Un informe de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote solicitado por el presidente Oswaldo Betancort certifica que el letrado Ignacio Calatayud no ha cobrado de forma indebida o fraudulenta por parte de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) ningún honorario en el procedimiento judicial del concurso de acreedores de la empresa pública. Así lo confirma este jueves por la tarde en nota de prensa el Gobierno insular después de lo sucedido esta misma semana en un pleno en el que en principio aceptaron aprobar una moción en la que el Partido Socialista (PSOE), siguiendo la línea argumental que mantuvieron en el anterior mandato y que terminó con una denuncia por la vía penal contra Pedro San Ginés, pedía que se reclamara a Calatayud, abogado que fue contratado por el Consorcio del Agua cuando gobernaba la socialista Manuela Armas, las costas que hubiera cobrado de forma indebida, según sus sumas más de un millón y medio de euros.
“Ante la manipulación y mentiras constantes del PSOE”, afirma Oswaldo Betancort, “este informe deja claro que no hay que emprender ningún tipo de acción por parte del Cabildo o de Inalsa para reclamar ningún cobro indebido de dicho letrado”.
El Gobierno del Cabildo recuerda en su nota que el Grupo Socialista solicitó en el pleno del Cabildo de Lanzarote celebrado el pasado martes trasladar a la mercantil Inalsa la solicitud de iniciar acciones para reclamar al abogado Ignacio Calatayud las costas cobradas, amparado en una resolución judicial que, según argumentó la portavoz socialista, Ariagona González, le condenaba al pago de las costas judiciales.
Tras la obtención de la resolución judicial, a la que hizo referencia el PSOE en su moción, el informe de los servicios jurídicos aclara que el Juzgado de lo Mercantil a quien condenó en costas fue a la UTE Edam Janubio, y que no existe resolución judicial alguna que acuerde la devolución de los honorarios cobrados por el letrado Calatayud ni que lo condene en costas.
Tras el mandato del plenario, el grupo de gobierno se ha encontrado con que, tal y como adelantó el consejero de Aguas, Domingo Cejas, en el pleno, la documentación de dicho procedimiento estaba en poder del letrado designado por la anterior presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, en el año 2021, sin que hasta la fecha haya dado traslado del procedimiento en su integridad.
“Un asunto zanjado administrativa y judicialmente”
El Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, a través de su portavoz, Samuel Martín, califica de “falaz estrategia del PSOE al provocar un acuerdo que, aunque sin trascendencia ni fuerza ejecutiva, ha servido para retomar un asunto que está zanjando administrativa y judicialmente”
En este sentido, el informe de los servicios jurídicos señala que los tribunales de justicia ya habían confirmado la legalidad de los cobros efectuados por el letrado Ignacio Calatayud, por lo que no hay apropiación indebida ni obligación de devolución de cantidad ninguna.
Samuel Martín denuncia “la manipulación del PSOE con una moción repleta de mentiras, calumnias e invenciones que ya han sido desmentidas por varias resoluciones judiciales firmes”.
En el informe se detalla que el decreto de la secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil nº1 (al que se refiere la moción de los socialistas), así como el Auto de 15 de noviembre de 2024, dictado por el Juzgado de Instrucción nº4, que archivó definitivamente la causa contra Calatayud, dejan claro que los pagos recibidos por el letrado fueron legales, derivados de condenas en costas, pactados con las partes vencidas y abonados directamente por ellas, sin que ninguna factura haya sido imputada ni a Inalsa ni al Consorcio.
En concreto, el Auto de 15 de noviembre de 2024 dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 en las Diligencias 579/2016 señala expresamente:
“Por lo que respecta a los delitos investigados frente al Sr. Calatayud, relacionados con una posible apropiación indebida, por el cobro de sus honorarios, en lo que se refiere a su cuantía y a la forma de cobro de los mismos, (por el investigado don Ignacio Calatayud Prats y su empresa Ignacio Calatayud Prats SL), señalar que en lo referente a la cuantía de las mismas, el presupuesto de honorarios para la fase común del concurso fue supervisado y aceptado por la Administración Concursal (86.000 euros, presupuesto de fecha 15 de marzo de 2010), quedando los incidentes concursales fuera de dicho presupuesto, con lo que de producirse se cobrarían aparte, pactándose que solo cobraría las costas de los incidentes concursales, si existiera expresa condena en costas, que es realmente lo sucedido en la presente causa, resultando que ninguna factura se ha imputado a INALSA ni al Consorcio por los incidentes, sino que las cantidades en estos conceptos, fueron abonadas directamente por las entidades que perdieron el pleito, toda vez que fueron condenadas al pago de las costas, resultando que dichas cantidades fueron pactadas transaccionalmente con las entidades particulares que perdieron el pleito con condena en costas, también fueron homologadas judicialmente y definitivamente fueron pagadas directamente al investigado en su cuenta bancaria, en concordancia con el pacto previo señalado en sus declaraciones por los implicados y según acuerdo con la Administración Concursal”.
A juicio del grupo nacionalista, se trata de una “maniobra política burda y sin base jurídica, con el único objetivo de mantener una estrategia de difamación”. Cabe recordar, según se apunta desde el grupo nacionalista, que el PSOE ya intentó personarse en el procedimiento judicial correspondiente y el Juzgado de Instrucción número 4 lo rechazó expresamente para evitar “intereses espurios, fraudulentos o dilatorios”, citando un auto firme del 21 de noviembre de 2024.
Además, recuerdan que ni el Cabildo, ni el Consorcio del Agua, ni Inalsa pueden reabrir un asunto archivado de forma definitiva por distintas instancias judiciales.
Samuel Martín exige al PSOE una rectificación inmediata y el fin de la campaña de intoxicación política y jurídica. Además, advierte que no permitirán que se utilicen las instituciones públicas para dar veracidad a lo que no es más que una operación de difamación encubierta como moción institucional.
