El consejero delegado de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), Mario Pérez, dio cuenta, al salir de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa pública, de las acciones emprendidas por Inalsa para quitarse de encima el laudo dictado por la Cámara de Comercio de Las Palmas que la condena a pagar 10 millones de euros por incumplimiento del contrato suscrito con una firma privada para construir la planta desaladora Inalsa Sur (Janubio). Inalsa solicitó este miércoles a la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas la nulidad absoluta del laudo dictado por contravenir lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley de Arbitraje, “ya que el mismo no contiene la fecha en que ha sido dictado, pues sólo aparece en su primera estampilla de esa Cámara de Comercio con la fecha de entrada que lo es de 9 de junio de 2006, ni lugar de su emisión”. Además, Inalsa pide que el árbitro aclare el punto referido a las costas y gastos de procedimiento. “Las partes nada acordaron sobre las costas como puede fácilmente observarse en la cláusula vigésimo novena del contrato que las une”.
Inalsa, que tilda de “disparate jurídico” el laudo de la Cámara, también invita a la reflexión acerca de la confección y composición de los árbitros de “su Corte Arbitral”. Inalsa está convencida de que no ha incumplido el contrato.
Recusación contra el árbitro
Mario Pérez señaló que el señor G.S, árbitro de la Cámara, fue condenado a la pena de tres meses de arresto mayor por un delito de apropiación indebida por una juzgado de Las Palmas y que también a cuatro meses de arresto por un delito de estafa. Por tanto, Inalsa solicita al ente cameral la recusación del árbitro designado en el procedimiento. Al margen de los dos escritos presentados a la Cámara, Inalsa piensa acudir a la Justicia ordinaria. Mario Pérez ni siquiera considera la posibilidad de una condena definitiva. Aseguró que la continuidad de la empresa no corre el mínimo riesgo.
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