha llegado a percibir de la Institución cerca de un millón de euros. En la Corporación lanzaroteña, que se ha gastado la friolera de 2,3 millones de euros desde 1997 en estos servicios jurídicos, destacan que Agustín Domingo Acosta ha sido contratado siempre bajo la dirección del técnico Leopoldo Díaz.
Ante la pregunta que registró el consejero de Podemos en la oposición sobre los contratos y/o trabajos asignados por el Cabildo al letrado Ignacio Calatayud, así como de los pagos efectuados al mismo, el mencionado órgano de Gestión Económico-Financiero de la Institución ha emitido el detalle de lo percibido por los 22 abogados o despachos jurídicos que han prestado servicios al Cabildo entre los años 1997 y 2015.
De esta información se desprende que Manuel Meca Cazalla, precisamente el padre del consejero de Podemos aludido que eleva dicha consulta al Pleno, ha cobrado del Cabildo de Lanzarote 333.151 euros, lo que le sitúa en el segundo letrado de los 22 citados que desde 1997 más ha percibido de la Institución. Se trata, según el diario Canarias 7, de retribuciones que cobraba aparte del sueldo por el trabajo desarrollado en la primera Corporación insular en régimen de Comisión de Servicio.
Asimismo, según ha podido saber también el citado medio, entre los años 1997 y 2000, Meca cobró más de 56.000 euros. En esos años se desconoce el procedimiento de contratación de los trabajos por los que percibió esa cantidad económica. Sin embargo, a partir del año 2001, durante 12 años, Meca Cazalla cobró 277.151 euros siempre como abogado laboralista por procedimiento negociado sin publicidad y por “exclusividad”.
El caso del técnico Leopoldo Díaz y Agustín Domingo Acosta, el letrado que más ha cobrado del Cabildo
Por otro lado, poco a poco parece que se están conociendo los posibles motivos por los que en realidad el PSOE sigue sin querer incorporarse al Gobierno insular del Cabildo de Lanzarote con CC y PIL. Ya lo advirtió incluso el propio presidente del Cabildo en una de las últimas entrevistas concedidas a Crónicas Radio-Cope Lanzarote cuando afirmó que "aquí el problema básicamente es que hay un determinado medio de comunicación, a cuyos propietarios nunca les ha interesado la información más que el dinero, que es lo único que les importa. Uno de sus propietarios es miembro del despacho de abogados que aspiraba a retomar la asesoría jurídica externa en materia del territorio para el Cabildo de Lanzarote. Esto es así", explicaba el presidente, "y tenían la esperanza de que esto siguiera siendo así cómo fue durante gran parte de los últimos 20 años. Esto en realidad es una cacería sin cuartel en mi contra", explicaba San Ginés.
Y es que, aunque los socialistas alegan discrepancias en el cese del técnico Leopoldo Díaz, en el citado informe publicado por Canarias 7 se refleja precisamente que el letrado Agustín Domingo Acosta es el abogado que más ha cobrado de las arcas del Cabildo, con casi 1 millón de euros. Siempre fue contratado por la Corporación bajo la dirección del técnico Leopoldo Díaz.
"En este mismo periodo", prosigue la información revelada por el informe del Cabildo", el abogado que más ha percibido del Cabildo de Lanzarote ha sido el letrado Agustín Domingo Acosta, cuya cifra se sitúa en los 909.105 euros entre 1997 y 2010, llegando a alcanzar la "escandalosa" cifra, señala Canarias 7, de 177.940 euros facturados en el año 2005, o de 134.839 euros de facturación en 2009, el último año en que trabajó para el Cabildo bajo Presidencia de la socialista Manuela Armas. "Casualmente", el letrado prestó sus servicios al Cabildo, "como servicio jurídico externo, en el Plan Insular siempre bajo la dirección del recientemente destituido Leopoldo Díaz".
Asimismo, de la información se desprende también que el letrado Ignacio Calatayud, objeto de la pregunta del consejero Carlos Meca, percibió en 10 años 278.916 euros, siento el tercer letrado en este ranking y trabajando para la Institución desde el año 2005 al 2015. El año que más facturó del Cabildo fue en el 2010 que percibió unos 44.000 euros y el que menos el 2009 que cobró '0' euros del Cabildo de Lanzarote frente a los 134.839 que cobró ese mismo año el letrado Acosta.
Se trata del mismo abogado que sigue trabajando para el Ayuntamiento de Arrecife y al que el exconcejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Domingo García, denunció, igual que al exalcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, ante Fiscalía, por entender que existen irregularidades en la adjudicación al mismo letrado de estos servicios jurídicos para el Ayuntamiento.
Domingo García ha asegurado este miércoles en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que la denuncia presentada por Alternativa Ciudadana ante Fiscalía está basada en el informe del Consejo Consultivo de las administraciones locales, que ha certificado que la adjudicación de los abogados de los ayuntamientos de Marbella y Melilla fue irregular. De esta forma, Domingo García ha denunciado al alcalde de Arrecife y al abogado Agustín Domingo Acosta por no sacar a concurso público los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Además, el exconcejal de Nueva Canarias (NC) Pedro de Armas logró en 2013 un acuerdo plenario por unanimidad que establecía la licitación pública de estos servicios, extremo que sigue sin llevarse a cabo dos años después en el Consistorio capitalino.
