La incertidumbre de un grupo de profesionales de la conducción se mantiene a la espera de que se resuelvan recursos contenciosos administrativos interpuestos contra acuerdos de la Mancomunidad del Taxi, por los que se concedieron licencias para prestar el servicio público en varios municipios de Lanzarote. En un caso particular de Arrecife, dos conductores agotan su paciencia, desde hace cinco años, confiados en que finalmente sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que les conceda la razón anulando tres licencias de las ocho acordadas por la Mancomunidad el 4 de marzo de 2002, pero otros cinco chóferes también pugnan para que un juzgado de Las Palmas revoque la decisión de seis licencias avaladas en 2004 que operan en San Bartolomé. Los recurrentes, a quienes les fueron desestimados sendos recursos de reposición, están convencidos de que la Mancomunidad otorgó las licencias contradiciendo el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, lo que habría restado a sus posibilidades de obtener licencia.
Caso de Arrecife
Los profesionales que recurrieron el acuerdo de las licencias capitalinas aquí citadas esgrimen la violación de dos preceptos fundamentales de la normativa. Se refieren a que podrán solicitar licencias los conductores asalariados de los titulares de licencias de las clases A y B que presten el servicio con plena y exclusiva dedicación en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de conductor expedido por el ente creador de las licencias y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social. Además, el texto legal dice que toda persona titular de licencia tendrá la obligación de de explotarla personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados en posesión del permiso local de conductor y afiliación a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión. Por tanto, subraya la demanda, en el caso de dos de los adjudicatarios de licencias se estarían infringiendo ambos preceptos, toda vez que del examen de la documentación acreditativa de su antigüedad aportada al expediente, en concreto, sus respectivas certificaciones de la Seguridad Social e informes de Vida Laboral, se desprende que parte de los periodos de antigüedad computados a ambos para otorgar los permisos se refieren a contratos de media jornada o a tiempo parcial, es decir, durante dichos periodos los beneficiarios no estuvieron afiliados a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación, por lo que con independencia de la duración temporal de los contratos, el computarse tales periodos como si de jornada completa se tratara contradice la ley. En la capital operan 122 licencias, de las cuales 120 corresponden a auto - taxis y dos a los llamados vehículos accesibles, preparados para facilitar el viaje a los discapacitados.
La antigüedad, decisiva
La denuncia además pone en duda otra de las licencias concedidas en Arrecife, en 2002, recordando que todas deben otorgarse por rigurosa y continuada antigüedad. La continuidad quedará interrumpida cuando voluntariamente se abandone la profesión de conductor asalariado por plazo igual o superior a seis meses. Los recurrentes expresan que una de ellas habría conculcado esta obligación porque transcurrieron más de seis meses desde que uno de los adjudicatarios abandonó voluntariamente la profesión desde que extinguió su prestación por desempleo (19/07/96) hasta que comenzó de nuevo a cotizar como trabajador asalariado del taxi (11/03/97). Los taxistas que se sienten afectados suplican al TSJC que considere sus argumentos para anular las licencias que supuestamente se otorgaron violando el Reglamento establecido para su concesión. El recurso pide también que se concedan las ocho licencias, que hacen parte del total del acuerdo antes nombrado, a los peticionarios por estricto orden de antigüedad. En el documento están detallados los nombres y el tiempo exacto de servicio.
Interrogantes en San Bartolomé
De otra parte, cinco chóferes emprendieron un proceso contencioso administrativo contra la iniciación de un expediente de creación de seis licencias en el municipio de San Bartolomé, acordado por la Mancomunidad del Taxi en el año 2004, argumentado razones de antigüedad. Los recurrentes confían en que ambos procesos terminen pronto con resultados satisfactorios para sus intereses.
