El grupo conformado por Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-San Borondón (CC-PNC-SB) considera un fraude de ley la decisión del nuevo grupo de gobierno insular de contratar cuatro plazas de directivos eventuales en un ente público dependiente de la primera corporación insular tras la aprobación de la plantilla en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) celebrado el pasado 30 de agosto, con el voto favorable del Gobierno y la abstención cómplice a su juicio del Comité de Empresa, que aseguró públicamente haberse opuesto.
En ese sentido, el portavoz del grupo nacionalista en los CACT, Samuel Martín, quien asegura que en el acuerdo formal no se contempla el carácter eventual al que públicamente se ha referido la presidenta María Dolores Corujo para justificar así su elección a dedo, ha advertido este domingo en nota de prensa que si se producen estos nombramientos en los términos y condiciones anunciados por la presidenta del Cabildo, CC lo denunciará ante la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, ya que se trataría de “un intento de saltarse los límites que establece la Ley de Administraciones Públicas en cuanto al número de cargos de libre designación que, como es sabido, están legalmente limitados”.
Asimismo, los nacionalistas han solicitado la comparecencia en pleno de Corujo para que explique cómo piensa llevar a cabo esos nombramientos.
Samuel Martín ha explicado que “el actual grupo de gobierno intenta utilizar el subterfugio de una empresa pública, como es el caso de la EPEL-CACT, para nombrar cuatro plazas eventuales adicionales en complicidad con el Partido Popular, su socio de gobierno, y con el silencio cómplice del comité de empresa que mintió públicamente al afirmar que había votado en contra de dicha medida, cuando la realidad es que se abstuvieron facilitando así la aprobación de la misma, probablemente a cambio de la promesa de que les pagarían lo que los tribunales finalmente les han prohibido”.
La medida adoptada en el seno del Consejo de Administración de la EPEL-CACT pone de manifiesto por una parte la sumisión del PP ante el PSOE con tal de mantener a su alcaldesa en Arrecife, y por otra la hipocresía tanto del PSOE como del comité de empresa que en numerosas ocasiones durante la pasada legislatura se manifestaron en contra de la contratación de cargos directivos en los CACT y encima presumen de hacerlo por el procedimiento de libre designación.
La aprobación de esta medida es especialmente grave después de que el propio grupo de gobierno haya paralizado un procedimiento de selección interna lesionando los intereses de 47 trabajadores de los CACT, que ahora se encuentran indefensos ante la complicidad del comité de empresa con la nueva dirección de los centros turísticos, pese a la existencia de informes jurídicos que advierten de que dicha paralización puede tener consecuencias legales, incluso de carácter indemnizatorio, en el caso de que finalmente queden anulados dichos procesos selectivos.
