El denunciante de los promotores del caso 'La Bufona', Gonzalo Murillo, ha realizado una réplica a las declaraciones hechas hace unos días en Crónicas Radio-Cope Lanzarote por la presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, a su vez dueña de una de estas viviendas, quien afirmó en el programa "A buena hora" que le constaba que la familia de Gonzalo Murillo ofreció hace años retirar el pleito del polémico plan parcial de la capital lanzaroteña si cada propietario aportaba 12.000 euros.
Murillo ha contestado en este sentido las declaraciones de Ástrid Pérez y ha negado que pidiera 12.000 euros a cada propietario de La Bufona a cambio de retirar dicha demanda.
Según explica en el documento de réplica enviado a este diario, donde se reprodujeron las manifestaciones efectuadas en la emisora, "son absolutamente falsas las declaraciones de Ástrid Pérez, dado que es imposible que pudiera ofrecer la retirada de la demanda que ha causado el pleito judicial que se celebra estos días en el Juzgado Penal número 3 de Arrecife, puesto que la misma no es directamente consecuencia de un procedimiento iniciado por mi familia ni por mí, sino por la denuncia promovida ante los Juzgados de Instrucción de Arrecife por un Cuerpo de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, concretamente por su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)".
"Jamás he chantajeado a nadie, y en absoluto se ha extorsionado a los propietarios de la Urbanización de La Bufona, así como tampoco lo ha hecho ningún miembro de mi familia", sostiene.
Por el contrario, apunta que desde el año 2000 "se informó a varios propietarios de viviendas en la Urbanización de La Bufona, que parte del suelo donde la promotora Brisa Inversiones había edificado las casas era propiedad de la familia Murillo".
Considera que "efectivamente la anterior afirmación fue confirmada por la Sra. Fé Fábregas, una de las propietarias que compareció en calidad de testigo en la sesión del juicio celebrada el lunes 16 de noviembre, y corroborada el martes 17 de noviembre por los también propietarios el Sr. Campón Montero y el Sr. Pallarés Rodríguez".
En esta línea, recuerda que es firme la orden de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural "de restablecimiento de la realidad física alterada, que obliga", según asegura en su escrito, a la Sra. Astrid Pérez a demoler las obras que ejecutó en Suelo Rústico de Protección y de Valor Natural Ecológico". "Por lo que la Presidenta del Partido Popular en Lanzarote deberá demoler la piscina de unos 31 m2, la edificación de unos 55 m2, la ampliación de su vivienda de unos 11,50 m2 y la pavimentación del patio trasero de unos 43 m2. Y no consta de forma fehaciente que se haya ejecutado de forma voluntaria la citada orden de demolición, que se emitió hace años", añade.
Murillo entiende que en el plenario del juicio sobre la Urbanización La Bufona, que se celebra estos días en el Juzgado Penal número 3 de Arrecife, el otro propietario de la vivienda declaró como testigo que él, junto con la madre de sus hijos, fueron quienes realizaron las obras de ampliación en su vivienda; que, de acuerdo con lo instruido y resuelto por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se materializó sobre Suelo Rústico de Protección y de Valor Natural Ecológico.
Murillo denuncia además que la presidenta del Partido Popular en Lanzarote ha declarado en los medios de comunicación que ella no ha edificado las ampliaciones en la trasera de su vivienda y que su vivienda es hoy exactamente igual a como se la entregó la promotora Brisa Inversiones en el año 2000.
